Los pasos dados en los últimos meses desde la Junta General habían sentado las bases para emprender la batalla por la titularidad pública de San Antolín de Bedón, pero una respuesta del Gobierno central a preguntas de la senadora forista Rosa Domínguez de Posada acaba de situar la discusión en una nueva esfera. El documento, fechado este mismo 6 de febrero, rechaza que el Estado pueda intervenir en el monasterio llanisco aludiendo a su titularidad «privada». «Se ha constatado que no cabe la posibilidad de poner en marcha la intervención prevista en el monasterio de San Antolín de Bedón por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura y Deporte, por cuanto se trata de una propiedad privada y el Estado no puede asignar fondos públicos para su restauración», recoge la respuesta a la que ha tenido acceso esto periódico. El apunte del Gobierno central llega, según recoge el mismo texto, tras haber estudiado «la naturaleza y características» del templo románico.
Se da la circunstancia de que la intervención en San Antolín de Bedón llegó a contar con una partida de 500.000 euros a compartir con Santa María de Obona, en Tineo, en los fallidos Presupuestos Generales del Estado para 2019. De esa cuantía, 60.000 euros estaban consignados al proyecto de rehabilitación, este mismo ejercicio, mientras que los 440.000 restantes se reservaban a 2020.
«¿Cómo es posible que lo metan en el presupuesto y ahora digan esto? Nos toman el pelo», afea la senadora al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fue Foro precisamente el grupo que impulsó la inclusión de una partida en las cuentas nacionales ya en 2018. Domínguez de Posada recuerda que desde entonces viene preguntando «todos los meses» sobre la ejecución presupuestaria, sin que hasta la fecha hubiera recibido más contestación que la intención de estudiar la cuestión. De ahí su «sorpresa» con esta última respuesta del Gobierno, que recibió «esta semana». «Esta situación es surrealista y el único perjudicado es el monasterio de San Antolín de Bedón», lamenta la senadora, que sostiene que el PSOE «cambia de opinión según esté en el Gobierno o en la oposición».
La forista recuerda en este sentido que «todos los grupos políticos, incluido el PSOE, habíamos consensuado en una mesa redonda celebrada en Llanes pedir que el Estado asumiera su titularidad».
A lo largo del pasado año se dieron más pasos en el mismo sentido, el principal en el seno de la propia Junta General. A finales de junio los seis grupos parlamentarios votaron a favor de una proposición no de ley en la que instaban a Principado y Gobierno nacional a abrir una nueva vía administrativa para alcanzar la titularidad pública del Bien de Interés Cultural (BIC). La fórmula elegida, propuesta por Podemos, consistía en derogar o declarar nulo un expediente de 1996 por el cual el templo se habría desinscrito del inventario general de bienes del Estado.
En aquella sesión se escucharon alusiones a hacer un «frente común» y con Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa grupos como Podemos instaron a aprovechar la «coyuntura favorable» y la «disposición a asumir la titularidad» por parte del Principado. El mismo respaldo unánime a la iniciativa de reclamar la titularidad pública expresaron este mismo verano desde Llanes los cinco grupos municipales.
