El Gobierno prepara una «hoja de ruta» para acabar con las «innegables ventajas» de la Iglesia católica

El Gobierno pretende hacerlo con buen talante, con mucho diálogo y buscando el consenso, pero quiere conseguir un objetivo final claro: España debe llegar a un estatus de aconfesionalidad del Estado, a conformar un verdadero Estado laico, donde se acaben «las innegables ventajas» y «privilegios» de los que, según el Ejecutivo socialista, goza la Iglesia católica en nuestro país.
Para ello, de manera inicial, el Ejecutivo está pidiendo informes y estudios sobre cómo afrontar este delicado asunto en tres niveles claves: la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, su protagonismo en la educación pública y las subvenciones sociales a entidades directamente vinculadas a la Conferencia Episcopal.

La primera decisión política que se ha adoptado, según fuentes consultadas por EL MUNDO, es que el próximo año no se prorrogarán automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere revisarlos, releerlos y, sobre todo, adecuarlos a lo que entiende como una «óptica constitucional».

También el Gobierno tiene decidido no denunciar los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, firmados sólo seis días después de la entrada en vigor de la Constitución, pero negociados y pactados durante todo el periodo preconstitucional. Sin embargo, el Ejecutivo quiere abordar desde una visión constitucionalista la aplicación de muchas de las normas basadas en este tratado.

La tarea de este «plan integral» por el laicismo, según las fuentes consultadas, va a recaer fundamentalmente en la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser una cuestión transversal que afectará a tres ministerios más: Justicia, Economía y Asuntos Sociales.

Pau García i Quiles

Fernández de la Vega coordina un plan integral que afectará a la financiación a través del IRPF, la enseñanza de la religión y las subvenciones a organizaciones católicas.
El Gobierno pretende hacerlo con buen talante, con mucho diálogo y buscando el consenso, pero quiere conseguir un objetivo final claro: España debe llegar a  un estatus de aconfesionalidad del Estado, a conformar un verdadero Estado laico, donde se acaben «las innegables ventajas» y «privilegios» de los que, según el Ejecutivo socialista, goza la Iglesia católica en nuestro país. Lo cuenta Manuel  Sánchez en El Mundo.
El Papa, Rouco y Zapatero
Para ello, de manera inicial, el Ejecutivo está pidiendo informes y estudios sobre cómo afrontar este delicado asunto en tres niveles claves: la  financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, su protagonismo en la educación pública y las subvenciones sociales a entidades directamente  vinculadas a la Conferencia Episcopal.
La primera decisión política que se ha adoptado, según fuentes consultadas por EL MUNDO, es que el próximo año no se prorrogarán automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere revisarlos, releerlos y, sobre todo, adecuarlos a lo que entiende como una «óptica constitucional».
La tarea corresponderá al Ministerio de Justicia, que quiere respetar los acuerdos, «pero desde una perspectiva de adaptación, razonable y, sobre todo,  constitucional», dijeron fuentes cercanas al Ejecutivo socialista.
También el Gobierno tiene decidido no denunciar los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, firmados sólo seis días después de la entrada en vigor de la Constitución, pero negociados y pactados durante todo el periodo preconstitucional.
Sin embargo, el Ejecutivo quiere abordar desde una visión constitucionalista la aplicación de muchas de las normas basadas en este tratado.«Estamos dispuestos a respetar los acuerdos, pero no a convertirlos en las líneas  generales de la política religiosa», dijeron fuentes del Ejecutivo.
La tarea de este «plan integral» por el laicismo, según las fuentes consultadas, va a recaer fundamentalmente en la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser una cuestión transversal que afectará a tres ministerios más: Justicia, Economía y Asuntos Sociales.
Inicialmente, la vicepresidenta no ha empezado a trabajar directamente en este  asunto, pero cada Ministerio está preparando ya su ámbito de actuación para  el próximo año.
El impulso político viene directamente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca ha ocultado su empeño en ir hacia un Estado laico y, especialmente, hacia una enseñanza pública laica, lo que ha repetido hasta la saciedad en cientos de mítines y actos políticos.
Pero, además, la iniciativa que está impulsando el Gobierno tiene otros tres importantes padrinos, algunos con mucha ascendencia con el presidente del Gobierno, que la secundan y la impulsan: el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba -un defensor a ultranza de la educación laica-;
el > secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y el diputado socialista Victorino Mayoral, uno de los impulsores de la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, que agrupa ya a más de medio centenar de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales más importantes del país.
En la universidad de Peces-Barba se ha creado, recientemente, una cátedra sobre laicidad, y conjuntamente con la Fundación Cives que preside Victorino Mayoral, organizaron unas jornadas la pasada semana en Cádiz para elaborar lo que pretende ser una propuesta para que el Gobierno apruebe un Estatuto de > Laicidad, tal y como contempla la Constitución.
Dicho Estatuto de Laicidad, que no quiere ser un código, está todavía ultimándose, pero recoge toda una serie de normas para llegar a convertir España en un Estado laico, que separe nítidamente, como dicen algunas sentencias del Constitucional, la relación Estado-Iglesia, más allá de una  mutua y lógica colaboración.
En el borrador de dicho Estatuto de Laicidad, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se recogen medidas como eliminar la simbología cristiana, es decir,  quitar los crucifijos de lugares públicos como colegios, cuarteles o cárceles.
También se propugna una igualdad de trato entre religiones, ya que se estima que en España ya hay más de un millón de musulmanes y casi dos millones y medio de distintas iglesias evangelistas.Esta igualdad de trato será a nivel educativo y financiero, porque el Ejecutivo entiende que ya no existe un
problema entre creyentes y no creyentes, sino en la diversidad religiosa que empieza a crecer de forma espectacular en nuestro país.
A esto hay que añadir que, según los últimos estudios sociológicos publicados,  casi un 20% de la población se declara laica o aconfesional, un porcentaje  muy similar al de los actuales católicos  practicantes.
Otro objetivo de dicho estatuto es que los profesores de religión en los colegios públicos no estén en el claustro del centro.
Además, se pide que la religión -tanto católica como de otro tipo- se imparta fuera del horario escolar, y aquéllos que no quieran asistir a estas clases no tengan el castigo de acudir a otra alternativa.
Cuando se ultime el Estatuto de Laicidad, será planteado al Ejecutivo para su aprobación y, previsiblemente, contará con un amplio respaldo social de toda la Plataforma laica, formada por asociaciones educativas, feministas,  pacifistas, sindicales, de vecinos, pro derechos humanos, etcétera.
Pero fue el propio López Guerra, encargado de clausurar las jornadas de Cádiz, quien en un discurso esbozó las líneas generales que quiere aplicar el  Ejecutivo.
«Es necesario diseñar, y el Gobierno lo está haciendo, una…digamos, hoja de ruta que nos permita llegar a una situación que nos satisface hoy, a una que cumpla los mandatos constitucionales, y todo ello, naturalmente, para conseguir la aconfesionalidad del Estado, el respeto a la libertad religiosa y la cooperación, al mismo tiempo, con las diversas religiones», dijo el secretario de Estado de Justicia.
López Guerra también denunció que, actualmente, «existe una posición innegable de ventaja de la confesión católica, que se deriva tanto de la tradición, como formalmente de los acuerdos con la Santa Sede de 1979».
El secretario de Estado de Justicia, además, precisó los objetivos del Gobierno: «En último término, la hoja de ruta debe llegar a un efectivo estatus de aconfesionalidad del Estado, lo que supone limitar el carácter oficial de cualquier religión. Ninguna puede ser más oficial, porque ninguna puede ser oficial».
Por ello, López Guerra también pidió «fortalecer la cooperación con el resto  de las confesiones», pero pensando en un «modelo futuro» que afecte a todos los ámbitos donde operan.
Fuentes del Gobierno insistieron una y otra vez en que no se trata de buscar un enfrentamiento abierto con la Iglesia, pero sí de que hay una voluntad inequívoca de afrontar, 26 años después de la firma de la Constitución, la relación que existe entre la Iglesia católica y el Estado en unos momentos de cambios de creencia evidentes en nuestra sociedad.

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