Representantes de las entidades que aglutinan diferentes comunidades de musulmanes, especialmente la Comisión Islámica Española, interlocutora oficial con el Ministerio de Justicia, además de aprovechar para incrementar el número de musulmanes en España (el CIS sitúa en torno a algo más de un millón los practicantes de otras religiones no católicas), aprovechan la actual situación para reclamar la extensión de los actuales privilegios de la Iglesia católica, para que en vez de eliminarse, se extienda al islam (enseñanza, financiación vía IRPF, asistencia religiosa) y mejoras laborales o formación de imanes en Universidades, hace unos días desmentida por la Universidad de Zaragoza, pero hoy confirmado por el Ministerio de Justicia, aunque sin especificar en las Universidades que se daría esa formación. Si ayer en Barcelona había quienes utilizaban la mainistación para otros fines, las comunidades islámicas también están tratando de conseguir beneficios del terrorismo islamista.
La Comisión Islámica Española (CIE) ha contabilizado más de 300 pintadas y otras agresiones islamófobas tras el atentado en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. «Aquí mismo (frente a la Mezquita central de Tetuán) vi cómo dos muchachos, creo que ecuatorianos, agredieron ayer verbalmente a una musulmana. Me sorprendió mucho que los agresores del otro día fueran de otra nacionalidad y de condición emigrante», denuncia a este diario Riay Tatary, presidente de la CIE y principal interlocutor con el Gobierno. Nacido en Damasco pero nacionalizado español tras llegar al país hace 50 años, Tatary cree que una parte de la sociedad culpa a los musulmanes de ser laxos con el yihadismo, aunque confía en la tolerancia del pueblo español después de gestos como el abrazo entre el padre del niño fallecido en La Rambla y el imán del municipio catalán de Rubí. «Llevo años luchando contra el mensaje de “nosotros y vosotros”. Y los musulmanes son doblemente afectados. Tenemos que estar unidos», asevera.
Desde censos de imanes hasta que el Estado promueva la formación de clérigos en nuestro país, las distintas federaciones de musulmanes en España han hecho públicas sus demandas para reformar el «islam español» y de paso mostrarse firmes contra el terrorismo yihadista. «No queremos ser una confesión privilegiada, sino que se nos trate como a la confesión católica, que por el IRPF tiene su presupuesto y financiación propia. Cuando tengamos eso podremos elegirlos y controlarlos (a los clérigos en las mezquitas españolas). «El Gobierno español ha invertido cero euros en las mezquitas pero cuando ocurre alguna desgracia se mira a los imanes. Y al final quien paga, manda», subraya el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), Mounir Benjelloun, de origen marroquí y que hasta la elección de Tatary como interlocutor con el Gobierno formaba parte de la secretaría bicéfala de la Comisión Islámica. «El de Ripoll no era imán, fue un intruso en la materia que ha sido hábil y se ha entrenado bien. Ha engañado a una comunidad recién creada», insiste Tatary.
Fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a ABC que se está trabajando junto a la CIE y algunas universidades españolas para establecer, durante el próximo curso académico 2017–2018, formación específica dirigida a imanes que quieran prestar su asistencia religiosa en centros de enseñanza, instalaciones militares, prisiones u hospitales. «Una parte del temario sería religioso y se encargaría la CIE, mientras que la otra estaría relacionada con el conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales», apuntan. En 2015, el Gobierno ya aprobó un real decreto para introducir mejoras en el Registro de Entidades Religiosas como la posibilidad de que las diferentes confesiones puedan dar de alta a los «ministros de culto» (sacerdotes, imanes…) que «ostenten residencia legal en España» y «estén habilitados para realizar actos religiosos con efectos civiles» por un periodo de dos años, lo que dejaría al margen a un importante número de imanes o sacerdotes. «Por la propia naturaleza de nuestro Estado, éste no puede intervenir en la vida interna de las comunidades religiosas, no puede impartir la formación de los ministros de culto», comenta un experto en Derecho de las Religiones que ha preferido mantener el anonimato ante la delicadeza de la cuestión.
Desde hace años el profesor de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y especialista del islam en España, Jordi Moreras, incide en la precariedad laboral de los imanes: «Son personas que tienen una profesión y trabajan sin contrato, recibiendo una remuneración muy por debajo de un sueldo normal y corriente, no digo de un párroco, sino de alguien que lleve a cabo una función social». Pese a la falta de unidad entre las organizaciones musulmanas, tanto Tatary como Benjelloun coinciden en una solución para la precariedad que pase por fijar una casilla en la declaración de la renta y en una modificación estatutaria en lo referido a asuntos económicos. «El ministro (Rafael Catalá, de Justicia) nos prometió regular la parte del Acuerdo de Cooperación para tener acceso a ello, un convenio con el Ministerio de Economía para el IRPF», aclara el presidente de CIE, quien cree que se debe mejorar la condiciones de los imanes españoles para poder desgravar impuestos, tener derecho al paro y a la jubilación. «Lo que queremos es desarrollar la ley», sentencia Tatari. Sin embargo, de un total de dos millones de musulmanes en España, según críticos a la propuesta, son pocos los contribuyentes que se beneficiarían de esa hipotética casilla de la declaración de la renta.
En España hay al menos 14 mezquitas de nueva planta -como la Mezquita Central de Tetuán o la de la M-30- y unas 1.600 asociaciones o entidades musulmanas registradas ante el Ministerio de Justicia, algunas de las cuales podrían ser mezquitas más pequeñas, según datos recopilados por la CIE. «Hay que encontrar un mecanismo para orientar el mensaje de los imanes», admite Benjelloun, quien incide en que no debe tratarse de «controlar a los imanes», sino de explicar la realidad social y política de España. «No lo hacen con mala intención, es desconocimiento», concreta. Para Moreras, la clave no se encuentra tanto en la figura del imán sino en las comunidades que eligen a estos imanes, o incluso terceros países que se ocupan de la financiación de comunidades islámicas en España. «Lo importante es conocer la realidad y las necesidades de atención religiosa de estas comunidades», señala.
En el último año, la CIE ha organizado varios cursos de formación en islam para unas 160 personas: «Participan siempre autoridades de la zona que explican la libertad religiosa, el papel que pueden hacer los musulmanes aquí, etcétera», declara Tatary. Para él, esta formación se orienta a musulmanes españoles o radicados en España, descartando a los musulmanes «de paso» que acuden al país en tiempos de Ramadán. «Estamos trabajando para el futuro de las nuevas generaciones de España. No para el que viene de paso, sino para los que viven aquí», afirma. Para Moreras, en cambio, se tiene que desarrollar la formación en religiones de los menores: «No podemos estar más años sin que haya educación religiosa en las escuelas. No soy militante de nada, solo soy padre».
Países como Alemania (con un 5,5% de población musulmana) han cedido la gestión de buena parte de sus mezquitas a Turquía a través de la asociación Ditib. Pero en medio de la crisis entre Berlín y Ankara de los últimos meses el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, denunció en marzo una supuesta falta de independencia de los imanes que además ejercían como espias del Gobierno turco. Egipto y especialmente Arabia Saudí y Marruecos, apunta el presidente de Feeri, envían cada año imanes para Ramadán y emiten fatuas penalizadas en España, que en sus países sí están permitidas. Benjelloun sostiene que «ya no hay jóvenes en las mezquitas porque el mensaje está en árabe y solo entienden español. Acuden a internet y ahí se les atrapa y engancha». Del total de musulmanes en España, el 42% son ya nacidos o nacionalizados españoles. Arabia Saudí y Marruecos tienen sus ojos sobre el islam en España. «No puedes subcontratar a ningún país musulmán para arreglar la cuestión del islam -concluye Moreras- porque es una manera clara de que las comunidades estén más pendientes de lo que diga el rey de ese país que las Cortes españolas».
