El gobernador de Puerto Rico anticipa un veto al proyecto de libertad religiosa si sigue siendo discriminatoria

El proyecto que aprobó el lunes la Legislatura permite que un empleado público o empresa privada niegue servicios a una persona según sus creencias religiosas.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anticipó ayer que vetará el proyecto de la Cámara conocido como de libertad religiosa si encuentra que, como en el pasado, es discriminatorio.

En la pasada sesión legislativa, se discutió la medida que, aunque fue aprobada por ambos cuerpos, quedó pendiente en un comité de conferencia. El gobernador se había expresado en contra del proyecto por entender que permitía utilizar las creencias religiosas para discriminar contra otras personas.

Ahora, la Legislatura aprobó una nueva versión del proyecto.

“Yo no he leído las enmiendas que han hecho, pero mi posición ha sido bien clara sobre este asunto y el proyecto previo que yo leí”, dijo Rosselló, tras participar de la Segunda Conferencia sobre Promesa Conference, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

“Mi posición, ustedes la conocen, y ha sido bien clara. A menos que yo vea unos cambios significativos, lo cierto es que mi posición continúa siendo la misma”, recalcó.

El proyecto que aprobó el lunes la Legislatura permite que un empleado público o empresa privada niegue servicios a una persona según sus creencias religiosas. Los líderes legislativos argumentan que esto fue una promesa de campaña.

El gobernador no respondió a la posibilidad de que la Legislatura vaya por encima de un veto suyo, lo que ya ha ocurrido con tres proyectos aprobados que no han contado con el aval del primer ejecutivo. El más reciente fue el que crea el Fondo de Redención de la Deuda Pública Municipal.

Hace dos semanas, la Legislatura optó por dejar a un lado el veto de Rosselló Nevares para dar paso al proyecto que enmienda la Ley de Menores de la autoría del senador independiente José Vargas Vidot.

Mientras, en noviembre pasado, el Senado hizo lo mismo con un proyecto que ordenaba la Creación de un Programa Antidrogas en las Escuelas. Esa ley, sin embargo, no fue avalada por la Junta de Supervisión Fiscal.

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