El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo hoy que rechaza “cualquier legislación, como el proyecto de la Cámara 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual”.
“Nuestra administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por vía legislativa”, dijo hoy en declaraciones difundidas por La Fortaleza, sede del ejecutivo.
A su vez, indicó que medidas como la citada “no tienen paso en esta administración”.
“El gobierno continuará procurando brindar servicios de calidad y de forma eficiente a todos los sectores de nuestra población”, agregó.
En este sentido, esta semana el activista de derechos humanos y portavoz de la organización “Puerto Rico Para Tod@s”, Pedro Julio Serrano, señaló que la medida creaba la Ley de Restauración de La Libertad Religiosa.
“No es otra cosa que un intento por legalizar el discrimen en contra de las personas LGBTT bajo el pretexto de la protección de la libertad de culto. Esa libertad de culto no necesita protección adicional porque está contenida en nuestra máxima ley, la Constitución”, subrayó el activista en un comunicado.
Hoy, en otro comunicado, el también defensor de los derechos de la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales (LGBTT), felicitó al gobernador “por hacer lo correcto: detener un proyecto que pretendía legalizar el discrimen hacia las personas LGBTT en Puerto Rico”.
“Ayer le hice un llamado a que detuviera esta medida y hoy así lo hace. He sido muy crítico del gobernador y su administración, pero hoy tengo que reconocer que ha actuado conforme a su mandato de hacer valer la igualdad para todos”, opinó Serrano.
