El fracaso del «impuesto religioso»

Con el sistema acordado ayer, la Iglesia católica ingresaría 31 millones más este año pese a la supresión de la dotación graciosa.

Ayer se escenificó una vez más el fracaso del llamado impuesto religioso, pactado por la Conferencia Episcopal en 1987 con el Ejecutivo de Felipe González como sistema transitorio de financiación (para tres años). Ha durado 19 años, con mínimas variaciones, y disgustó a todos. Se acordó entonces que los católicos adjudicasen a su iglesia el 0,5239% de la cuota del IRPF. El próximo ejercicio presupuestario será el 0,70%. Los obispos pedían -y esperaban- el 0,82%.

La decisión tomada ayer en Consejo de Ministros se aleja del compromiso aceptado por ambas partes en 1987 de llegar a la autofinanciación de esta confesión religiosa. También contradice compromisos expresos de miembros del Gobierno y del partido que lo sustenta, el PSOE, en el sentido de que había que acabar, más pronto que tarde, con el actual sistema de asignación tributaria directa. No sólo no se suprime, sino que se incrementa con generosidad.

Los obispos dijeron ayer, en nota oficial, que el acuerdo les suponía la "renuncia a la exención del IVA" y la "renuncia al llamado complemento presupuestario". En realidad, el pago del IVA era una exigencia de la Unión Europea, que llevaba años apremiando al Gobierno, incluso con amenaza de sanciones, para que exigiera a esta iglesia la aceptación de una norma de obligado cumplimiento para todas las instituciones europeas. Respecto a "la renuncia" del complemento presupuestario, la Iglesia católica recibirá con creces, con este aumento del porcentaje de la cuota, lo que perderá con la supresión de dotación graciosa. Ayer hizo las cuentas el delegado de Economía del arzobispado de Barcelona, Antoni Matabosc: los ingresos pasarán de los 144 millones de euros que entregó Hacienda al episcopado en 2006 a más de 175 millones el próximo año.

Los obispos se mostraron en 1988 contentos, incluso regocijados, con el acuerdo de financiación provisional pactado con el Gobierno socialista. Pronto bebieron del cáliz de la decepción. Lo que el historiador canadiense William J. Callahan llama "la tradicional tacañería del católico español" se escenifica sobre todo en las comunidades más ricas, como Cataluña y el País Vasco, donde apenas el 20% de las declaraciones a Hacienda (el 33% media nacional) incluyen la X en la casilla eclesiástica.

Hacienda está ingresando este año en una cuenta de la Conferencia Episcopal, en depósitos mensuales, 144,24 millones de euros. Es la partida principal del presupuesto del máximo organismo eclesial, fijado en noviembre de 2005 por la asamblea de obispos en 157,711 millones. Aparte los 144,24 procedentes de las arcas del Estado con el calificativo de "asignación tributaria" (el 80% vía IRPF de los católicos, el resto como dotación graciosa del erario público), la jerarquía presupuestó ese año pequeños ingresos, como un "donativo" de 6.000 euros y 12,47 millones a aportar por las diócesis (68, más el arzobispado castrense).

Además de esta asignación tributaria, el Estado financia cada año con "más de 3.000 millones" – según el propio Ejecutivo; el doble si se hace caso a cálculos independientes-, gran parte de las actividades de la Iglesia romana en educación, sanidad, asistencia social, más los salarios del profesorado de catolicismo -15.000 docentes- y los del millar de capellanes hospitalarios, penitenciarios o castrenses. Diferentes administraciones públicas, sobre todo autonómicas, aportan además, cada año, decenas de millones de euros para la conservación del ingente patrimonio inmobiliario eclesiástico.

Elevar el actual porcentaje del IRPF al 0,82% de la cuota de cada declarante católico era sólo una de las opciones que contemplaba la Iglesia católica. También el Gobierno hubiera preferido otras fórmulas, en especial las habladas ya en 1987, es decir, aquellas que permitieran la autofinanciación de esta confesión mediante donaciones y desgravaciones fiscales. Ese fue el compromiso. No ha sido posible, pese a lo firmado en Roma el 3 de enero de 1979. Dice el artículo 2.5 de aquel acuerdo: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado".

Amplios sectores del PSOE y muchos constitucionalistas, además del resto de la izquierda, consideran inconstitucional el actual mecanismo de financiación directa a una confesión religiosa. Sobre todo, teniendo en cuenta que las otras religiones con "notorio arraigo" en España (musulmanes, protestantes y judíos), se reparten este año apenas tres millones de euros previa creación de una fundación y siempre que no los destinen al pago de salarios de clérigos o a actividades de culto.

Creen los obispos que el sistema vigente hasta ayer fracasó porque el porcentaje del IRPF fijado en 1987 resultó ser "claramente insuficiente". No es seguro que el actual 0,70% vaya a satisfacerlos en el futuro próximo. Un estudio de la Fundación Santa María concluyó en abril de 2005 que la Iglesia católica es ahora la institución más desprestigiada entre los jóvenes. Por su parte, la encuesta del CIS de mayo pasado indicó un declive que no para de agudizarse: pese a que el 77,3% de los españoles se declaran católicos, sólo el 15,1%, de ellos va a misa "casi todos los domingos" y apenas el 1,9% lo hace "varias veces a la semana". El 52,5% "casi nunca" acude a una iglesia, y el 11,5% lo hace una vez al mes.

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