INTRODUCCIÓN
La idea de escribir este libro surgió a raíz del curso de verano «Clericalismo y anticlericalismo o catolicismo versus secularización en España, 1898-1936», codirigido por Feliciano Montero García y Julio de la Cueva Merino en la Universidad de Alcalá de Henares. En su última sesión, celebrada en el emblemático día del 14 de julio (aniversario de la toma de la Bastilla) de 2005 participé en una mesa redonda sobre «La política secularizadora de la Segunda República y la reacción católica» junto al jesuita Alfredo Verdoy, el politólogo Manuel Álvarez Tardío y las historiadoras Ángeles Egido y Pilar Salomón. El debate, que no ha sido publicado en el libro aparecido recientemente con el título La secularización conflictiva (1), fue intenso y polémico (2), como no podía ser de otra forma. Pero extraje tres conclusiones. La primera es que se conoce muy bien la llamada «cuestión religiosa» durante los años treinta -en especial los discursos, las medidas legales, el anticlericalismo y las relaciones de poder-, es decir una historia «desde arriba» del conflicto entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, se sabe bastante menos de la aplicación real de las medidas laicistas, de la actuación de los poderes locales y los mecanismos de la acción colectiva «desde abajo» (3). Por otra parte, se han estudiado muy bien determinados territorios en momentos concretos, normalmente los casos más extremos (Andalucía en el primer bienio, Cataluña en 1936, el anticlericalismo aragonés, etcétera) pero no se han contrastado las diferentes realidades territoriales suficientemente. La última conclusión es que no se ha transitado por este tema partiendo de un lenguaje común, de manera que, en ocasiones, se puede negar lo obvio, en otras sobredimensionar o abusar de generalizaciones y, en todos los casos, sembrar la confusión.
La verdad es que este tema me ha apasionado siempre, y por eso lo he tratado en diversos cursos de doctorado y dedicado parte de mi que- hacer investigador (4). Pero fue el panorama que presentó Pilar Salomón en el citado foro alcalaíno, sobre la pugna entre clericalismo y anticlericalismo en Aragón, tan diferente al que yo había investigado para el caso de Cuenca, con muchas menos tensiones en este último caso, lo que me acabó decidiendo a tratar el conflicto político-religioso de los años treinta desde una perspectiva multidisciplinar y territorializada, que completara los habituales enfoques de relaciones Iglesia-Estado con las aportaciones de la historia sociocultural, conceptual y local. Por consiguiente, el presente ensayo concede más protagonismo a lo micro, a lo cotidiano, a la «gente común» y a las diversidades territoriales, aunque sin perder el con- texto político, social, económico y cultural en que se inserta uno de los problemas más delicados y capitales de nuestra historia contemporánea.
La primera parte del libro entronca con la historia de los conceptos(5) -que se retoma, en parte, en el epílogo- y otorga un papel central a la evo- lución del discurso historiográfico en donde, además de un estado de la cuestión, se sugieren aportaciones propias. Su capítulo primero analiza la evolución del discurso historiográfico y memorialista sobre la República y la Guerra Civil, la incidencia del revisionismo en este período y, en particular, en la cuestión religiosa, sin soslayar otros debates más generales sobre las dimensiones de conceptos como «fracaso» o «memoria histórica». El siguiente capítulo propone el uso riguroso del lenguaje para poder definir de manera correcta, por ejemplo, si Azaña era laicista o anticlerical, o ambas cosas, o si se puede mantener el término «descristianización» cuando las ciencias sociales hablan de «laicización» y «secularización»; por otro lado, nos permite entrar en el debate sobre la «laicidad», iniciado al otro lado de los Pirineos, con el fin de interpretar mejor el modelo español y compararlo con el francés y el norteamericano.
Como quiera que anticlericalismo y clericalismo se retroalimentaron históricamente, en una pugna muy compleja, con variantes locales y fases diferentes, se primará en la segunda parte de este ensayo la historia factual. El tercer capítulo (primero de esta segunda parte) resume la «cuestión religiosa» durante la Segunda República, en una sucesión cronológica que ofrece un calendario suficientemente aclaratorio e interrelacionado entre la política laicista y la reacción católica; de ahí que para titular este libro haya preferido usar la expresión «frente a frente» en lugar de la preposición «contra». Por eso he descartado el título más comercial de «El gorro frigio frente a la mitra». Porque no se trata de la agresión de un poder, el civil, contra otro, el religioso, ni de unas instituciones políticas contra las eclesiásticas, sino una confrontación de amplio calado, con raíces culturales, dirimida en ámbitos y responsabilidades diversas, cuyo análisis, pese a centrarse en la compleja coyuntura de los años treinta, no puede perder de vista ni sus antecedentes ni su desenlace. Es en el capítulo siguiente en el que entramos directamente en la perspectiva territorial, con el fin de matizar los estereotipos simplistas que se despachan en temas tan poliédricos como el que nos ocupa; para ello, se analizan y confrontan las diferentes publicaciones que han estudiado, con mayor o menor rigor o profundidad, el conflicto político-religioso desde un ámbito más regional o local.
Conjugar lo teórico y lo empírico, desde el rigor que requiere una ciencia como la Historia y contando con el auxilio de instrumentos metodológicos y aportaciones teóricas tomados de otras ciencias sociales (en especial la Psicología Social, la Sociología de la Comunicación, la Antropología Cultural, y, por supuesto, la Sociología y la Ciencia Política) es la principal contribución de un trabajo que se enmarca en un proyecto de investigación(6) interdisciplinar, dirigido por Feliciano Montero García («Catolicismo versus secularización. La confrontación de los años treinta»), en el que colaboran profesores de las universidades de Alcalá de Henares, Castilla-La Mancha, Sevilla, Granada, Islas Baleares, UNED y Paris IV-Sorbonne. Aunque, como es lógico, el texto es responsabilidad individual y únicamente achacable al autor, algunas de las ideas aquí vertidas son fruto de discusiones mantenidas en sesiones colectivas y seminarios por sus miembros durante los últimos años.
De paso, pretendo participar, en la medida de lo posible, en un deba-te más general, en torno al legado republicano. Aún está reciente la polémica suscitada con motivo del septuagésimo quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República y la declaración de 2006 como «Año de la Memoria». En ella intervinieron políticos, escritores, periodistas y ciudadanos en general, traspasando las aulas y foros científicos organiza- dos por politólogos e historiadores. Más allá de los argumentos esgrimidos, se ha podido apreciar una clara disparidad de criterios, pues palabras polisémicas como «memoria», «historia», «consenso» y «revisionismo» se han usado de manera poco precisa cuando no contradictoria. No se trata de aprovechar la estela de la conmemoración, de la efeméride, para sacar rédito alguno. De ser así, el libro hubiera salido a la luz en 2006. La intención es partir de la enorme bibliografía existente, ampliada notablemente en el último bienio, para analizar en profundidad y perspectiva los resultados de la controversia suscitada con el fin de aportar algo más de luz al tema.
No cabe duda de que el sustantivo República -milenaria y expresión básica de los valores cívicos- causa aún divisiones entre los españoles. Las páginas de los periódicos han protagonizado una polémica interesante. Mientras algunas voces han alertado contra su exaltación, otras han lamentado que siga siendo un concepto tabú en un país rodeado de repúblicas y que su septuagésimo quinto aniversario pasara en una especie de clandestinidad, en comparación con otras conmemoraciones públicas(7).
Almudena Grandes se cuenta entre quienes han reclamado el legado republicano; según esta escritora madrileña, «España… no puede afrontar la modernidad actual sin contemplarse en la modernidad pasada, no puede presentarse como un Estado justo y democrático sin hacer justicia a su tradición democrática»(8). Un editorial de El País ha destacado algo obvio, aunque no está mal recordarlo, a la vista de lo publicado por los que el diario llama «agitadores de la historia con fuerte impacto popular»: que los valores de la República son «parte de una tradición que nace con las Cortes de Cádiz y sin la que la España actual no sería lo que es»(9).
No están nada de acuerdo con esta visión quienes insisten en el sectarismo y las escasas aportaciones positivas atribuibles al régimen republicano, que no pueden tapar las declaraciones retóricas(10). Al día siguiente de la aprobación por el Congreso de los Diputados de 2006 como «Año de la Memoria Histórica», el diario ABC(11) estaba cargado de artículos contrarios a tal resolución, que sólo había contado con la oposición parlamentaria del grupo Popular. En su editorial, bajo el impactante título de «El revisionismo como revancha», recordaba la quema de conventos e iglesias y negaba que aquel régimen pudiera ser el precedente de la España democrática de 1978; un académico de la Historia y testigo de aquel tiempo, Manuel Fernández Álvarez (aunque debemos recordar que su especialidad es la España de los Austrias) destacaba sus errores y describía el paso del entusiasmo a la angustia que propició el golpe militar; el politólogo Manuel Álvarez Tardío descalificaba el uso de la «historia como arma arrojadiza»; y en una línea parecida se situaban los artículos de Jon Juaristi o Ignacio Camacho.
No puede extrañar que un periódico más que centenario y monárquico arremeta contra una República que le cerró sus tallares en varias ocasiones. Pero que lo haga en nombre de los valores democráticos que, en los años treinta, tanto distaba de defender este diario resulta, cuanto menos, chocante. No deja de ser paradójico tampoco que un autor revisionista, Álvarez Tardío, no se reconozca como tal y acuse de ello precisamente a quienes, según él, pretenden ganar la guerra recurriendo al revanchismo. Por otra parte, tanto el diario ABC como El Mundo y La Razón han mantenido un discurso muy crítico contra las asociaciones que, en nombre de la recuperación de la memoria histórica, están exhumando cadáveres de víctimas del franquismo porque, a su juicio, reabren viejas heridas. Sin embargo, no les merece la misma consideración el proceso de beatificación de decenas de «mártires de la cruzada» por parte del Vaticano, que se inició antes del nacimiento del movimiento social que gestó dichas asociaciones y ha culminado a fines de octubre de 2007, mientras el Congreso de los Diputados aprobaba una controvertida ley conocida popularmente como de «Memoria Histórica». Esta coincidencia temporal entre lo que se ha interpretado, erróneamente, como las dos caras antitéticas de la memoria histórica ha producido, como era de esperar, una nueva polémica, aunque más en el plano social que en el historiográfico.
Todo ello evidencia varias cosas. Primero, que el empeño franquista por borrar las huellas de la República y exagerar sus errores ha prevalecido hasta nuestros días. Segundo, que, como reacción, se ha idealizado ciertamente su legado, resaltando sus proyectos más novedosos paralela- mente a la rehabilitación moral de sus víctimas, largamente olvidadas – frente al tratamiento de honor reservado a las del bando vencedor- pero ahora convertidas en nuevos mártires. Y, tercero, que también a nuestro país ha llegado la saturación de la memoria advertida anteriormente en otros lares(12). En consecuencia, conviene buscar el criterio de autoridad en quienes se han acercado al estudio de estos años desde el mayor rigor historiográfico. La misma prensa se ha hecho eco de argumentos de peso; cuatro especialistas tan cualificados y representantes de escuelas historiográficas diferentes (Enrique Moradiellos, Gabriel Tortella, Pedro Ruiz Torres o Juan Pablo Fusi) han coincidido en algo tan evidente como la creatividad y vitalidad cultural que vivió el quinquenio republicano, cercenado luego por la guerra(13).
El cambio cultural fue indiscutible. La vertiente que más alabanzas ha generado fue su obra educativa y la efervescencia de las artes y las letras españolas. La más vilipendiada es su ofensiva anticlerical y la gestión que el régimen nacido el 14 de abril de 1931 reservó a la política religiosa. Son las dos caras de un conflicto que se debe situar incluso más en el plano cultural que en el político. Pero conviene poner negro sobre blanco y analizar los complejos matices de este tema para valorarlo en su justa medida, evitando la repetición de tópicos. El pulso entre dos modelos culturales, con una gran carga identitaria, resultó intenso pero no faltaron quienes buscaron, de uno y otro lado, algunos puentes para el diálogo que resultaron, a la postre, baldíos.
Resulta cada vez más necesario atender a la construcción social del conflicto político-religioso. La violencia anticlerical desatada en 1936 y la idea de «cruzada», adoptada por los sublevados en connivencia con la jerarquía eclesiástica, se proyectó hacia el período republicano como un continuum para justificar la inevitabilidad de la Guerra Civil(14) . Es muy habitual que se busquen las raíces de la clerofobia de 1936 en los años anteriores. Sin embargo no lo es tanto que nos preguntemos qué hubiera quedado de los incendios de iglesias y conventos de estos años -que no eran nuevos en nuestra historia- si luego no hubiera estallado la guerra. Por otra parte, tampoco se vivió la tensión de la misma manera en todo el conjunto del territorio nacional. De ahí el interés que tiene entender mejor una República a la que sus verdugos no sólo buscaron derrotar sino también evanescer para siempre y de la que se apropiaron indebidamente en tiempos de guerra sectores políticos y sindicales que la habían torpedeado anteriormente para hacer factible su utopía revolucionaria.
Por encima de futuribles y de contrafactuales conviene responder de manera adecuada a varias preguntas: a) ¿la Segunda República fue democrática o revolucionaria?; b) ¿fue un régimen antirreligioso?; c) ¿fue antirrepublicana la Iglesia?; d) ¿cómo se construyó el conflicto?; e) ¿se vivió una conflictividad religiosa semejante a lo largo de toda la geografía nacional? Son todas ellas cuestiones que requieren explicaciones complejas pero que no hay que eludir. Y contamos para ello con una bibliografía creciente que es preciso confrontar. La intención que me ha guiado ha sido traspasar el simple estado de la cuestión para establecer las claves sobre la construcción y las diferencias regionales del conflicto entre dos poderes (político y eclesiástico) y dos modelos de cultura (laica y católica), partiendo del análisis de un riguroso aparato bibliográfico.
El pulso entre la República y la Iglesia se prolongó y acrecentó tras el estallido de la Guerra Civil, alcanzando una violencia extrema coincidiendo con el vaciamiento de las instituciones democráticas. En 1939, la República fue derrotada; más bien lo que quedaba de ella, irreconocible después de la sublevación militar. La Iglesia estaba con los vencedores y se dispuso a participar del fruto de su triunfo recordando su enorme sacrificio martirial para reclamar la necesaria «recristianización» del país. La otra institución rival de la República, la Monarquía, incompatible por motivos obvios, tuvo que esperar cuatro décadas para recuperar el protagonismo perdido; y lo debía hacer reconduciendo una herencia envenenada, la proporcionada por el Régimen, para satisfacer las demandas de libertad de la sociedad española de los años setenta y reinventarse a sí misma.
La recuperación de la democracia ha venido de la mano de una Corona que encarna una continuidad dinástica de los Borbones a la que añade notables singularidades. Primero, representa una monarquía parlamentaria y democrática por primera vez en España, quebrando la línea mantenida por sus antecesores, que impulsaron una monarquía constitucional poco parlamentaria y nada democrática. Segundo, sus orígenes se vinculan a la decisión de un dictador, cuyos principios (los del Movimiento Nacional) traicionó a la postre, y a un proceso de Transición basado en la negativa a convocar una consulta popular en torno al modelo de Estado. Su reinado -y en especial su papel para frenar el 23F- parece haber justificado una bolsa notable de «juancarlistas» pero es dudoso que corresponda en la misma proporción a la de monárquicos, lo que plantea no pocas incógnitas sobre el futuro de la Monarquía. Episodios recientes como el suscitado por las viñetas de El Jueves no habla precisamente en su favor. Porque la alta valoración que suele tener la Corona en las encuestas(15) está conviviendo con la progresiva reclamación del legado republicano por parte de la sociedad civil. La desproporción sigue siendo considerable a favor de la primera pero queda por ver si los motivos son básicamente coyunturales.
En el otro lado de la balanza está la Iglesia, que tuvo que solventar una doble crisis: una externa, proveniente del Concilio Vaticano II, para aceptar un papel diferente en un mundo cada vez más secularizado; y otra más doméstica, por el paso de una dictadura a una democracia, en la que la transición religiosa antecedió a la política(16). A juzgar por su evolución posterior convendría cuestionar el grado de cumplimiento de la apertura a los nuevos vientos, que prometía el Concilio, y la sinceridad de su «desenganche» del franquismo. El actual Papa, Benedicto XVI, acepta una separación Iglesia-Estado que no implica la ausencia de una intervención en los asuntos públicos cuando éstos les atañen: el problema es definir cuáles no les incumben. Que los obispos protesten porque no ven equiparada la asignatura de Religión a las restantes, al no ser evaluable, no deja de ser un argumento tan reiterado como extemporáneo. Más novedoso resulta que encabecen manifestaciones porque ven en peligro la institución familiar (tras la aprobación de una legislación que regula civilmente el matrimonio entre homosexuales) pero igualmente interpretable en clave clerical, pues responde al interés por seguir conservando un protagonismo social que cuestiona los cimientos de un Estado aconfesional. Con argumentos nuevos o viejos, la jerarquía eclesiástica dice sentirse atacada e, incluso, «perseguida» (sic) por el Gobierno de Zapatero. Es consecuencia de un pasado privilegiado (en el que sólo hubo un paréntesis, que resultó trágico, en los años treinta), fruto del llamado «modelo de cristiandad», tan caro a la Iglesia, y de las dificultades que encuentra para ir abandonando las adherencias de una confesionalidad ya añeja(17). Se puede afirmar, por tanto, que la sociedad española se ha secularizado notablemente pero no ha culminado su laicización. Es fruto de una «absurda y pintoresca, por antigua y por obsoleta» relación con un poder extraterritorial como la Santa Sede que, a juicio del profe- sor Peces-Barba, católico y socialista, «rompe el principio de igualdad ante la ley»(18) . Quizás todo esto explique por qué las encuestas recientes(19) sitúan a la Iglesia como una de las instituciones menos valoradas entre los jóvenes.
(…)
Ángel Luis López Villaverde (2008)
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