El 27 de octubre de 1833 el presidente en funciones Valentín Gómez Farías expidió el decreto que suprimió la obligación civil (repito: civil), de pagar el diezmo a la iglesia católica, y también la coerción pública para que se cubriera el pago. Hace 176 años. No fue fácil el deslinde en la nueva república independiente.
Durante los 300 años de ocupación colonial “había una Iglesia que era Estado y un Estado que era Iglesia”, como dijo don Jesús Reyes Heroles. Dos instituciones distintas y un solo gobierno verdadero. La iglesia católica cobraba diezmos impuestos, tenía virtual monopolio sobre la educación (salvo el Colegio de las Vizcaínas, en manos de civiles, y muy pocas excepciones más); sobre las instituciones de salud; manejaba los cementerios (el hijo desobediente pedía para expiar su culpa, “que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me pise el ganado”); controlaba el registro de estado civil, a través de los sacramentos; sus enormes propiedades, obtenidas a través de herencias o como prendas de usura, impedían la circulación de bienes.
Así que detentaba las “secretarías” de educación, salud, hacienda, economía y el registro civil. En aquel régimen fundamentalista, donde no cabía la disidencia religiosa ni política, la iglesia ejercía funciones civiles y el Estado tenía atribuciones religiosas, a través del Patronato Real, que “proponía” obispos y jerarcas.
Su Majestad católica era el “brazo secular” responsable de ejecutar las sentencias de la Santa Inquisición (hasta en el nombre de “brazo secular” quedaba manifiesto un solo cuerpo). El Estado también ejercía coerción civil para el cumplimiento de los votos religiosos.
No fue fácil, a la hora de la independencia, alcanzar la claridad mental para la separación de atribuciones y esferas de competencia. José María Morelos en los Sentimientos de la Nación concibió la religión católica como oficial del nuevo Estado, “sin tolerancia de ninguna otra”. Así quedó también establecido en la primera constitución de 1824.
José María Luis Mora, sacerdote católico y doctor en teología, asesor directo de Valentín Gómez Farías, será el que ponga luz al tema. Dice en 1833 en el primer intento, fracasado, de Reforma: “Estas voces suponen al poder civil investido de funciones eclesiásticas y al eclesiástico de funciones civiles; y ya es tiempo que desaparezca esta mezcla monstruosa, origen de tantas contiendas”. Mora, desterrado, nunca pudo regresar al país.
Pasos adelante y pasos para atrás desde la gloriosa generación de la Reforma, 1857-60, durante los siglos XIX y XX.
Hoy con el argumento del derecho a la vida desde la concepción, se pretende perseguir con saña a las mujeres violadas que se niegan a cargar en su cuerpo una vida no deseada, que se les impuso con violencia, sin que el Estado haga nada por reparar lo reparable. Mientras México continúa teniendo un índice vergonzosamente alto de mortalidad infantil, por enfermedades perfectamente curables. Terrible incongruencia de un poder público hipócrita que dice que está por la vida.
