El ILEC contra la paralización de un aborto por violación en Argentina

Denuncia el integrismo católico tanto de la jueza como del Jefe de Gobierno de Buenos Aires que vetó la ley sobre el aborto.

La reciente medida cautelar ordenada por la jueza nacional de primera instancia en lo Civil Dra. Myriam Rustan de Estrada ordenando la suspensión del aborto programado en el hospital Ramos Mejía para una mujer víctima de una violación que requería la mencionada intervención quirúrgica –la cual se encuadra en los protocolos vigentes y el marco protectorio del reciente y ejemplar fallo de la Corte Suprema de Justicia- ha derivado en una sucesión de penosos hechos que, de no mediar acciones correctivas urgentes,  tendrán nefastas consecuencias para la sociedad toda.

La reacción integrista ha vuelto a abusar de los recursos que las  instituciones de la república ponen a disposición de todos los hombres y las mujeres del país para obtener justicia, pretendiendo convertirse –con la aquiescente complicidad de ciertos representantes del Poder Judicial de la Nación- en tutores de la conciencia de cada uno de los argentinos.

Es por eso que desde el INSTITUTO LAICO DE ESTUDIOS CONTEMPORANEOS creemos necesario señalar y declarar lo siguiente:

·         Que rechazamos in totum el veto del Jefe de Gobierno de la Ciudad al texto legal aprobado por la Legislatura de la Ciudad, bajo el pretexto de que la norma excede los lineamientos legales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

·         Que exigimos que la Ley sobre aborto no punible sea promulgada y puesta en vigor conforme el texto sancionado por la Legislatura de la Ciudad.

·         Que de la censurable acción de veto legislativo anunciado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri se ha derivado la extemporánea y poco feliz medida cautelar dicta por la jueza Myriam Rustan de Estrada.

·         Que la jueza Rustan (finalmente apartada de la causa por la Cámara Civil) y el jefe de gobierno deberán responder ante las instancias correspondientes acerca del mal desempeño obrado en la cuestión planteada.

·         Que acompañamos la labor que a contrarreloj está llevando a cabo el juez Miguel Güiraldes con miras a dejar sin efecto la medida cautelar y autorizar finalmente el aborto en un centro asistencial público, conforme a la voluntad expresa de la mujer sometida primero a trata de personas y, consecuencia de ello, violada.

·         Que la medida judicial ordenada por la jueza Rustan de Estrada nos pone en un marcado estado de alerta respecto de la “excesiva autonomía” con que ciertos miembros del poder judicial producen sentencias cuando se enfrentan a casos vinculados con el aborto no punible o la violencia de género. En este sentido la conducta adoptada por la jueza Rustan de Estrada se agrega a la penosa intervención del Juez pampeano Carlos Flores en el caso de Carla Figueroa, que terminó con su trágico asesinato.

·         Que rechazamos las recurrentes maniobras judiciales de convertir en tercero interesado a asociaciones civiles (tal el caso de la asociación Pro Familia) en temas que pertenecen exclusivamente a la esfera íntima de las personas.

·         Que ningún principio filosófico, religioso o moral esgrimido por una asociación civil puede tener jamás preeminencia jurídica, ni ser aceptado por los magistrados como argumento que lesione aún más el derecho de las propias víctimas, que recurren a las instituciones de Justicia en una desesperada búsqueda de acción reparadora, conforme lo garantizan nuestra leyes fundamentales a todos sus habitantes.

·         Que resulta lesivo y vergonzoso a la vida política de la república que ciertos magistrados, mediante fallos viciados de prejuicio y dogmatismo,  sigan avasallando e ignorando el clamor de miles de personas que demandan de sus instituciones de Justicia una legítima reparación a sus integridades trágicamente vulneradas, en especial cuando se trata de casos extremos como la interrupción de un embarazo no deseado como producto de la trata de personas o de una violación; de la muerte violenta de mujeres a las que previamente la propia Justicia -a través de peregrinas interpretaciones legales- ha colocado en situación de desprotección; o bien como en los casos de solicitud de muerte digna, cuando la moralina legal de ciertos grupos –que, aunque minúsculos, son muy activos- prolonga la dolorosa e innecesaria agonía de miles de enfermos terminales, negándoles el derecho a morir conforme su personal sentido de la dignidad lo reclama.

·         Que exhortamos a los miembros del Poder Judicial que tienen en sus manos la resolución de situaciones enmarcadas en las características mencionadas a que dicten justicia conforme a la ley, prescindiendo de interpretaciones dogmáticas y prejuiciosas y de la objeción de conciencia, que constituye la forma más usual y cobarde  de huida a la que suele echarse mano para evitar cumplir con el deber superior de impartir justicia con arreglo al buen derecho.

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