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El Gobierno guarda silencio ante la denuncia de los homenajes franquistas en Córdoba

CGT envió en enero de 2022 un documento al presidente Pedro Sánchez, a Margarita Robles y a Félix Bolaños, denunciando estos actos contrarios a la Constitución Española de 1978

El pasado 1 de noviembre de 2021 se celebraban en el cementerio de la Salud y San Rafael de Córdoba actos homenaje a los caídos en el bando nacional durante la Guerra Civil española. En estos homenajes participaron militares de las Fuerzas Armadas del estado español que se encuentran actualmente en activo, la mayoría pertenecientes a la brigada Guzmán el Bueno X, cuyo centro se encuentra en la base de Cerro Muriano (Córdoba). Este homenaje a militares franquistas estuvo encabezado por el general Ignacio Olazábal Elorz, jefe de la brigada y comandante militar de Córdoba y Jaén. Hace unas semanas la ministra Robles visitaba la base de Cerro Muriano y felicitaba la labor de la brigada en Letonia como elemento disuasor para Rusia.

“Este tipo de homenajes deben dejar de producirse por el debido respeto a las víctimas y sus familiares y por la imagen que proyectan las Fuerzas Armadas en la sociedad”, comentan desde CGT.

Estos homenajes ocurrieron en los cuadros del cementerio Santa Bárbara y San Sancho, propiedad de las Fuerzas Armadas. Estos cuadros se encontraban cerca del cuadro Virgen de los Dolores, donde arqueólogos están estudiando el espacio, ya que podría ser la gran fosa del verano de 1936, donde se calcula pueden encontrarse los restos de entre 500 y 1.000 víctimas del golpe de Estado. Los trabajos en estas fosas durarán hasta 2024 en un proyecto financiado desde el ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía y Gobierno del Estado, según un convenio firmado el pasado 29 de diciembre de 2021. Desde CGT exigen el cese de estos actos: “Este tipo de homenajes deben dejar de producirse por el debido respeto a las víctimas y sus familiares y por la imagen que proyectan las Fuerzas Armadas en la sociedad”.

El pasado 11 de enero de 2022 la Confederación General del Trabajo enviaba un escrito denunciando estos actos al presidente Pedro Sánchez (PSOE), a Margarita Robles (ministra de Defensa) y a Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) por ser contrarios a la Constitución Española del 78 a la Ley de Memoria Histórica vigente, de 2007 y al Anteproyecto de ley de Memoria Democrática 9, aprobado por el Consejo de Ministros en verano de 2020 que actualmente se encuentra en trámite. Estos actos, según recuerda la Confederación, también infringen la Ley orgánica de Defensa Nacional vigente desde 2005, las Fuerzas Armadas españolas y la política de defensa se muestran como garantes del ordenamiento constitucional y del Estado social y democrático de Derecho.

La demanda enviada por la CGT en la que exigían al gobierno que se impidiesen actos de este tipo, no ha tenido respuesta gubernamental, a pesar de que ya han transcurrido los 3 meses en los que se esperaba la contestación.

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