Doce años del Partido Acción Nacional (PAN) en Los Pinos han sido suficientes para mermar considerablemente el Estado laico, régimen que surge a mediados del siglo XIX, gracias a los esfuerzos de Benito Juárez, quien expidió las Leyes de Reforma con el propósito de “organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal y representativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de cualesquiera otras corporaciones”.
El Estado laico recibió la primer embestida, no de un panista, sino del priísta Carlos Salinas de Gortari, en cuya administración “se formalizaron las relaciones con la Iglesia católica, y el Estado laico fue perdiendo progresivamente esa condición…”. De Salinas a Calderón han sido constantes las embestidas al Estado laico, principio que no se identifica con una determinada confesión religiosa, y que ha sido el pilar de nuestra democracia y de la paz social que todavía disfrutamos.
Con la llegada de Vicente Fox Quesada a Los Pinos, los golpes al Estado laico fueron contundentes. Fue en la administración del guanajuatense cuando “el clero católico comprometió a los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados constitucionales a la Iglesia…”. El propio Fox, a lo largo de su sexenio, violentó en varias ocasiones la Constitución y la condición laica del Estado mexicano, llegando al extremo de inclinarse ante el papa Juan Pablo II para besar su sortija, acto de sumisión indigno de un Estado que se presume laico.
El sexenio de Fox fue prolífico en violaciones al Estado laico. El beso al anillo papal fue de lo más grave, pero no lo único; podemos incluir entre las provocaciones de su gestión los “arrebatos verbales” de quien en ese sexenio se desempeñó como secretario de Gobernación. Me refiero a Carlos Abascal Carranza, un político de quien Carlos Monsiváis dijera; “apenas toma la palabra instala su púlpito virtual”. El fallecido escritor entendía y justificaba el proceder de Abascal “como ciudadano y creyente”, pero no como secretario de Estado, “porque no hay tal cosa como un señor que mientras vigila el proceso electoral es laico, y que deja de serlo al menospreciar por completo la estructura ética de la institución en donde devenga salarios y tribunas” (Milenio, 14 de febrero de 2006).
En la actual gestión, el presidente Felipe Calderón ha violentado en repetidas ocasiones el Estado laico. Entiendo que en este espacio no es posible hablar de todas y cada una de esas violaciones, pero me referiré a la más reciente de ellas: su viaje al Vaticano para invitar al papa Benedicto XVI a Guanajuato, estado donde no únicamente lo acompañó, sino que participó en la misa y tomó, inclinado y sumiso, la comunión de manos de Joseph Ratzinger.
La peor estocada al Estado laico tuvo lugar el 15 de diciembre de 2011. Ese día, con 119 votos del PRI y PAN, la Cámara de Diputados aprobó en “fast track” la reforma del artículo 24 constitucional, abriendo la puerta para la realización de actos de culto en los edificios oficiales o la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Dada la postura pro clerical del Partido Acción Nacional, la actuación de los diputados de ese organismo político se esperaba a favor de la reforma, no así la de los legisladores priístas, quienes al votar a favor de dicha modificación transgredieron no sólo la Carta Magna, sino también la Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional: “Garantizada por la Constitución la libertad de creencias, el PRI considera al Estado laico como un compromiso histórico irrenunciable y factor básico de la convivencia social y la vida republicana” (Principio 25).
El PAN, a quien el pueblo de México le dio la espalda en las pasadas elecciones, está a punto de salir de Los Pinos, pero quiere llevarse la satisfacción de haberle cumplido a la jerarquía católica dándole una reforma cuya intención es otorgar prerrogativas a la Iglesia mayoritaria en detrimento de las minorías religiosas del país.
Es urgente que los congresos estatales saquen de la congeladora la reforma del artículo 24 y den respuesta a las voces que, a lo largo y ancho del país, exigen su rechazo. Los diputados de las legislaturas que tienen congelada la referida modificación deben de tomar en cuenta que en una sociedad plural como la nuestra, el Estado no debe tomar partido por ninguna concepción moral y/o religiosa en particular, pues, de hacerlo, estaría faltando al principio de no discriminación con el que debe gobernarse todo Estado laico.