Resulta un verdadero esperpento vergonzoso que tras negarse el indulto, por haberse propuesto por la cofradía de Málaga un corrupto, el Gobierno se someta a una cofradía y ante su queja le proponga indultar a otro lo antes posible. Bastante anacrónico e injusto es el trato de favor a las cofradías para promover los indultos, pero lo de «Jesús El Rico» ya es incalificable. Quieren convertir una «gracia» injusta en un derecho de su cofradía.
La cofradía de ‘El Rico’ acepta que el acto de liberación del reo se celebre después de Semana Santa
No será el Miércoles Santo, como dicta la tradición, pero la cofradía de Jesús El Rico de Málaga liberará a un preso este año. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a tramitar el indulto de un reo de la prisión provincial en el plazo aproximado de un mes y cuando el expediente reciba luz verde del Consejo de Ministros, se celebrará el habitual acto de bendición y liberación. Es decir, se pospone hasta después de Semana Santa, pero se mantiene una costumbre acreditada desde hace 160 años y cuyo origen se remonta a los tiempos de Carlos III.
La crisis se abrió el pasado viernes, tras comprobar que la reunión de ministros de Mariano Rajoy no concedió la medida de gracia al interno propuesto por la cofradía, decisión justificada por Justicia en que ningún candidato cumplía los requisitos. El único caso que se puso sobre la mesa se consideró corrupción y por eso fue desestimado. El Ejecutivo ha otorgado este año siete indultos con motivo de la Semana Santa, la cifra más baja de la última década, y ha denegado otros siete.
El gesto conmocionó al mundo cofrade malagueño y en las últimas 48 horas se han estado barajando varias posibilidades para contentar a la cofradía, que finalmente ha aceptado el último ofrecimiento del Ejecutivo tras rechazar este sábado una solución de urgencia que salió de un gabinete de crisis convocado para revertir la situación, muy impopular en la ciudad. En esa minicumbre participaron, entre otros, la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, y el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
El planteamiento que ha hecho este domingo el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones, es acelerar y culminar el expediente de indulto de un preso y, una vez concluido, celebrar la ceremonia con el reo beneficiado. Esta solución cuenta con el compromiso del ministro Catalá, que ha estado involucrado en todo el proceso, según fuentes de la Subdelegación. La alternativa del sábado, que no contentó a la hermandad, pasaba por elegir a un interno de la cárcel de Alhaurín de la Torre que estuviera en condiciones de progresar a tercer grado o la libertad condicional y cuyo expediente pudiera estar terminado el miércoles, para poder celebrar el acto en la procesión. Paralelamente, se tramitaría su indulto extraordinario. La hermandad rechazó este planteamiento porque no lo consideraba formalmente una liberación.
“Ahora sí se trata de un verdadero mandamiento de libertad”, ha dicho el hermano mayor de El Rico, Antonio Martínez, tras la junta de gobierno de la cofradía que ha aceptado la propuesta del Gobierno. Quedan detalles por perfilar. La procesión extraordinaria de una imagen, por ejemplo, necesita autorización del Obispado. También se desconoce, de momento, si el listado con los posibles candidatos para obtener la medida de gracia incluirá solo un nombre o más de uno. Pero habrá acto de liberación con un preso indultado.
Las partes implicadas en este proceso, que se alarga varios meses, se han comprometido a mejorar los protocolos para que no vuelva a ocurrir un caso como el de este año. La petición de indulto tiene que ser formalizada por la cofradía. Instituciones Penitenciarias elabora una lista con los posibles aspirantes y lo traslada a la Audiencia Provincial, que requiere informes del tribunal sentenciador y de la fiscalía. La terna con los elegidos se eleva a Justicia. El único nombre de la hermandad malagueña que pasó todos los filtros este año fue el de un empleado del Ayuntamiento condenado por falsedad y estafa. El Gobierno desestimó la medida de gracia al considerar que se trata de un caso de corrupción. Los dos primeros casos que fueron rechazados por el Ministerio tenían informes contrarios del ministerio público y del Supremo
