Zanja en una respuesta escrita la iniciativa que registró en octubre por la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere asegurando que ‘si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no un informe’.
El Gobierno del PSOE rechaza elaborar o proponer a los máximos responsables de la Iglesia católica en nuestro país que hagan un informe sobre los centenares de casos de abusos sexuales a menores silenciados durante décadas, como ya se ha hecho en otros Estados de nuestro entorno como Alemania, Austria o Irlanda. Así lo recoge la respuesta parlamentaria escrita que el Ejecutivo ha trasladado a la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, que el pasado mes de octubre se interesó por el tema.
A la pregunta recogida por García Sempere en su iniciativa sobre si “¿piensa el Gobierno requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos?” el Ejecutivo indica que ‘no corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos. Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no un informe’.
De la misma forma, la diputada de IU interrogaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre si “¿piensa que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo para acabar con la opacidad en la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia en casos de pederastia?”
El Gobierno muestra una vez más su pragmatismo y tira de legislación para insistir en su respuesta en que la Iglesia católica está obligada por ley en nuestro país a comunicar a la justicia ordinaria los casos de abusos que conozca y que la única posibilidad de no hacerlo es precisamente acogerse a los Acuerdos de 1976: ‘El art. 2.3 del Acuerdo de 28 de julio de 1976, ratificado en Instrumento de 19 de agosto de 1976 dispone que “En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio”’.
Este dato, que no es novedoso y que ya recogía García Sempere en su propia iniciativa parlamentaria, le sirve al Gobierno, no obstante, para pertrecharse y no incidir en otros hechos concretos. Los responsables de la Iglesia católica en otros países sí han elaborado trabajos como el que demanda IU. Por ejemplo, un informe interno de la Conferencia Episcopal de Alemania documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos católicos desde 1946 hasta 2014. La mitad de las víctimas eran entonces menores de 13 años.
Mientras, el Gobierno español apostilla que el artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 1882 ya contemplaba también el ejercicio del secreto de confesión. Con todo ello, la respuesta del Ejecutivo resume finalmente que ‘la disposición del Acuerdo de 1976 hay que interpretarla a la luz de lo dispuesto en la LECrim respecto a la cual no añade nada. Esta posibilidad está limitada a los hechos que se les hayan revelado en el ejercicio de su ministerio no al conocimiento que puedan tener por otros medios de hechos presuntamente delictivos que estarán obligados a denunciar’.
A raíz del contenido de la respuesta, García Sempere destaca que “todo esto nos ratifica en nuestra idea de que aquellos responsables de las diócesis que han conocido casos de abusos y no los han puesto en conocimiento de la Fiscalía han infringido la Ley”.
La parlamentaria de IU advierte también de que “este Gobierno no puede estar todo el día queriendo ‘nada y guardar la ropa’. No se molesta en requerir a la jerarquía católica o elaborar un informe sobre este asunto, cuando vemos que la información es fundamental en otros temas no menos importantes como la violencia de género. Siempre es mejor conocer con precisión lo que pasa que no permitir que siga oculto”.
Eva García Sempere señala también que su grupo parlamentario sigue a la espera de que se concrete de una vez la fecha de comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, solicitada por Izquierda Unida en octubre y aprobada hace más de dos meses.
“Parece que ni PP, que preside la Comisión Constitucional, ni el propio PSOE tienen prisa alguna para que se debata y se requiera información en sede parlamentaria sobre abusos a sexuales a menores. Por nuestra parte, seguiremos buscando que se acabe con la impunidad que mantienen los cargos religiosos que han cometido estos delitos o pueden hacerlo en el futuro”, valora.
