Es una cuestión de valentía política, porque la sociedad española hace ya mucho tiempo que expresa de forma consistente y reiterada su apoyo a que se regule la ayuda a morir. Que el PSOE haya anunciado ahora su disposición a presentar una propuesta conjunta con Unidos Podemos para regular la eutanasia significa que por primera vez hay posibilidades reales de que prospere. La proposición legislativa que había presentado Unidos Podemos ha sido rechazada, pero el acuerdo de este jueves cambia por completo el escenario.
Hay que elogiar a Unidos Podemos por haber tomado la iniciativa, pero para que no quedara en el limbo de las propuestas testimoniales era imprescindible buscar los consensos políticos necesarios. Eso es lo que han escenificado en su encuentro Pedro Sánchez y Alberto Garzón. La coyuntura política hace posible que la iniciativa tenga ahora recorrido. Dependerá de otras fuerzas políticas el que pueda prosperar, y particularmente de Ciudadanos, que se verá en la tesitura de demostrar su talante liberal en una cuestión que goza de amplio apoyo ciudadano.
La regulación de la eutanasia supondría una importante extensión de la libertad individual y pondría de nuevo a España entre los más avanzados en materia de derechos civiles, como ya ocurrió con la regulación de las técnicas de fecundación asistida o el matrimonio homosexual. Esta es una de las asignaturas pendientes de la política española y si no se ha concretado antes una propuesta, pese a existir una opinión pública favorable, es por temor la agitación que pudiera organizar la parte más retrógrada de la Iglesia católica.
Pero la sociedad española figura, encuesta tras encuesta, entre las más liberales en materia de costumbres, tolerancia a la diversidad y libertades individuales. La Iglesia ya se opuso con vehemencia al divorcio, la regulación del aborto o al matrimonio homosexual. Como en esos debates, lo que se dirime en este caso es una cuestión de libertad. Regular la eutanasia supone abrir la posibilidad de decidir, en determinados supuestos muy acotados, cuándo y cómo morir, pero hacerlo es un derecho, no una obligación.
La existencia de la ley no obliga a nadie a acogerse a ella. Quienes consideren que su vida no les pertenece, pueden simplemente ignorarla. La misma libertad que ampara esa creencia, ampara a quienes creen que han de poder decidir morir si creen que su vida no tiene sentido para ellos porque están atrapados en un cuerpo que solo les reporta sufrimiento.
Una sociedad abierta y liberal no debe permitir que las creencias de la minoría se impongan como una limitación a la libertad y la autonomía de la mayoría. Como decía Ramón Sampedro, el tetrapléjico que abrió el debate en los años noventa, existe el derecho a la vida, pero no la obligación de vivirla a cualquier precio. El PSOE y Unidos Podemos han dado un paso valiente con el acuerdo. Ahora tienen ante si el reto de articular una propuesta concreta y propiciar un debate en profundidad para alcanzar el consenso más amplio posible.
