«La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decidión de la mujer para determinar su propia vida, su intimid
La vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda, una de las dos ponentes designadas para informar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada recomienda en su informe definitivo retirar la iniciativa "en pura oportunidad y prudencia jurídica y política" en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso aún pendiente contra la legislación en vigor.
Así se señala en el informe que Sepúlveda ha hecho llegar este martes al resto de vocales del órgano de gobierno de los jueces, en el que señala que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una interpretación estática" de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido por el tribunal de garantías en la sentencia de 1985.
Esta interpretación es, según Sepúlveda, incluso "involucionada" respecto a dicha jurisprudencia, al no contemplar el supuesto de la indicación eugenésica. En este sentido, considera que contempla "un régimen aún más restrictivo" que el anterior a la ley actual al prohibir el aborto en caso de graves anomalías, "cuya constitucionalidad fue expresamente avalada" por el Alto Tribunal.
Para la vocal progresista, se trata de "la imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación y la dignidad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido" y que "no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida".
En su opinión, "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido" porque "no existe". "La ley vigente goza de un amplio respaldo y aceptación por parte de la ciudadanía (…) y el anuncio de la presentación y aprobación del Anteproyecto por el Consejo de Ministros ha creado un clima de alarma social", explica en las consideraciones previas.
La jurista también opina sobre la pretensión del Gobierno de reducir el número de abortos con esta nueva ley y concluye que "la experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985 había llevado a España a una indeseable situación de aborto libre, cuando no arbitrario, en el que junto a un incremento notabilísimo de abortos ilegales, seguían practicándose otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario".
"La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decidión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de la maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa y entendiendo la cuestión desde una perspectiva más amplia", expone.
Asimismo, se pronuncia sobre el informe de impacto de género 'positivo' que acompaña al anteproyecto, dice que es "complaciente" y "rotunda y terminantemente engañoso", pues "cabe deducir que su aprobación y aplicación generará resultados perniciosos en el ámbito del principio de igualdad" porque contempla a la mujer "como mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida".
En cuanto a la forma, la jurista define el anteproyecto como "impreciso, vago e indeterminado", en especial en la redacción de los supuestos despenalizados, con conceptos que "merman la certeza y seguridad jurídica de la norma y dificultan la labor del intérprete y aplicador de la ley".
La jurista envía ahora su informe al órgano de gobierno de los jueces que deberán recibir uno más, el de la vocal conservadora Carmen Llombart, a quien también se ha encargado un trabajo sobre el anteproyecto. El CGPJ deliberará sobre ambos estudios y decidirá cuál es su posición oficial, que transmitirá al Gobierno como órgano consultivo del Estado.
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