Da cinco días a las partes para alegar la posible responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada
Las pruebas periciales de la Policía confirman la “alta probabilidad de veracidad” de las acusaciones
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el “caso Romanones” ha aceptado la petición del abogado de “Daniel”, víctima de abusos sexuales, y solicitará a la Santa Sede “copia íntegra de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados” respecto a los doce imputados en el caso. A su vez, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que aleguen antes de determinar las posibles responsabilidades civiles subsidiarias de la diócesis y de su titular, Javier Martínez.
En una providencia dictada este domingo, el juez Moreno también solicitará a la Conferencia Episcopal los protocolos de actuación (ya publicados en la web de la CEE después de que lo hiciera en exclusiva RD) y al Arzobispado de Granada “que certifique o informe si consta en ese Arzobispado que las referidas personas hubiesen solicitado a ese Arzobispado el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años”.
El auto confirma, prácticamente punto por punto, las peticiones de la acusación, y solicitará, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, para que, a través del Ministerio de Exteriores, “se haga llegar a la Nunciatura Apostólica en Madrid, con el fin de que, en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, la Santa Sede Apostólica (Congregación para la Doctrina de la Fe), remita a este Juzgado la anterior documentación.
A su vez, se estimará la posibilidad -que apuntaba el escrito del abogado Jorge Aguilera- de una petición similar acerca de los años de ministerio sacerdotal del padre Román M. en Italia (diócesis de Roma y Frascati), Argentina (O’Higgins y Archidiócesis de Buenos Aires) y Bélgica.
Del mismo modo, se requerirá “mediante remisión de atento oficio”, a la Conferencia Episcopal, una copia del “Protocolo de Actuación según la Legislación del Estado” que el pasado jueves por la noche, tras su publicación en RD, la web del Episcopado decidió hacer pública tras casi cinco años de aprobación reservada.
Finalmente, la disposición del juez acepta la petición de la acusación en la que solicitaba “que se requiera al arzobispo de Granada, Mons. Francisco Javier Martínez, con los apercibimientos que sean de rigor, visto el reiterado incumplimiento por el mismo de lo ordenado al respecto en reiteradas Resoluciones judiciales, para que remita a ese Juzgado “copia íntegra de las actuaciones canónicas v de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados en el presente procedimiento, que consten en sus archivos o que hayan sido enviadas a ese Arzobispado de Granada, así como de quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir respecto de los 10 sacerdotes denunciados desde que fueron ordenados sacerdotes”.
A su vez, reclama que certifique si consta en la diócesis que dichas personas “hubiesen solicitado a ese Arzobispado el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años y, en su caso, si constan en ese Arzobispado quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha Asociación o fraternidad de facto y, en su caso, las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la Asociación de hecho compuesta por los sacerdotes citados como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo, con expresión de las visitas pastorales y otro tipo de reuniones mantenidas por el Sr. Arzobispo desde que tomó posesión de la archidiócesis (1 de junio de 2033) y hasta la fecha con el referido grupo o asociación de sacerdotes”.
Por otro lado, ya se conoce el resultado de las pruebas periciales que la Policía Judicial realizó, el pasado mes de enero, a la víctima. Según el informe, el testimonio de “Daniel” resulta “honesto y veraz” y del mismo se deduce una “alta probabilidad de veracidad” tanto de los hechos denunciados como de las personas denunciadas, tanto en grado de comisión como en lo referente a los encubridores.
