La víspera de la llegada del peregrino de la fe -el Papa Benedicto XVI-, a Santiago de Compostela, el Gobierno español guardó celosamente en el doble fondo del cajón de su mesa su proyecto para una virtual Ley de Libertad Religiosa. Allí reposará hasta el fin de los tiempos. Ha sido la muestra más categórica y definitiva de su cortesía para con la visita del ilustre representante del catolicismo global, de cuya franquicia (ideológica) es titular la Conferencia Episcopal española. Una franquicia que parece ser interactiva: la Santa Sede envía a su divino titular, y la derecha católica española recupera energías místicas en pleno período de estado de gracia preelectoral, mientras que la CEE le facilita al enviado los argumentos principales para que construya sus discursos apologéticos.
Dicho esto -por supuesto con humildad y respeto hacia quienes protagonizan la inteligencia católica, apostólica y romana-, a mí no me sorprende que el Papa Benedicto XVI haya cargado duramente, en esta tierra de misión, contra el laicismo, el anticlericalismo y el secularismo agresivo porque -según le contaron a él- son pecados idénticos a los que, en los años 30 del siglo pasado, orquestó la Segunda República Española con la intención de cargarse a la Iglesia católica. Sus numerosos fans aseguran que el que fuera el cardenal Ratzinger ( antes de suceder a Juan Pablo II en la cátedra de Pedro) es un intelectual de una talla inmensa, sorprendente para estos tiempos de ignorancia universal. ¿Han engañado, sus informadores, al intelectual de El Vaticano? No lo sé. Pero, quizá, lo que no le contaron de ese laicismo español -tan dañino para la pedagogía católica social- es que no se inició con la proclamación de la República del 14 de abril de 1931, sino muchos años antes.
Por lo menos, empezó a florecer con la primera Restauración Borbónica. Siglo XIX. Fue una reacción contra quienes defendían la necesidad de que fuera la Iglesia, bajo la dirección de los obispos, quien determinara la política social española. El laicismo brotó con fuerza. Era el tiempo en el que la Iglesia -decididamente opuesta a aceptar que la modernidad sustituyera las viejas costumbres y hábitos sociales por otros, incluso más civilizados, planteaba la necesidad imperiosa de establecer una fuerte alianza entre el trono y el altar. En el fondo -pero, a veces, también en la superficie- aquella propuesta aún la mantiene, tácitamente, la CEE.
Entonces, las camarillas que se habían comprometido a lograr la alianza se enzarzaron en un tremendo guirigay clerical, con lo cual, fue necesario organizar aquellos ruidosos grupos como si fueran un partido. Nació la Unión Católica, presidida por el Cardenal Primado con la bendición del Papa León XIII. Uno de sus líderes más destacados fue Alejando Pidal y Mon, de quien decía Cánovas que comía más que siete -y no quiere tomarse el trabajo de mascarlo si quiera- para denunciar su afán de tenerlo todo bajo su control. A Pidal lo habían expulsado los Nocedal de su entorno, con lo cual, el virrey del gran cacicato de Asturias se fue a refugiar bajo el paraguas de Cánovas, a pesar de que habían sido enconados adversarios el uno para el otro.
A la Iglesia, en aquella época, le interesaba mucho hacerse con el monopolio de la enseñanza libre – “donde los maestros sustituyen a los curas”, se lamentaban los integristas católicos-, pero, además, quería que la enseñanza del estado (en precarias condiciones económicas) fuera siempre católica. En ese afán estaban cuando, de pronto, aparece la Institución Libre de Enseñanza. ¡Socorro! A sus Consejos pedagógicos, la Iglesia opone los Congresos Católicos, lo cual quiere decir que a “la política del diablo”, el clero le cierra el paso con “la política de Dios”. Pero lo que de verdad le interesa al clero -y al clericalismo- no es salvar la enseñanza, sino garantizarse su férreo monopolio. No es la pedagogía lo que le importa, sino el control de la educación. Esta es su eterna tentación. Y este es el debate interno entre la derecha católica integrista y la izquierda laica. Pero esta pugna no la creo la República de 1931, sino que se fraguó algo así como tres cuartos de siglo antes.
Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué esa instancia (irritante, provocadora y cínica) en responsabilizar del problema a la malograda República Española, en acusarla de provocar todos los males de España, incluidos los de esta época actual, cuyo origen no está en lo sucedido el 14 de abril de 1931, sino en la metamorfosis de la Dictadura del Movimiento Nacional (1939-1975)? Este es un Estado que, en gran parte, es una consecuencia del Estado del 18 de julio de 1936. Por lo tanto de una (llamada) Transición tatuada con algunos de los vicios de aquel régimen. Entre otros, el de ser mucho más católico que el Estado del bipartidismo de la Primera Restauración. Un tiempo en el que la alianza del Trono con el Altar sigue tan vigente como entonces. Y para seguir, si la Ley de Libertad Religiosa sigue encerrada en el doble fondo cajón del Presidente del Gobierno.
E l problema es que a la CEE, cada vez que ojea la historia de España contada desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando llega a las páginas de la Segunda República, le entra el hipo y pierde el sentido del relato. El mismo hipo que le entró, al parecer, al intelectual de la Santa Sede.
