El Ejecutivo de PSOE y UP, el más escrupuloso en la separación formal de la esfera religiosa, se anota logros en fiscalidad, inmatriculaciones y educación que no afectan al meollo de los privilegios de la Iglesia
El balance ni se acerca al programa del PSOE en la oposición, cuando quería derogar los Acuerdos con el Vaticano, y por ahora cumple sólo parte del acuerdo de gobierno, que prevé una Ley de Libertad de Conciencia
Era 2 de junio de 2018. Pedro Sánchez, tras una vertiginosa moción de censura, se convertía en presidente con una fotografía para la historia. En la ceremonia no había símbolos religiosos. Ninguno. Ni Biblia, ni crucifijo. Era la primera vez. Ni Zapatero había prescindido de la cruz. El resto del Gobierno hizo después lo mismo, en un gesto que proyectaba separación entre las esferas religiosa y civil. Es un terreno delicado en España, país en el que, a pesar de la aconfesionalidad recogida en la Constitución, la Iglesia mantiene una relación diferenciada con el Estado a través de unos acuerdos bilaterales firmados entre 1976 y 1979. El gesto de Sánchez y sus ministros, coherente con la trayectoria del secretario general del PSOE, abría la expectativa de una etapa política de avances inéditos en la agenda laicista.
