Comunicado de la Comisión de Laicidad de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid
La reciente publicación en el BOE de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 (PGE), permite comprobar que el Estado adjudica a la Iglesia Católica(IC en adelante) una cantidad mensual de 13.266.216,12 € a cuenta del total que los ciudadanos/as propongan al marcar con X la casilla correspondiente de la declaración de la renta.
Podemos comprobar que si dividimos esa cantidad entre el número de habitantes que tiene España, tocamos a 287 € mensuales. Da lo mismo que sea hombre o mujer, que sea pobre o rico, nativo o inmigrante, que tenga trabajo o esté parado, que viva en un barrio pobre o residencial, sea niño, adulto o anciano, es decir, sea cual sea su condición de ciudadano/a, tendrá que abonar a la IC 287 € cada mes. Y tenemos que dar esa cantidad a la IC sin nuestro consentimiento, seamos católicos o no, tengamos las convicciones que tengamos, por el solo hecho de formar parte de la población española. Estamos ante un “impuesto obligatorio de carácter religioso”. Cabe recordar aquí que cada año el Estado, de forma directa o mediante subvenciones y exenciones fiscales, aporta más de11.000 M €.ala IC.
El hecho resulta especialmente llamativo en el contexto de pobreza en que vive gran parte de la sociedad española. Ni el Estado ni la IC parecen tener en cuenta los escasos ingresos mensuales de la población trabajadora, que con un salario mensual medio de 623 € tiene que mantener a la familia. En España hay 13.090.290 de personas excluidas ( INE). Tampoco tienen en cuenta a los más de 5 millones de parados, ni a ese millón largo de parados de larga duración que solo durante 6 meses van a recibir un subsidio mensual de 426 €. Con esos 13.266 millones de € al mes se podría duplicar, y triplicar bien la cuantía de ese mísero subsidio, bien el número de afectados, bien el tiempo de disfrute de esa ayuda.
Esos 287 € no se les cobrará directamente, pero sí se les detraerá por medio de impuestos indirectos a través del IVA, de alquileres altos de las viviendas, de la subida del recibo de la luz, del gas, de los alimentos, de la ropa de los niños, de las tasas de institutos, colegios y universidades, de los libros y material escolar, o de la escandalosa reducción de servicios públicos básicos a los que tiene derecho (sanidad, transportes, educación, agua… etc.)
La Comisión de Laicidad llama la atención una vez más, ante estos privilegios de la IC. Se trata de 3.444 € al año que cada españolito entrega a la IC en virtud de unos Acuerdos antidemocráticos pactados entre los altos poderes del Estado preconstitucional y la IC. En efecto, a pesar de que la Constitución Española reconoce el carácter aconfesional del Estado, los Acuerdos firmados en 1976-79 con el Vaticano condicionan numerosos aspectos jurídicos, económicos, educativos y culturales de nuestra realidad. Esos Acuerdos, desconocidos para buena parte de la sociedad española, son la continuación del Concordato iniciado en el año 1956, durante la dictadura franquista, y renovado entre 1976 y 1979. En uno de ellos se viene a decir que el Estado tiene que mantener a la IC.
Tales privilegios desvelan tan nítidamente el talante antisocial del Estado y de la IC, que no podemos dejar de seguir denunciando: Como cristianos, porque ese comportamiento de la Jerarquíade la IC es contrario al Evangelio de Jesús; porque es una iglesia que pasa de largo negándose a compartir sus bienes con los más necesitados; una Iglesia insolidaria con la población excluida que tiene que acudir a Cáritas o a los comedores sociales para alimentarse cada día. Como ciudadanos que aspiramos a reinventar nuestra paupérrima democracia, porque el Estado, al mantener interesadamente el actual estatus, viola la Constitución y desprecia el principio de igualdad que debe reinar en toda sociedad libre y plural. En ésta (la) nueva sociedad que tantos queremos construir es cada día más evidente la necesidad del laicismo capaz de eliminar estos rancios e injustos privilegios. Y centrándonos en el Cristianismo, sólo cabe imaginar un futuro con una Iglesia mucho más pobre, humilde y solidaria.
Comisión de Laicidad de Cristianas y cristianos de base de Madrid, Enero, 2015
