El Estado laico no combate las ideas religiosas acerca de la vida humana ni otras cualesquiera, pero no puede guiarse por ese conocimiento, sino por un sistema de derechos y libertades de las personas.
Los cartones se han emparejado: una mayoría de siete votos en la Suprema Corte no ha sido suficiente (se necesitaban ocho) para declarar la inconstitucionalidad del concepto de que la vida (y por tanto su protección) abarca desde la concepción o desde la fecundación, lo que resulta la misma cosa. El planteamiento de la mayoría de la Corte es que esta definición va encaminada a negar derechos a las mujeres para disponer de su propio cuerpo y decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, además de otras consideraciones relacionadas con los derechos de las mujeres.
Antes, la Corte había declarado constitucional la reforma del Código Penal de la Ciudad de México, con la cual se despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Así que el país sube un peldaño más en la discusión sobre el origen de la vida humana que, en sí mismo, podría ser el de siempre, pero que ahora tiene que ver con la penalización del aborto.
El Estado laico no combate las ideas religiosas acerca de la vida humana ni otras cualesquiera, pero no puede guiarse por ese conocimiento, sino por un sistema de derechos y libertades de las personas. Es cierto que el Estado liberal penalizó el abortó, aunque lo hizo con excepciones, excusas y también agravantes, todas ellas de origen patriarcal o machista, pero no por motivos religiosos. El debate ahora es que la declaración de que existe una nueva vida, un nuevo ser, por la simple fecundación no tiene más objetivo que mantener la penalización del aborto y, por tanto, la criminalización de las mujeres que aborten: la cárcel como disuasivo del pecado. El Estado laico de nuestros días no puede admitir esta especie.
Es natural que el PAN defienda la idea de la fecundación como nueva vida con derechos inalienables y que no admita el derecho de las mujeres a decidir sobre el cuerpo propio: así es la derecha de todos los países. Pero no es natural que el PRI haya sido el factor político para que 18 estados del país hubieran modificado sus constituciones para encaramar este concepto teológico con el propósito de responder de tal manera a la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Es el PRI, en efecto, quien ha causado este estropicio debido a su insuperable oportunismo que lo mismo va de la defensa del Estado laico a las concesiones de principio al clero sobre la base de la idea que todos los católicos piensan igual que la jerarquía eclesial, lo cual es medianamente falso.
Ahora, Felipe Calderón pide autorización al Senado para eliminar la reserva (no aceptación) de México sobre un fragmento del llamado Pacto de San José sobre el asunto de la protección de la vida desde la concepción. Claro que en 1980 México no podía asumir tal compromiso porque eso de la concepción es una forma religiosa de llamar a un fenómeno biológico que no está demostrado que implique la existencia de otro ser humano. Es más, la inmensa mayoría de las fecundaciones son desechadas por el organismo, muchas veces de manera imperceptible. El dispositivo intrauterino como método anticonceptivo impide el embarazo, es decir, la implantación del óvulo fecundado en el útero, por lo que su uso tendría que ser penado por la ley, según el Pacto de San José y los nuevos textos constitucionales de varios estados del país.
El Senado no dará su consentimiento para que México suscriba ese texto del Pacto de San José. Al menos eso es lo que se espera. Pero el debate sobre la penalización del aborto va a seguir por los años de los años, amén.
