Ángel Gabilondo presenta a la Cámara Baja su informe sobre la pederastia eclesial, subraya que España fue “de los últimos” países en abordar la cuestión, recuerda que el trabajo no concluye con la investigación e insta a Congreso y Senado a que den un paso adelante
“Se requiere algo más, y es decisivo: la adopción de medidas concretas”. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado este martes a Congreso y Senado a que adopten medidas para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, una tarea aún pendiente de realizar por el Estado tras abordar la extensión del problema en su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Una respuesta necesaria.
Gabilondo ha presentado su investigación ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, a la que ha instado a actuar para avanzar en la restauración de las víctimas, elemento central del trabajo realizado por la institución, según ha recordado. En su intervención, el Defensor ha subrayado que todo lo sucedido en este ámbito se ha debido al “silencio y ocultación” en torno a los abusos, tanto de la Iglesia como de otras instituciones responsables, al menos, de velar por la seguridad de los menores. “No es cierto decir que todos los sabían, pero tampoco decir que nadie lo sabía”, ha explicado. Ha recordado el Defensor en este sentido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado en alguna ocasión que el Estado no puede desinhibirse del cuidado de los menores en ninguna circunstancia.
El Defensor del Pueblo ha esperado que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos “contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes”.
“No se pretende dejar zanjada la cuestión”
Gabilondo ha recordado que la labor no concluye con la realización del informe y ha exigido a Congreso y Senado que empiecen a adoptar medidas que sirvan para reparar a las víctimas. “No se pretende haber ofrecido la respuesta ni dejar zanjada la cuestión”, ha recordado. “Está pendiente o en el mejor de los casos produciéndose”, ha insistido, mientras informaba de que España ha sido “de los últimos países” en investigar la cuestión, cuando en otros como Francia, Bélgica o Canadá ya han hecho actualizaciones de investigaciones pasadas.
El Defensor del Pueblo ha explicado que su institución propone 24 recomendaciones concretas para reparar a las víctimas, articuladas en torno a cinco ideas centrales: la necesidad de reconocer el problema por parte de los poderes públicos; la comprensión del mismo; considerar las causas y consecuencias; la puesta en evidencia de la manera en que se ha abordado el problema, que ha consistido en la negación o minimización; la reparación y asunción de responsabilidades. La recomendación del Defensor del Pueblo es crear un fondo estatal para la reparación. La duda es si debe estar alimentado por el Estado, por la Iglesia o a medias.
Vox ha presentado a la Iglesia poco menos que como una víctima de los abusadores, «que han utilizado a la Iglesia para encubrir sus crímenes»; el PP ha defendido que la Iglesia sí ha colaborado con la investigación y ha afeado a Gabilondo que no haya investigado todos los crímenes
En el turno de réplicas de los grupos parlamentarios, todos los intervinientes se han mostrado consternados por el panorama que dibuja el informe de Gabilondo, excepto Vox, que ha cargado contra el Defensor del Pueblo insinuando que solo la investigación podría constituir una malversación y contra Sánchez por una amalgama de razones que iba desde la ablación en Mauritania hasta la ley del solo sí es sí, y algo menos el PP, que sí ha condenado los abusos en la Iglesia, pero ha lamentado que se haya dejado fuera “el 95% de los casos”, todos los que en opinión de la diputada Carmen Navarro se producen fuera del ámbito de la Iglesia. Ambas formaciones, la primera con más entusiasmo pero también la segunda, han rechazado los abusos, pero han respaldado la labor actual de la Iglesia católica para lidiar con esta situación.
Vox ha presentado a la institución poco menos que como una víctima (“los criminales han utilizado a la Iglesia para encubrir sus crímenes”, ha explicado el diputado Ignacio Hoces), ha acusado al Gobierno de “atacar a la Iglesia católica” y de no investigar a todas las víctimas de los abusos sexuales y el PP ha defendido que la Iglesia sí ha colaborado con la investigación, afirmación que contradice el informe de Gabilondo.
El Defensor del Pueblo se ha agitado ante lo que ha considerado un intento de minimizar lo sucedido. “¿Que no es para tanto? Dígaselo a las personas que lo han vivido”, ha retado a los diputados. El mayor enganchón lo ha tenido Gabilondo con el diputado de Vox, quien después de hablar en la presentación de un informe sobre pederastia de ablaciones en Mauritania, del “peligro de importar medio millón de inmigrantes” y de “sobredimensionar” los abusos en la Iglesia ha acusado al Defensor del Pueblo de “manipulación y demagogia”. En su segunda réplica Gabilondo no le ha contestado.
450.000 víctimas vinculadas a la Iglesia
El informe del Defensor del Pueblo, de 777 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una muestra de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
La encuesta revela que, en general, un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculados a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido. “Creemos que son unos datos muy significativos, aunque no es necesario extrapolarlos y por eso no lo hemos hecho en el informe”, explicó en su momento el Defensor del Pueblo.
Ángel Gabilondo ha enfatizado, de nuevo, la importancia de los testimonios, recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas porque “revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas”.
En el Informe se recogen los testimonios de 487 víctimas, obtenidos en entrevistas realizadas tanto en Madrid como en otros puntos de la geografía nacional. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas subrayan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
En cualquier caso, el objetivo del informe no era cuantificar de manera indubitada y “en una cifra concreta” el número de víctimas de abusos sexuales, ha insistido Gabilondo. “Pretenderlo habría implicado ignorar el silencio de algunas víctimas o el fallecimiento de otras”, ha recordado el Defensor. Todos los testimonios recogidos por el Defensor, ha recordado Gabilondo, tenían entre 30 y 70 años; la mayoría de ellos están en la cincuentena.
Críticas de PP y Vox a la investigación
La segunda parte de la intervención de Gabilondo se ha centrado en las críticas vertidas por PP y Vox a la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. Ambos partidos han acusado a Gabilondo de realizar una investigación dirigida y limitada, que deja fuera la mayoría de los casos de abusos, han dicho, y sin competencias. Hoces, de Vox, ha llegado a insinuar que el Defensor malversa al entrar en esta cuestión.
Gabilondo ha explicado en su réplica que él había recibido una encomienda del Parlamento y eso ha hecho. Además, ha revelado, la fundación Abogados Cristianos ya presentó una querella por prevaricación, malversación, provocación a la discriminación y al odio por hacer el informe. El Defensor ha informado de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitió la querella mediante un auto.
Vox y el PP habían insistido en sus intervenciones en que Gabilondo se había dejado fuera la mayoría de los casos de abuso, por ejemplo los supuestos abusos a menores tutelados en Baleares y Asturias (ha dicho Vox, el Defensor le ha reprochado que se haya “olvidado” de citar a Madrid, donde también ha sucedido) o en otros ámbitos, como el educativo o el familiar.
Gabilondo se ha mostrado dispuesto a ampliar la investigación si así se le encomienda (“aunque este tardará más”, ha advertido), ha reseñado que su institución no ataca a nadie pero sí ha subrayado que “la Iglesia no es una institución como el resto, se le requiere un proceder ejemplar” y ha valorado que “todas las medidas que está tomando la Iglesia son muy positivas, especialmente en las congregaciones religiosas” y ha insistido a diputados y senadores en que impulsen medidas de reparación.
