En este sentido, el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal anunciado ayer por la vicepresidenta Fernández de la Vega sobre la financiación de la Iglesia contribuirá a apaciguar los ánimos y aminorar la hostilidad de la jerarquía católica hacia un Ejecutivo que ha adoptado medidas que han herido en lo más hondo al mundo católico (matrimonio homosexual, enseñanza de religión, ley de células madres).
El acuerdo viene a terminar con una anomalía histórica: la de un Estado constitucionalmente aconfesional que financia, sin embargo, a una confesión religiosa determinada. Su origen inmediato es el pacto entre España y la Santa Sede firmado a principios de 1979. Acababa de entrar en vigor la Constitución, pero toda la negociación se había gestado en la España predemocrática, si bien ya preveían la sustitución de la dotación a la Iglesia a cargo del erario público por un sistema de atribución tributaria mediante el que sólo los contribuyentes católicos financiarían a su iglesia.
Comoquiera que los obispos no estaban muy convencidos de que la mayoría social católica se tradujera de forma automática en mayoría tributaria –vamos, que todos los autodeclarados católicos aceptasen aportar al mantenimiento de su iglesia– y que los gobernantes no querían abrir nuevos frentes con la jerarquía, se arbitró en 1987 un mecanismo singular que, aunque considerado provisional, se ha prolonga durante casi veinte años: la Iglesia recibiría el 0,52% del Impuesto sobre la Renta de todos los contribuyentes que lo dijeran expresamente, marcando la casilla oportuna en su declaración anual, y el Estado completaría la cantidad resultante hasta cubrir, vía presupuestos generales, las necesidades financieras de la Iglesia.
Esta última parte es la que debe considerarse una anomalía en toda regla, ya que ha supuesto, y supone hasta el día de hoy, que con dinero de todos –ateos, agnósticos, católicos enfrentados a la Conferencia Episcopal, católicos no practicantes, musulmanes, judíos, budistas y protestantes en sus distintas ramas– se pagan los cultos y sacerdotes de una confesión concreta (y privilegiada, por tanto). A partir del año que viene la Iglesia recibirá el 0,7% del IRPF de sus partidarios, en vez del 0,52% anterior, pero se queda sin aportación extra de los presupuestos y, además, pagará el IVA por sus compras. Como todos.
Ahora Iglesia y Gobierno pueden seguir peleando, pero sin que el dinero ande por medio. Mejor así.
