Una de las entidades beneficiadas fue presidida hasta marzo pasado por María Antonia Avilés, ex eurodiputada del PP. También ha obtenido esa declaración una ONG cercana a la secta anticomunista fundada por el reverendo Moon.
«No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar» dice la Biblia. El Gobierno de Mariano Rajoy se lo ha tomado al pie de la letra: a pesar del escándalo levantado por sus ayudas al lobby ultracatólico Hazte Oír, el Gobierno ha declarado de “utilidad pública” a otra media docena de entidades religiosas, lo que les permitirá beneficiarse de distintos privilegios fiscales. Varios de esos colectivos se dedican a tareas de beneficencia, pero también están los declaradamente antiabortistas.
Entre las entidades que ahora disfrutan de esa declaración se encuentra la Asociación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina de Madrid. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 14 de julio, donde también se detalla que ese grupo figura inscripto como “entidad religiosa”. En efecto, el grupo madrileño forma parte de la Asociación Católica Internacional de Servicio a la Juventud Femenina, que se declara a su vez como “seglar” y “sin ánimo de lucro”. Sus oficinas centrales están en París y Ginebra, aunque también cuenta con delegaciones en España, Grecia, Portugal, Haití, Honduras, Benín, Burkina Faso y Líbano.
Entre los objetivos de esta organización figura la «acogida, formación e inserción Social y laboral” de mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social. Sin embargo, también mantiene un especial interés en la lucha antiabortista: desde su web informó sobre el “Encuentro Internacional por el Derecho a la Vida” que se celebró hace ahora tres años en el Congreso de Madrid y que contó con la participación de Ignacio Arsuaga, presidente del grupo homófobo Hazte Oír.
Sus afinidades con la ideología conservadora son evidentes. No en vano, desde agosto de 2014 y hasta marzo de 2017, la Asociación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina fue liderada a nivel nacional por la ex eurodiputada del PP María Antonia Avilés Perea. Posteriormente, la también ex parlamentaria de la formación conservadora en las Cortes de Aragón ha ocupado un puesto de vocal en la dirección del grupo católico, ahora beneficiado por la declaración de “utilidad pública” que le ha otorgado el gobierno de su mismo partido.
“Daña más el aborto que la violación”
Veinte días antes de publicar las resoluciones a favor de esa entidad católica, el Gobierno concedió esa misma categoría a Másfuturo, una organización que ofrece ayuda a “mujeres en riesgos de aborto y exclusión social”. Básicamente, su misión consiste en impedir cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, bajo el lema “tú y tu hijo tenéis futuro”. Este grupo se inscribió en el Registro Nacional de Asociaciones en abril de 2012, y desde entonces desarrolla intensas campañas antiabortistas.
Según ha podido comprobar Público, Másfuturo está vinculada a “Rescatadores Juan Pablo II”, una plataforma que ha publicado datos y fotografías de clínicas y médicos que realizan interrupciones de embarazos. El último artículo disponible en la web de Rescatadores lleva un título impactante: “Me daña más el aborto que la violación”. Ambos grupos ultras comparten –entre otras cosas- el mismo número de teléfono móvil.
En ese contexto, Másfuturo reivindica que no recibe “ninguna subvención pública”. “Ningún voluntario cobra, solo ponemos de nuestro tiempo y a veces de nuestros sueldos… pero cobramos mucho de Dios”, dicen en su página web. Seguido, facilitan un número de cuenta corriente para aquellos que quieran facilitarles el trabajo terrenal.
No obstante, el grupo antiabortista reconoce que también disfruta de una declaración de “utilidad pública”. Eso significa que disponen de una serie de exenciones y privilegios fiscales, algo que suele reportar importantes beneficios económicos. En el caso del también antiabortista Hazte Oír, tales ayudas le permiten disponer de un presupuesto anual que supera los 2,6 millones de euros.
declaración de Másfuturo como grupo de “utilidad pública” se publicó en el BOE del pasado 24 de junio. Ese mismo día también se otorgó ese estatus a la asociación andaluza Familia de Nazaret, dedicada principalmente a labores de beneficencia en Almería. Allí cuenta con un hogar para personas desfavorecidas, en colaboración con la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. En marzo pasado recibió una subvención de la Junta de Andalucía por importe de 13.000 mil euros, dedicados a su programa de “atención a marginados sin hogar”.
El apoyo de la secta Moon
Otra de las entidades beneficiadas ha sido la Asociación Benéfica Cristiana la Mano que Ayuda, que “busca socorrer al necesitado en todos los ámbitos de la vida”. Según ha podido comprobar Público, los responsables de esta entidad han ofrecido charlas sobre sus trabajos en actos de la Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial, una secta anticomunista y ultraconservadorafundada por el ya fallecido millonario sudcoreano Sun Myung Moon.
De hecho, los responsables de La Mano que Ayuda participaron el 19 de noviembre de 2016 en un evento organizado en Tres Cantos (Madrid) por la Pure Love Education Academy (PLEA), un grupo adherido a las teorías de Moon. Durante la ceremonia se recaudó dinero que fue destinado en su totalidad a la mencionada ONG, tal como fue reflejado en distintas publicaciones de esa congregación.
El coordinador general de La Mano que Ayuda, Julián Mancheño, negó a Público que hubiese participado en actos de esa iglesia. Sin embargo, este periódico tiene distintas fotos en las que puede verse a Mancheño durante el acto de PLEA de noviembre pasado. Ante estas evidencias, admitió que su ONG “colabora” con la filial española de la secta Moon. En tal sentido, aseguró que la líder de ese grupo en España, Mercedes González de Tomita, “colabora con nosotros dándonos alimentos”.
En lo que va de año, el gobierno también ha otorgado declaraciones de utilidad pública a la ONG Emaus Obra de Amor, centrada especialmente en el mantenimiento de comedores sociales en Málaga y Granada. Además, esa organización tiene entre sus fines “realizar toda clase de actividades lúdicas, religiosas, culturales, sociales o asistenciales” encaminadas a “cubrir las necesidades básicas de la población sin recursos”, tanto dentro como fuera de España. Actualmente figura en el listado de “institutos religiosos” de la Diócesis de Guadix.
Asimismo, el Ejecutivo del PP ha incluido en el rango de utilidad pública al Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, perteneciente a la “Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario, Santísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma Hermandad Cristo del Buen Fin de Sevilla”. Su centro de estimulación precoz surgió a principios de los años 80, “destinado al tratamiento de niños nacidos con discapacidad cuyas familias no dispusieran de medios económicos” para acudir a tratamientos privados.
Cristianos homosexuales
Del mismo modo, las declaraciones de utilidad pública otorgadas en lo que va de año incluyen otra sorpresa: en marzo pasado, el gobierno incluyó en esa categoría a la Comunidad de Cristianas y Cristianos de Madrid Homosexuales (Crismhom), un grupo que busca “construir y potenciar la fraternidad y comunidad cristiana entre sus miembros desde el respeto a la forma de vivir la fe de cada uno de ellos”. Sus postulados serían imposibles de asumir por los grupos ultracatólicos que también aparecen en los listados de “utilidad pública” y que odian al diferente. Uno de ellos se llama Hazte Oír.
