El Gobierno revisará la ley de libertad religiosa

Cuenta Mariano Calleja en Abc que se cumplió la amenaza que lanzó el PSOE en plena campaña electoral: «Después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual» en la relación del Gobierno con la Santa Sede, advirtió José Blanco, tras el enfrentamiento directo que mantuvo el Ejecutivo de Zapatero con la jerarquía eclesiástica durante un mes y medio. Ayer, el Gobierno confirmó que se dispone a reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, «para avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado», según proclamó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en su primera comparecencia de la legislatura en la Comisión Constitucional del Congreso.

El Gobierno utiliza el término «laicidad» a sabiendas de que, de entrada, se pone a la Santa Sede y a los obispos en contra, ya que una de sus principales denuncias es la corriente «laicista» que recorre España y Europa. Pero, además, la Constitución no utiliza jamás esa palabra, sino que declara que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (artículo 16.3), que es distinto.

La polémica, pues, está servida, no sólo con la Conferencia Episcopal, sino también con el PP. Su portavoz en la comisión Constitucional, Federico Trillo, se opuso frontalmente a revisar la norma: «No toque la ley», aconsejó a De la Vega. «Se hará», replicó rauda la portavoz del Gobierno.

«Nuevas circunstancias»

La vicepresidenta explicó que el objetivo de la reforma es adecuar la norma «a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy». Puso como ejemplo que en 1980, cuando se aprobó la ley, no se incluyó el derecho a la libertad de conciencia. Pero es evidente que la «revisión» irá mucho más allá.

El PSOE incluyó la reforma de la ley en su programa electoral, con el compromiso de «promocionar activamente la separación de la Iglesia y el Estado». Prometía, también, «proseguir una política que evite privilegios y discriminaciones de unas confesiones respecto a otras (…) porque eso se traduce en desigualdades entre los ciudadanos». Hay que recordar que la Constitución menciona expresamente a una sola confesión en su texto, la católica: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (art. 16.3).

El portavoz del PP mostró su inquietud por el proyecto que tiene entre manos Rodríguez Zapatero: «No me tranquiliza nada. Más vale que dejemos las cosas como están, y que no sea un pretexto para hacer una ley contra una determinada creencia».

De la Vega llegó al Congreso con otro plan bajo el brazo, parecido a una Alianza de Civilizaciones, segunda parte. «Me comprometo a presentar antes de que finalice el año un Plan de Derechos Humanos», anunció. Trillo dio un respingo en su escaño. Su contenido está por definir, pero por lo que dijo la vicepresidenta está lleno de palabras bonitas, inspiradas sin duda en La Moncloa: «Los derechos humanos no deben conocer fronteras, y el Gobierno de España está fuertemente comprometido con ellos, no sólo a nivel nacional, sino también internacional».
Federico Trillo no pudo contenerse ante este anuncio: «¿Un plan de derechos humanos? Por favor, no. Yo no estoy para planes a estas edades. No cuente conmigo. El Plan de Derechos Humanos es la ley».

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