El templo de San Juan de los Panetes fue inmatriculado en 1989 por el arzobispo pese a que está inventariado y es propiedad pública
El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, acaba de confirmar que la jerarquía católica se apropió de la Iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, considerada una de las joyas del arte mudéjar aragonés por su famosa torre inclinada del siglo XVI. En una resolución de la DGP, el Ministerio de Hacienda y Función Pública es taxativo sobre la titularidad del bien: “Su pertenencia al Estado está clara”. San Juan de los Panetes figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, según corrobora la DGP, y es un monumento afectado al Ministerio de Educación.
Esa circunstancia no impidió, no obstante, que el Arzobispado de Zaragoza inscribiera el monumento a su nombre en 1989 a través del privilegio claramente inconstitucional de las inmatriculaciones, que le ha permitido a la Iglesia católica apropiarse de miles de bienes del patrimonio histórico de todo el país. El Estado podrá recuperar este tesoro artístico, declarado Monumento Nacional desde 1933, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y el impulso del colectivo ciudadano MHUEL y la Coordinadora Recuperando.
La resolución de la Dirección General del Patrimonio demuestra que el procedimiento de las inmatriculaciones les ha otorgado a los obispos una prerrogativa arbitraria y sin garantías jurídicas, sobre la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya sentenció en términos muy duros al condenar al Estado a una fuerte indemnización por permitir que la Iglesia se apropiara de otro templo en Ucieza.
La inscripción de San Juan de los Panetes, además, se produjo debido a una presunta negligencia del registrador de la propiedad y en fraude de ley, ya que el arzobispo de Zaragoza la inmatriculó nueve años antes de que el ex presidente José María Aznar reformara la normativa para ampliar el privilegio de los diocesanos a la inmatriculación también de los templos de culto, hasta entonces considerados de dominio público.
El dictamen de la DGP confirma igualmente que el uso religioso y la condición objetiva de iglesia no predeterminan su titularidad, lo que vuelve a tumbar uno de los argumentos usados sistemáticamente por la jerarquía católica para apropiarse de gran parte del legado cultural. No es la primera vez que la Iglesia se ve obligada a devolver bienes religiosos inmatriculados. Es el caso, entre otros, de las ermitas de Aranda de Duero, Ochagavía y los Santos Mártires, esta última en Córdoba.
La Dirección General de Patrimonio también certifica en esta misma resolución que el Arzobispado de Zaragoza registró a su nombre “sin título de dominio inscribible” otras tres joyas arquitectónicas del mudéjar aragonés: la Catedral de San Salvador, la Iglesia de la Magdalena y Santiago el Mayor. En estos tres casos sorprendentemente acepta como prueba de propiedad las inmatriculaciones diocesanas, cuyo procedimiento rechaza, en cambio, en el supuesto de San Juan de los Panetes.
La Coordinadora Recuperando considera que este expediente vuelve a poner de manifiesto la pasividad de las administraciones públicas en su obligación de defender el patrimonio cultural, que es objeto de un proceso sistemático y arbitrario de apropiación por parte de la jerarquía católica. Por ello, presentará una queja formal ante la Dirección General de Patrimonio y el Defensor del Pueblo. La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos MHUEL, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Redes Cristianas, Europa Laica, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Asturiano o la recién constituida Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla.
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