La ley está para cumplirla. Partiendo de este postulado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó ayer la llamada de la Comunidad de Madrid a la objeción contra la clase de Educación para la Ciudadanía. "Es algo muy grave e irresponsable. Los poderes públicos no están para hacer asonadas ni para llamar a la insumisión a leyes", subrayó tajante De la Vega sobre el desafío del Ejecutivo de Esperanza Aguirre de permitir que se falte a esta signatura.
Aguirre se escudó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para negar que sea insumisión o rebeldía eximir de esta materia a todo niño madrileño cuyos padres objeten. Es más, anunció que la asignatura será sustituida por tareas de voluntariado.
De la Vega acusó a Aguirre de "politizar" la enseñanza y de "engañar a los padres" poniendo "en peligro" la educación de sus hijos. Esta amenaza fue compartida por la confederación laica de padres CEAPA. Su vicepresidente, Pedro Rascón, anunció acciones legales contra la Comunidad de Madrid si la medida se lleva a cabo, sobre todo por las negativas repercusiones en los expedientes académicos de los alumnos.
