Cinco colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, llevan este martes al Parlamento europeo “el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha permitido apropiarse de miles de bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria”.
Así lo han explicado en un comunicado las mencionadas asociaciones, entre las que también figuran las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, destacando que, “aunque la disposición ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos”.
Por este motivo, los citados colectivos pretenden reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán “la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más importantes del mundo”.
Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que espera “concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE”.
De hecho, según ha señalado los colectivos, “varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana” y, “en todo caso, el propio martes se analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)”.
“El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica — prosigue el comunicado– da de esta manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho”.
Los colectivos de defensa del patrimonio histórico han declarado “confiar en una mayor comprensión en Europa del grave problema que representa la monumental apropiación de inmuebles de dominio público por parte de la jerarquía católica que hasta hace escasos años nunca habían accedido al registro de la propiedad privada”.
Las plataformas han explicado por último que, “hasta ahora todas las iniciativas para evitar el expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria”
