Francisco Javier Martínez se comprometió a estar ayer a las diez de la mañana en la Curia para recibir la notificación sobre el ‘caso Romanones’
El juez ordenó a la Policía que averiguase el domicilio del prelado para darle un auto
El artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que los jueces podrán ordenar a la Policía Judicial que localice el lugar en el que residen las personas que están inmersas en un procedimiento para comunicarles lo que sea menester. En concreto, el citado precepto legal dice lo siguiente: «Si el que haya de ser notificado, citado o emplazado, no tuviere domicilio conocido, el juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el secretario judicial se dirigirá a la Policía Judicial, registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación».
Pues bien, este pasado jueves, el magistrado que investiga el denominado ‘caso Romanones’, un escándalo sobre supuestos abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia de Granada, se vio obligado a recurrir al artículo 178 de la Lecrim para ‘situar’ el domicilio del arzobispo, Francisco Javier Martínez. El jurista adoptó esa decisión después que los funcionarios del juzgado hubiesen intentado sin éxito entregar al prelado un auto -resolución motivada- en el que se le exigía que colaborase con la justicia si no quería arriesgarse a ser acusado de desobediencia.
Cuando los notificadores llegaron a la Curia, el imponente palacio arzobispal situado frente a la Catedral que es la residencia oficial de los arzobispos, Martínez no estaba allí. Fue entonces cuando el juzgado pidió a la Policía que averiguase dónde paraba el prelado habitualmente.
IDEAL se dirigió ayer al Arzobispado de Granada para preguntar si monseñor Martínez estaba el jueves fuera de la capital, pero no pudo confirmar ese extremo. Las fuentes consultadas indicaron que ese día no había previsto ningún acto en su agenda oficial, pero precisaron que ese dato no es determinante porque también podría haber estado ausente por motivos privados.
Sea como fuere, Martínez se comprometió a estar en la Curia a las diez de la mañana de ayer para recibir la notificación, pero los medios consultados no pudieron confirmar si finalmente se produjo el encuentro, aunque todo apunta a que sí sucedió. De hecho, el propio Martínez declaró el jueves a la COPE, la emisora radiofónica propiedad de la Conferencia Episcopal, que «de ningún modo» pretendía «evadir la acción de la justicia».
«No ha existido colaboración»
Si, efectivamente, el prelado recibió ayer viernes la notificación, dispone de tres días hábiles para entregar la documentación referida a la ‘caso Romanones’, aunque, ahora que ya lo tiene, también podría recurrir el auto ante el propio juez, lo que retrasaría el desenlace durante unos diez días.
Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital, dictó el martes una resolución en la que concedía a Martínez un plazo de tres días para que le entregase una serie de documentos sobre el ‘caso Romanones’, si no quería arriesgarse a ser acusado de un delito de coacciones, de denegación de auxilio a la justicia -o ambas cosas a la vez- o incluso de falsedad. En concreto, el juez viene reclamando, desde noviembre de 2014, al arzobispo «copia íntegra» de las declaraciones de los diez sacerdotes y dos laicos que fueron imputados en un primer momento en el ‘caso Romanones’. Pero ninguno de es requerimientos judiciales surtió efecto.
En este sentido, la conclusión del magistrado era muy dura: «No ha existido colaboración por parte del señor arzobispo de Granada». En otro pasaje de su escrito, el juez incidía en este mismo tema cuando recordaba que las «alegaciones» de cooperación «expuestas por el señor arzobispo (…) nunca» se han cumplido. Martínez siempre ha sostenido que esa no era su intención.
