El Ministerio de Educación ha enviado este viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que el Ejecutivo regional, del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, dé marcha atrás en la aplicación del veto parental, acuñado por el partido de ultraderecha como pin parental, una medida por la cual se requiere a las familias que den su consentimiento para la asistencia de sus hijos a actividades complementarias impartidas durante la jornada escolar. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha declarado este viernes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que el pin o veto parental “va directamente contra los valores constitucionales”.
Murcia se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el veto parental (pin parental). La Consejería de Educación, en manos del PP, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo. La consejería justificó la medida en que responde a “una demanda creciente de los padres”, que se aplica “en todas las temáticas” y “solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo”. Además, apuntó que “dentro de la autonomía que ostentan” los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar.
La ministra de Educación ha explicado este viernes a preguntas de los periodistas que el Gobierno ha actuado ahora como respuesta a la intención del Ejecutivo murciano de elevar la instrucción del veto parental a decreto. El Gobierno regional necesita el voto de un diputado de Vox para sacar adelante sus presupuestos y esta era una de las exigencias de la formación ultraderechista. Por ello, el PP y Ciudadanos han accedido a mantener y consolidar esta medida. Ciudadanos, que un principio iba a oponerse, lo ha aceptado finalmente, según anunció este jueves por la noche.
Celaá ha informado de que el Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Ejecutivo murciano con el fin de que “se restablezca la legalidad”. Según ha explicado, este inicio de la vía administrativa es el primer paso para poder recurrir a los tribunales en caso de que el Ejecutivo regional no rectifique su decisión. “Consideramos que este pin parental vulnera el derecho fundamental a ser educado”, ha afirmado la ministra. Y ha indicado que “contraviene las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar”, del que forman parte las actividades complementarias para las que el Gobierno murciano defiende que las familias den su autorización. “Podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que pueda tener una vacuna, o grupos que pensaran que las mujeres o niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”, ha dicho la ministra.
Desde el punto de vista normativo el veto de los padres es inviable. Las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los alumnos y son evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa.
Irene Montero, que ha comparecido este viernes junto a Celaá tras el Consejo de Ministros, ha solicitado acudir a petición propia en la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género, al entender que el pin parental “es una ruptura” de este acuerdo “que defiende que se refuerce la educación afectivo sexual”. “Entendemos que el pin parental es un elemento claro de ruptura educativa y de sexismo”, ha añadido Montero. “Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho de ser educados en los derechos humanos y en el derecho de amar a quien quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en el feminismo, la igualdad y los valores”, ha continuado. “Para este Gobierno, la educación afectivo sexual es uno de los pilares de nuestra democracia”, ha apuntado. “Esperemos que las fuerzas de la derecha no se dejen arrastrar por Vox”.
María Jesús Montero, que ejerce la portavocía del Ejecutivo, ha manifestado la “preocupación” del Gobierno y ha reiterado que recurrirán “por vía administrativa o judicial cualquier intento de Vox, PP o Ciudadanos” que vaya contra de los derechos de los menores “a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales”. “Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos”, ha asegurado. “Ante cualquier actuación que entendamos que vulnera su derecho, responderemos con contundencia”, ha dicho.
CELAÁ: “NO PODEMOS PENSAR QUE LOS HIJOS PERTENECEN A LOS PADRES”
Sobre la intención de Vox de que sean las familias las que autorizan los contenidos que pueden recibir sus hijos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres” y que “es interés del menor” y “derecho fundamental y constitucional del menor”. “Lo contrario sería pensar que los menores por serlo no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo e ilegal”, ha añadido.
Para el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, “la Constitución contempla “el libre desarrollo de la personalidad de los hijos, que no son propiedad de los padres”. A su juicio, un Estado tiene que velar por que se protejan los derechos de los menores por encima de las pretensiones de sus progenitores. En este sentido, recuerda que en una sentencia de 2010 el Tribunal Constitucional no autorizó a una familia a educar a su hijo en casa. “Del mismo modo, tampoco puede avalar que los padres hagan una selección de los contenidos que deben aprender sus hijos y tampoco que contravengan la libertad de cátedra”.
CASADO, A SÁNCHEZ: “SAQUEN SUS MANOS DE NUESTRAS FAMILIAS”
Natalia Junquera
La dirección nacional del PP defiende lo que Vox ha bautizado como “pin parental”. “Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias”, ha declarado el presidente popular, Pablo Casado, tras el requerimiento del Ejecutivo al Gobierno murciano para que retire su aplicación. El líder del PP viajará a Murcia este domingo para reunirse con alcaldes del partido de distintos territorios españoles bajo el lema ‘Gobiernos por la libertad’.
El partido acusa al Gobierno de pretender “imponer su ideología”con los talleres en los que se imparte en los centros educación afectivo sexual. Preguntado por si cree que dar charlas sobre igualdad para evitar casos de violencia en parejas adolescentes o de acoso escolar por motivos de orientación sexual es algo “ideológico”, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha respondido: “No entro en si el contenido es bueno o no. Al PP siempre le encontrarán en el respeto y los valores constitucionales pero creemos que son los padres y no Sánchez quienes deben decidir a qué actividades van los hijos de cada uno. El PP defiende que los padres tengan libertad para que sus hijos reciban las charlas que ellos consideren y por profesores que hayan accedido por el conducto reglamentario a la función pública”.
Egea también ha criticado este viernes que el Gobierno envíe un requerimiento al Ejecutivo de Murcia, pero no a la Generalitat catalana. “Pedro Sánchez solo se lleva bien en estos momentos con quienes incumplen la legalidad”, ha afirmado, a preguntas de los periodistas.
“No se lleva bien con los presidentes que defienden la legalidad y la Constitución. El esfuerzo que está haciendo Sánchez por atacar la libertad de los padres bien podría ponerlo en defender la libertad en Cataluña. No sabemos, y nos gustaría que alguien le preguntara a la ministra portavoz, si el mismo requerimiento que han enviado a Murcia para acabar con la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos se la va a mandar al señor Torra para acabar con los espías que pone la Generalitat en los colegios o con las embajadas”.
Alrededor de 40 asociaciones y colectivos de Murcia firman un manifiesto contra la censura parental
Casi 40 partidos, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos, colectivos LGTBI y plataformas sociales han firmado un manifiesto en el que muestran su “absoluto rechazo” a la censura parental implantada en la Región y que han respaldado PP, Cs y Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020.
En el texto, los firmantes exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la consejería de Educación y Cultura, en la que se pide la autorización expresa de los progenitores para que sus hijos puedan asistir a las charlas complementarias, incluidas en el currículo escolar y que son evaluables y obligatorias.
La censura parental –denominada por su propulsores como “PIN parental”– es, según el manifiesto, un “grave error” porque posibilita el “veto” en los centros educativos a formación “fundamental” para el desarrollo de los niños, “desautoriza y deslegitima” al profesorado, “vulnera” los derechos del alumnado y “pone en peligro la convivencia social”.
Los firmantes del texto han advertido de que esta medida privaría al alumno que no asista a las charlas formación sobre LGTBIfobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, ciberacoso y prevención de embarazos no deseados, entre otras materias.
“Ataca” la autonomía de los centros
Esta medida, según los 37 colectivos y partidos que han suscrito el manifiesto, “contraviene” la Constitución y las normas educativas, “ataca” la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y “contradice” el derecho fundamental y constitucional de los alumnos a recibir una formación integral basada en los principios y valores democráticos.
Las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y son obligatorias y evaluables, por lo que contra ellas no existe “objeción de conciencia”, ha recalcado el manifiesto.
“Confiamos en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideramos inadmisible que se les censure en su ejercicio docente”, añaden los firmantes del manifiesto, que añaden que no se pueden hacer “optativos” valores que en España “no son opcionales desde hace más de cuarenta años”.
Finalmente, los colectivos y partidos han indicado que esta medida contraviene, entre otras, las leyes regionales de Igualdad Social LGTBI y sobre violencia de género, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
Entre los firmantes se encuentran el PSOE, Podemos, IU y Más Región, así como la Federación Regional de AMPAS “Juan González”, los colectivos LGTBI No Te Prives y Galactyco y los sindicatos UGT, CCOO y STERM.
Vox defiende el pin parental: “Los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido este viernes la implantación del ‘pin parental’ en Murcia argumentando que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”. En una entrevista en Telecinco, Espinosa de los Monteros ha asegurado que la medida exigida por Vox para aprobar los presupuestos en Murcia “es tan natural y de tanta libertad” que no se explica “cómo puede haber tanta polémica”.
“Yo, que tengo una hija de 8 años, si algún día vienen a darle una charla a hablar de otras cosas que no son matemática, lengua… quiero saberlo de antemano y poder autorizarlo”, ha explicado, para después acusar a la izquierda de querer “adoctrinar” a los niños. En este contexto, el portavoz de Vox ha insistido en que la medida impulsada por la formación para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual ofrece mayor “libertad”.
“Si los padres quieren que sus hijos vayan a religión lo tienen que autorizar de manera expresa. Si el colegio hace una actividad extraescolar tienen que autorizarlo. Pues si les den una charla de ciertos contenidos es natural que los padres quieran poder autorizar a sus hijos para que vayan“, ha sostenido.
Hazte Oír anuncia que denunciará a los directores de centros educativos que “obstaculicen” el ‘pin parental’
En un comunicado, la organización advierte que también denunciará a los consejeros de Educación de las autonomías que se opongan a esta medida que consideran un “derecho” de los padres “frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género”, según la portavoz de Hazte Oír, Teresa García-Noblejas.
La organización celebra que el Gobierno de la Región de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, haya aceptado implantar el ‘pin parental’, como exigía Vox para prestar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2020.
“Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo-sexual a medida de la izquierda”, añaden.
Según la portavoz de Hazte Oír, el ‘pin parental’ “es una herramienta que los padres se ven obligados a utilizar para defender un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, en las sentencias del Tribunal Supremo y en tres tratados internacionales”, aunque no los especifica, y asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez “tiene todas las de perder frente a la libertad para educar que tienen los padres reconocida en todos los países democráticos”.
Este pasado jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunciaba que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el ‘pin parental’, según la ministra Isabel Celaá.
Hazte Oír asegura en su comunicado que publicará “los datos de los colegios en los que se adoctrina en las diferentes comunidades autónomas”, a los que ha comenzado a enviar cartas remitidas a sus directores para “advertir de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres”, en palabras de la portavoz de la organización.
“Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de Educación como responsable último”, detalla Hazte Oír.
CAMPAÑA EN MILES DE COLEGIOS
El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario ‘PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género’, para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual.
El propósito de la campaña, según Hazte Oír, era “conseguir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox influyan para implantar la ‘Solicitud de información previa y consentimiento expreso’ para padres en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Región de Murcia”.
Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox.
A finales de septiembre, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció a Hazte Oír ante la Fiscalía General del Estado al considerar que su campaña “fomenta el odio” y podía constituir un delito.
