La jerarquía católica se apropia de una parte del impuesto de la renta, con la complicidad del Estado.
Que en la Declaración de la Renta siga figurando una casilla específica, para que la jerarquía de la Iglesia católica (Ic) financie los gastos de sus diócesis (salarios y seguridad social de obispos y curas), gastos corrientes, proselitismo y propaganda católica, para sus propios medios de comunicación, para “engordar” sus cuentas de resultados etc. etc., además de una aberración jurídica, es un delito político de primera magnitud, que pervive año tras año, gobierne quien gobierne. Es más, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, aumentó la asignación del 0,52 al 0,7%.
Porque esos 285 millones de euros (últimos datos del IRPF 2018) que -año tras año- el Estado le entrega a la Ic provienen de los impuestos que pagamos todos los y las contribuyentes (católicos y no católicos). Por ello, como mínimo, como ocurre en algunos países de centro Europa, ese 33% (más o menos) de personas que -cada año- señalan la casilla, debería de pagar ese 0,7% más, de su propio bolsillo.
Esos 285 millones se detraen del fondo común de toda la ciudadanía que administra Hacienda, para financiar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Obra Pública, y hasta una parte de las Pensiones.
Hay otra casilla, la denominada para “fines sociales, a la que yo denomino la “casilla coartada” o la “casilla trampa”, que -en su día- se “colocó” deliberadamente para tratar de “justificar” la casilla de la Ic y, además, porque como la jerarquía católica del dinero que le entrega Hacienda, por su asignación directa, no aporta apenas nada a SU propia Obra de Caridad, por esta otra vía que se vienen recaudando más de 300 millones de euros al año, se financian, también, una muy buena parte de las organizaciones de caridad de la propia Ic, además de otras entidades, como fundaciones y asociaciones sin (aparente) fines de lucro. Y que pagamos entre todos, queramos o no, detrayéndolo de la Hacienda Pública. Y para mayor desvergüenza política quienes señalan esa casilla NO DECIDEN a qué entidades desean que vaya esa aportación.
Además de que el impuesto de sociedades, de los actuales PGA (prorrogados de 2018) establece que las empresas puedan destinar -para fines sociales- otro 0,7 y se detrae no de los beneficios de las empresas, sino de las arcas de Hacienda. Un supuesto “compromiso solidario” que también pagamos entre todos y que tampoco decidimos a qué ONGs o fundaciones iría ese dinero.
QUE DESAPAREZCAN LAS DOS CASILLAS
¿Qué viene exigiendo EUROPA LAICA desde hace más de una década? Algo de sentido común político y social: que desaparezcan las dos casillas.
1-Que las religiones se autofinancien, en este caso la Ic (que además se comprometió a ello, en el Concordato de 1979 – y no lo ha cumplido). Por cierto, la Ic es, a día de hoy, una enorme corporación empresarial y política que -patrimonialmente- es inmensamente rica, que participa de entramados financieros y empresariales en todo el Planeta y hasta posee una “ficción” de Estado y de la que dependen todas sus fundaciones y ONGs, de forma jerárquica y opaca. En suma, la Hacienda pública española financia al “Estado vaticano”.
2-Que las entidades, ONGs y fundaciones que ahora reciben una parte de subvenciones por la vía de los “fines sociales” del IRPF, aquellas que los Poderes Públicos consideren que es un beneficio para el conjunto de la comunidad, deben ser financiadas -directamente- por los Presupuestos Generales del Estado, los de las CCAA y los de las entidades locales. Por cierto, como ya se viene haciendo, también. ¿Por qué entonces esas dos vías de financia de las ONGS?: Porque la finalidad de la casilla de “fines sociales” está clara, es una casilla coartada, para tratar de justificar la financiación de la Ic.
Por cierto, ya otras religiones han planteado su propia casilla. ¿Qué hará el Estado ante este dilema? Estoy expectante.
Dentro de unas semanas veremos, cómo con la complicidad de la Agencia Tributaria y del Estado en su conjunto se desarrollará una vergonzante y millonaria campaña publicitaria a favor de marcar la casilla/las casillas, campaña que se financia con el dinero que es de todos, por ejemplo, en el caso sólo de la Ic, supera los cinco millones de euros, más o menos, y generalmente la dirigen a que se señalen las dos casillas. ¿Por qué? Porque la de fines sociales le interesa mucho que exista, como coartada y porque también reciben una financiación importante por esa otra vía.
Ya estamos observando cómo la propia Agencia Tributaria, a pesar de la multitud de denuncias que hemos hecho, sigue colocando en la declaración digital una “alarma” para recordar a los contribuyentes que “pueden” marcar la casilla, lo hacen de forma coactiva, incluso a aquellos que sistemáticamente no lo viene haciendo año tras año, que en el caso de la casilla para la Ic son un 66% y en la de fines sociales, casi un 50%, de media.
Europa Laica viene denunciando que -año tras año- la Iglesia católica (y todo su entramado asociativo y de funciones, incluidos sus medios de comunicación) le cuesta a las arcas públicas más de 11.600 millones de euros (y posiblemente nos quedamos muy cortos) entre subvenciones directas e indirectas, exenciones de impuestos, financiación de capellanes, gastos de las diócesis, mantenimiento de su patrimonio, personas que imparte religión, etc. etc. Y todo ello en la más absoluta opacidad.
Este es un año muy especial que, como consecuencia de la pandemia que padecemos, se ha demostrado a lo que nos han conducido las potentes privatizaciones, en este caso de la Sanidad. Ahora vendrá la “postpandemia”, que demostrará que el desmantelamiento de los Servicios Sociales públicos que se ha venido haciendo, para ponerlos “en manos” de entidades privadas, generalmente religiosas hará crecer la cada vez más potente “industria de la caridad”, que marcará sus propias reglas al Estado y, con ello, se impondrá sobre una verdadera justicia social, gestionada por lo público.
Al gobierno “progresista” o de “izquierdas”, según quienes lo definan que tenemos, el poco tiempo que ha estado gobernado de forma normalizada, no se le ha visto ni un pequeño gesto para cambiar el modelo de las relaciones MUY PRIVILEGIADAS del Estado, con la jerarquía católica. En el caso de la casilla, de haber querido, podría haber dado pasos. Pero ni siquiera lo tienen en estudio.
Es muy probable que estemos ante una nueva situación muy diferente a lo que conocíamos en cuanto a derechos y libertades, a los poderes legislativos y ejecutivos, a las relaciones sociales. Sin embargo la Iglesia católica y casi todas las religiones, en general, con una fuerte complicidad política de diversidad de color e ideología, comenzarán este nuevo escenario muy bien “situadas”, y no sólo en España, como estamos viendo, siempre al lado de los sectores más conservadores e, incluso, totalitarios de la política, donde se mueven “como pez en el agua” para imponer sus respectivos dogmas.
Francisco Delgado