En medio de la discusión por el aborto legal, el gobernador acompañó al arzobispo de Tucumán a una misa oficiada por el papa Francisco.
En el día de ayer el gobernador Juan Manzur acompañó al arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, en una misa celebrada por el papa Francisco en Roma. El motivo de la ceremonia fue la entrega de palios —una insignia exclusiva del arzobispado— a los arzobispos metropolitanos nombrados a lo largo del año. “Fue una celebración muy emocionante y estamos muy agradecidos por haber podido presenciar una celebración presidida por nuestro Papa. Es un orgullo tener a un tucumano allí, en el sitio más importante de nuestra Iglesia Católica”, sostuvo el mandatario.
Manzur participó de la ceremonia en la plaza San Pedro acompañado de su esposa, la empresaria Sandra Mattar; la legisladora oficialista, Sara Assan; y el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera. La visita al Vaticano se inscribe en una gira comercial por Italia.
Esta visita del gobernador no pasa desapercibida como gesto ante el contexto político por el debate entorno al aborto legal. Luego de la media sanción obtenida en Diputados se conoció esta semana que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo será tratado en el Senado el próximo 8 de agosto. En este marco, la estadía de Manzur en el Vaticano es una reafirmación de la injerencia de la Iglesia en las cuestiones del Estado, como se ilustra en la provincia.
El arzobispo Sánchez llegó a los diarios nacionales tras su homilía en el tedeum por el 25 de mayo donde nombró uno por uno a los diputados nacionales de Tucumán para presionarlos a votar contra el derecho al aborto legal. En aquella oportunidad Manzur defendió los dichos del sacerdote y se inscribía en la misma posición.
La última defensa de la ligazón entre Iglesia y Estado de Manzur fue su férrea defensa del financiamiento estatal al clero, consolidada por decretos de la última dictadura. El mandatario defendía que el Estado pague $130 millones anuales solo para obispos ($46.800 mensuales para un obispo diocesano, $40.950 mensuales para un obispo auxiliar y $46.000 mensuales para administradores apostólicos y diocesanos).
En su cruzada contra el derecho a decidir de las mujeres, Sánchez también se apoyó en el Concejo Deliberante capitalino y en la Legislatura provincial. En el primero ordenó votar ordenanzas rechazando una decisión de Diputados favorable a la media sanción y para que se declara a San Miguel de Tucumán una “ciudad pro vida”. En tanto que en la Legislatura, bajo el auspicio del vicegobernador Osvaldo Jaldo, se realizaron diferentes actividades de los grupos fundamentalistas. Allí precisamente el lobby clerical frenó leyes como la educación sexual integral, la de salud sexual y procreación responsable, el protocolo de aborto no punible y el cupo laboral trans.
Frente a este cierre de filas entre la Iglesia y los gobiernos, sea necesario que el movimiento de mujeres redoble su movilización independiente, partiendo desde los sindicatos y centros estudiantes, para dar batalla; y a la pelea por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir agregar con fuerza la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado.
