El Estado laico se defiende con votos

Según la Constitución vigente, en su artículo 59, Venezuela es un Estado que reconoce ampliamente la libertad de culto, sin embargo, tanto la actual Carta Magna como el resto de la tradición constitucional de la República en los últimos 200 años, exige como requisito indispensable para acceder al cargo de Presidente la condición de estado seglar a los aspirantes, es decir, no ejercer roles directivos institucionales en alguna confesión religiosa.

La histórica presencia de la Iglesia Católica en Venezuela ha hecho corriente que se comprenda claramente que aquella limitación constitucional implica que un párroco, cura, arzobispo o cardenal no pueda ser candidato. Ahora bien, la Constitución no se refiere solo a la Iglesia Católica. Si un pastor evangélico, un rabino judío o imán musulmán desea probar suerte como candidato debe comprender que su condición de líder religioso es considerada constitucionalmente incompatible con su pretendida postulación.

La aclaratoria viene a lugar por el reciente lanzamiento al ruedo político de partidos políticos como Nuvipa y ORA con abierto sesgo religioso en sus postulados ideológicos y con muchos de sus candidatos ejerciendo rol de pastores evangélicos reconocidos en claro desconocimiento del principio de separación entre Iglesia y Estado. La sola pretensión de permitir el funcionamiento de dichos partidos políticos debió ser rechazada por el CNE y, obviamente, también las postulaciones aludidas. Lastimosamente, tenemos un CNE más preocupado en como confundir a los electores de la alternativa democrática que en defender la Constitución.

No solo guarda silencio el CNE. La Fiscalía debió actuar de oficio ante la nota de prensa publicada en Últimas Noticias, en fecha 29 de octubre del 2015, en la que Nuvipa declara que es “el brazo social de la Iglesia cristiana en Venezuela” y que “los candidatos postulados por Nuvipa son pastores cristianos con amplia trayectoria y trabajo social” constituyéndose tal aseveración en Noticia Criminis. La Sala Electoral del TSJ debió manifestarse en calidad de garantes del respeto a la Constitución, pero eso tampoco ocurrió. Este silencio institucionalizado solo puede interpretarse como complicidad ante el intento burdo de instituir una teocracia en Venezuela. No es exagerado. Un concejal, un diputado o un presidente más interesado en el respeto a su interpretación del orden divino antes que en las demandas ciudadanas y públicas es el paso inicial del fanatismo religioso que en este instante ocasiona guerra y muerte en el Medio Oriente y, tal como se vislumbra tras los ataques terroristas en París, hasta podría ocasionar la Tercera Guerra Mundial.

Demandas de obvia actualidad y que constituyen claramente el reconocimiento de Derechos Humanos, tales como: Derechos reproductivos de la mujer, matrimonio igualitario, homoparentalidad, educación laica o despenalización de la eutanasia, no podrían siquiera debatirse. No obstante, en los recorridos que como activista político realizo a diario, me reconforta asegurar que pese a la amenaza antirrepublicana del conservadurismo religioso y sus cómplices en el actual régimen, el pueblo venezolano defenderá su Estado Laico con votos negándoles toda representación parlamentaria a dichas manifestaciones electorales retrógradas. Al César lo que es del César…

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