El doctor Morín dice que los controles de Salud avalan la legalidad de los abortos

El doctor Carlos Morín, acusado de practicar un centenar de abortos ilegales, ha defendido hoy su inocencia y ha afirmado que la actividad de sus clínicas en Barcelona era controlada de forma estricta por la Administración. En la segunda sesión del juicio, Morín ha explicado que el Departamento de Salud realizó numerosas inspecciones, sin previo aviso, a la clínica Ginemedex. Todos los abortos, ha dicho, se comunicaban puntualmente al Instituto Catalán de la Salud (ICS). El doctor de origen peruano ha revelado que la administración pública financió algunas de intervenciones hechas en sus clínicas.

Morín ha respondido a las preguntas de su abogado, pero no a las de las acusaciones: fiscalía, ECristians, Alternativa Española, la Fundación Tomás Moro y el Colegio de Médicos de Barcelona. El doctor se ha presentado como un "pionero" que, a través de la fundación que lleva su nombre, ayudaba a mujeres de Sudamérica. Contra la acusación de la fiscalía de actuar con un "afán desmedido de lucro", Morín ha defendido que el importe máximo que se cobraba por aborto eran 2.200 euros. Morín ha afirmado que participó en algunos abortos, que disponía de un equipo de profesionales cualificados y que en ocasiones alquilaba sus instalaciones. Pero, sobre todo, como director de los centros, su papel era el de permitir los abortos. El doctor ha sostenido que insistían en preguntar a las pacientes si estaban seguras de que querían abortar.

Un centenar de mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Carlos Morín en Barcelona pueden verse en apuros por el juicio que se celebra estos días contra Morín y otras 11 personas. Las mujeres deberán declarar como testigos en la vista oral para explicar su caso y detallar, entre otras cosas, si las visitó un psicólogo antes de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. El tribunal ha advertido hoy, sin embargo, que se trata de testigos "muy especiales", por lo que, a diferencia de lo que ocurre normalmente, tendrán derecho a no contestar a algunas preguntas que puedan inculparlas.

El tribunal ha advertido, pues, que las mujeres corren el riesgo de volver a ser imputadas por un presunto delito de aborto ilegal. La explicación de ese riesgo hay que buscarla en el camino que ha llevado hasta aquí. En un primer momento, la juez de instrucción imputó a las mujeres, que tuvieron que declarar ante la Guardia Civil y, más tarde, en sede judicial. Su imputación causó gran revuelo, ya que sus identidades y sus historias personales salieron a la luz y se incorporaron a la causa. Las mujeres, finalmente, quedaron exculpadas mientras se seguía la causa contra Morín (para quien la fiscalía pide más de 300 años de cárcel) y sus colaboradores. Pero hubo un problema que ahora, en el juicio, los magistrados han puesto de relieve. Resulta que la juez de instrucción, Elisabet Castelló, dictó el archivo provisional, pero no el definitivo. En la práctica, eso significa que el caso no está cerrado del todo para ellas. Y que, en función de lo que declaren (por ejemplo, si admiten que sabían que iban a someterse a un aborto ilegal) podrían ser de nuevo imputadas.

Como todo el mundo tiene derecho a no declarar contra sí mismo, el presidente del tribunal permitirá que no contesten a algunas preguntas. La decisión dificulta, a priori, la capacidad de las acusaciones (fiscalía, E-Cristians, Alternativa Española y el Colegio de Médicos de Barcelona) para demostrar que hubo abortos ilegales.

El tribunal, por otra parte, ha rechazado hoy la petición de las defensas de que se anule el juicio. Y ha decidido que el vídeo grabado con cámara oculta por la televisión danesa (que destapó el caso) no sea válido como prueba.