La obligatoriedad de quedarnos en casa y de que los niños sigan sus clases a través de Internet ha destapado un fraude masivo y generalizado, aunque las distintas administraciones de todos los partidos miren a otro lado, en las cuotas de los colegios concertados. Porque la gran mayoría de estos colegios le siguen cobrando una cuota que, oh sorpresa, es voluntaria. Sí, voluntaria. Y si usted deja de pagar esa cuota, no le podrían expulsar del centro ya que los centros concertados están obligados a impartir gratuitamente las enseñanzas, que es justamente lo que hacen en estos días. De hecho, es ilegal cobrarsela. Así lo marca la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, que rige su funcionamiento, en su artículo 51.
Lo que sucede es que en España los colegios concertados ocultan la voluntariedad de esa cuota. Así se desprende de un estudio encargado hace unos meses por la Federación de asociaciones de padres y madres, FAPA, y por Asociación de colegios privados independientes, CICAE. Las cifras asustan, pero casi nadie ha querido hurgar en un fraude masivo que afecta a miles de padres y madres e involucra a poderosos grupos de presión propietarios de estos colegios concertados.
Según dicho estudio, el 100% de los centros solicita una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, a pesar de la prohibición expresa que señala la Ley. Y las cuotas no son precisamente asequibles, menos si se tiene en cuenta que deberían ser inexistentes.Los centros madrileños recaudan 153 euros de media en una horquilla que va desde los 90 a los 205 euros mensuales. La suma de todo ello alcanza una cifra de 6.000 millones de euros anuales.
Claro que estos colegios pueden alegar que esa cuota sería por los servicios que prestan al margen de los meramente reglados. Entonces, ¿por qué muchos centros han girado la cuota íntegra estos días en los que los niños están en casa sin hacer más gasto que la recepción de las materias por vía telemática? No hay actividades extra, no hay complemento que valga…
Sin embargo, que en el recibo aparezca como ‘cuota voluntaria’ no es un adorno sino un subterfugio imprescindible para que los colegios concertados puedan emitir esas facturas, sorteando la Ley que les prohíbe expresamente cobrar por la educación. Hay que recordar, o descubrir, que el sueldo de los profesores, administradores, y demás personal necesario para educar a nuestros hijos corre a cargo del Estado. Dinero público para pagar a nuestros profesores de centros públicos y concertados. Así que la voluntariedad de esa cuota, por arte de birlibirloque, se convierte-mantiene en obligatoriedad.
El informe PISA
El argumento que esgrime la patronal suele ser, además de las actividades complementarias inexistentes en esta época de confinamiento, la calidad de la educación. Esta lógica no debería poder aplicarse, ya que la ley recoge “la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos” y nada habla de calidades, pero aún así, aunque esto pudiera servir de excusa, tampoco es cierto, tal y como detalla el tan manoseado informe PISA donde se demuestra que son los factores socioeconómicos los que más pesan a la hora de lograr el éxito de nuestros alumnos. De hecho, en igualdad de condiciones, los colegios públicos rinden tanto o más que los concertados.
El coronavirus y la consiguiente suspensión de las clases ha puesto en evidencia que llevamos décadas ante un fraude sin paliativos. Ya que por muy instalado que esté y por muy consentido que lo sea por parte de las Administraciones públicas competentes, los colegios concertados no pueden cobrar cuotas por los servicios educativos. Tan cierto como que todo el mundo sabe que lo hacen. El engaño de llamar a las cuotas voluntarias, cuando de hecho no lo son, no puede tapar el fraude.
Igor Marín Ochoa
