El cura que denunció al arzobispo le culpa de actuar en represalia a Cajasur

El sacerdote que denunció por supuesto acoso moral -entre otros delitos- al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, llegó a la conclusión de que éste actuó "en represalia" contra él por su relación con la entidad cordobesa Cajasur que, en la etapa de Antonio Cañizares como prelado granadino, cerró varios acuerdos con la diócesis granadina no sólo para rehabilitar el patrimonio de la Catedral sino también para la divulgación de la riqueza artística del templo metropolitano.

Precisamente el encargo para elaborar un libro sobre la Catedral, cuya coordinación recayó en el denunciante Javier Martínez Medina, se convirtió en el detonante de un insólito juicio que sentará la próxima semana en el banquillo al arzobispo de Granada acusado de supuesto acoso moral, coacciones, lesiones psíquicas e injurias y calumnias. La acusación. según su escrito de conclusiones provisionales, pide penas de multa por importe de 45.000 euros en lugar de cárcel, y la Fiscalía, en cambio, en su escrito de conclusiones, solicita que sea absuelto de todo cargo, al igual que la defensa del arzobispo.

Llama la atención, no obstante, que en el escrito de acusación de Javier Martínez Medina, profesor de la Facultad de Teología y archivero capitular del templo, se aluda al "duro enfrentamiento institucional y personal" que el arzobispo mantuvo en Córdoba, durante su etapa de obispo, con la entidad Cajasur.

Desde que fue nombrado arzobispo de Granada el 1 de junio de 2003, Francisco Javier Martínez Fernández, "en represalia por la confrontación sufrida con la entidad cordobesa, decidió romper toda relación, incumplir los acuerdos alcanzados por su predecesor [Cañizares] paralizando el proyecto del Gran Museo de la Catedral e impidiendo a toda costa que se publicara el libro sobre el gran templo metropolitano que financiaba Cajasur", precisa el escrito.

Fue, a partir de entonces, cuando, según el denunciante, "comenzó a acosarlo, vejarlo y humillarlo en represalia a su relación con Cajasur tratando de conseguir, por la fuerza e intimidación, que se marchara de la Catedral, de la que era canónigo, que abandonara sus cargos relacionados con el patrimonio y que no ejecutara los proyectos en marcha".

De hecho, firma un decreto ordenándole el cese de todas sus responsabilidades, en el que arzobispo hace constar "los vínculos con Cajasur" del canónigo aunque luego rectifica, revocando parte del decreto y aclarando que "el motivo del cese en las responsabilidades confiadas no es esa vinculación, sino el bien de la Iglesia, es decir, la libertad de la Iglesia y la del obispo diocesano en la orientación de la gestión del patrimonio de la Diócesis".

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