La laicidad de Catalunya no impide la presencia de autoridades en actos religiosos si se las invita
El modelo de laicidad catalana impide cualquier tipo de identificación oficial entre la Generalitat y una determinada confesión religiosa, a la vez que se aleja de todo laicismo beligerante contra las religiones. Es lógico, pues, que no complazca ni a quien de algún modo añora el nacionalcatolicismo a la española ni a quien aspira a una cierta laicidad antigua a la francesa, dos modelos que ya han sido superados en los propios países de origen.
Desde estas dos posiciones ancladas en el pasado se han emitido algunas críticas a la presencia o a la ausencia de representantes de las instituciones políticas en celebraciones religiosas. Esto nos invita a explicitar nuestras razones como Gobierno laico, para diferenciarnos de ciertos estilos de actuación, como el de figurar regularmente al frente de los actos litúrgicos importantes y el de ignorar sistemáticamente cualquier manifestación religiosa.
Si no tenemos ninguna religión oficial y a la vez reconocemos el derecho a la libertad de culto, no debemos sino respetar de verdad todas las confesiones religiosas. Por lo tanto, no nos presentemos a ocupar los primeros puestos de ninguna celebración religiosa salvo que el grupo correspondiente haya manifestado que nos quiere allí. Hay entidades religiosas que habitualmente, o bien en algunas ocasiones, consideran que sus actos litúrgicos son propios exclusivamente de su comunidad y, por coherencia con lo que consideran la autenticidad de su fe, no desean la presencia de ningún cargo político. Sabiendo esto, acudir a estos actos de forma institucional sería como violar su propio derecho.
YA HEMOS dejado atrás esa época en la que se daba por descontado que en un acontecimiento religioso multitudinario estarían los gobernantes de turno, y en el que no se sabía si la institución religiosa respectiva aumentaba su poder espiritual por el reconocimiento que obtenía del político o si más bien era el grupo político en el poder quien utilizaba la fe religiosa para mantener se en él.
La normalización de la relación entre el Govern de la Generalitat y las confesiones ha hecho que cuando estas comunidades religiosas quieren contar con presencia institucional inviten a sus representantes; y que éstos o éstas se informen cuidadosamente de si su asistencia a un acto religioso es o no deseada.
Por otro lado, desde la laicidad, distinguimos lo público de lo privado. Es público lo que interesa a todo el mundo, como el sistema sanitario o la red de carreteras; es privado lo que interesa a una o muchas personas libremente asociadas, pero no a todo el mundo. Las fes son privadas en este sentido, y no deberían invadir lo público, aunque tengan presencia y peso social. Pero ¿por qué habría de ser improcedente por norma la presencia de una autoridad política como tal en un acto religioso celebrado en su propia sede? Sólo puede ser considerado así desde una reacción contra una situación que ya es historia o desde el presupuesto de que la religión no es legítima.
El hecho religioso, guste o no guste, es un hecho cultural, y a veces no es fácil discernir de otras manifestaciones sociales. Y el derecho de libertad religosa es uno de los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y ejercido por una mayoría de ciudadanos de Catalunya.
Si un grupo religioso considera oportuna la presencia de las instituciones civiles del país en su celebración, sea una misa católica, un culto evangélico, la Navidad ortodoxa, la Pascua judía, la fiesta islámica del sacrificio, o el año nuevo wahaí, por ejemplo, ¿por qué no deberían acudir a ellos cargos públicos, sin quitarle protagonismo a los fieles, y siempre que hayan sido invitados? ¿No van con naturalidad a actos culturales, deportivos, benéficos, solidarios y festivos, organizados y promovidos por entidades privadas que no representan a la totalidad de la sociedad?
AUNQUE SE trate estrictamente de actos religiosos, nadie puede pensar, en el año 2006, que la asistencia de un miembro del Govern de la Generalitat a actos de las 12 grandes tradiciones religiosas presentes en Catalunya signifique la profesión institucional de la fe correspondiente en cada caso. Cuando menos, porque sería imposible. Sí es un reconocimiento de las aportaciones de las religiones a la sociedad.
Y nadie puede pensar que una confesión religiosa, por invitar a una autoridad, pretenda hacer suyo un Gobierno laico. Al contrario. La laicidad, puesto que supone separación entre Generalitat y cualquier fe, crea un espacio en el que caben todas las fes y todas las opciones de pensamiento y de conciencia legítimas. La laicidad es, así, garantía de convivencia y punto de encuentro. La comunidad religiosa que pide la presencia de un miembro de un Gobierno laico hace positivamente un acto de reconocimiento de esta laicidad y de la autoridad democrática que la hace posible.
