Ureña habría exigido al joven que pidiera la pérdida del estado clerical. El Arzobispado de Zaragoza lamenta lo ocurrido y anuncia una investigación
Miedo al poder de la Iglesia católica. Eso es lo que sintió Daniel Peruga Martí para no denunciar ante un juez los presuntos abusos sexuales sufridos cuando ejercía de diácono con el párroco de Épila, Miguel Ángel Barco.
Así lo reveló este joven de 27 años a varios miembros de la curia zaragozana que le apoyaron y que le asesoraron para contar las presuntas vejaciones al ahora arzobispo emérito, Manuel Ureña, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.
La esperanza del diácono, natural de Monzón, residía, según estas mismas fuentes, en darlo a conocer solo en el seno de la Iglesia y que esta tomara medidas en contra del presunto autor de los tocamientos. Sin embargo, la única acción que se tomó en un primer momento fue trasladarlo a la parroquia del Rosario, en el barrio zaragozano de la Almozara. Ese fue el paso previo a recibir una comunicación por parte del Arzobispado de Zaragoza en el que se le decía que no iba a ser ordenado sacerdote.
Inmediatamente, este joven fue a pedir explicaciones, tal y como lo dictan las leyes de la Iglesia, si bien nadie se las dio, salvo un religioso, quien le dijo que habían recibido un informe del Seminario de Pamplona en el que se le definía como una persona "perezosa".
Ante ello, el joven volvió a llamar a las puertas del Palacio Arzobispal para pedir explicaciones. Se sintió desconcertado debido a que las personas que le habían escuchado, entre ellos el actual administrador diocesano de la Archidiócesis, Manuel Almor, tras la salida forzosa de Ureña, le habían dado la espalda, según estas mismas fuentes.
En ese momento comenzaron las negociaciones para cobrar un dinero que asciende a más de 100.000 euros. La idea era que recibiera un sueldo como ocurre con todos los seglares, si bien se le ofreció una cifra elevada a cambio de su silencio.
CELIBATO
Una de las cláusulas que pactó, según pudo saber este diario, fue que solicitara por propia voluntad, a través de una instancia dirigida al Papa, la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato. Condición que aceptó Daniel Peruga.
El Arzobispado de Zaragoza reconoció, a través de una nota firmada por Almor, que "puede justificar el pago extraordinario de la cantidad de 60.000 euros netos con el joven, a través de la nómina del mes de noviembre". Una cantidad que sería el único pago realizado con fondos de esta institución.
En esa misiva también señala que el Papa "aceptó la renuncia al gobierno pastoral de Zaragoza por motivos de salud", rechazando que, como pudo saber este diario, el Vaticano fuera quien forzara el cese de Ureña.
Por último, esta carta se dirige a los feligreses para decirles que "lamenta profundamente y comparte el malestar que pueda producirse en la comunidad". Por ello, el administrador diocesano anuncia una investigación.
Ureña (derecha) junto al administrador diocesano Manuel Almor. – Foto: ÁNGEL DE CASTRO
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