Rafael Vez lleva más de tres años apartado de sus labores eclesiásticas y esperando la sentencia de un juicio que se celebró en 2022, tras criticar los despidos y desahucios en la diócesis gaditana.
Suspendido desde hace más de tres años de su labor de sacerdote, profesor de seminario y canónigo de la catedral de Cádiz, Rafael Vez lleva dos esperando el final de un juicio que comenzó en febrero de 2020 por sus denuncias contra la gestión «neoliberal» del obispo de esa diócesis, Rafael Zornoza Boy. «Es una vergüenza», dice a Público mientras espera una sentencia que nunca llega.
A Rafael Vez le juzga el Tribunal Eclesiástico de Cádiz y le acusa el promotor de justicia -lo que sería el fiscal en la jurisdicción ordinaria-, nombrado por decreto por el obispo Zornoza para este caso, Rafael Rabasco, sacerdote de la provincia de Córdoba licenciado en Derecho. Rabasco le acusa de violar el quinto y el octavo mandamiento de la Ley Divina y la Ley Canónica por los comentarios que hizo en redes sociales y en medios de comunicación contra el obispo, es decir, contra la misma persona que lo designó ad casum para ejercer como denunciante y acusador.
En esos comentarios, Vez denunció una veintena de despidos de trabajadores en entes dependientes del Obispado de Cádiz y Ceuta como Cáritas, desahucios de viviendas y locales y también cierres de centros de emergencia social en la provincia con más paro de España.
De esa forma, se convirtió en la cabeza más visible del clero gaditano que se opone a lo que considera una gestión más mercantilista que cristiana de Zornoza, quien había llegado en 2011 a esa diócesis procedente de Getafe, donde ejercía como obispo auxiliar en los tiempos que el ultraconservador Antonio María Rouco Varela presidía la Conferencia Episcopal.
Rafael Vez sigue apartado de todas sus labores, cumpliendo una penitencia preventiva
Rafael Vez fue suspendido de sus funciones como sacerdote después de 30 años ejerciendo de párroco en Ceuta, Puerto Real, San Fernando y Conil; como profesor del seminario de Cádiz; tras 23 años dando clases de Liturgia Fundamental y Homilética, y como canónigo maestro de ceremonias de la catedral de Cádiz. Y a la espera de que termine un juicio que comenzó hace ya dos años, sigue apartado de todas sus labores, cumpliendo una larguísima penitencia preventiva.
En el juicio ya han declarado acusado, testigos, se han presentado informes, escritos de conclusiones, se han hecho hasta dos ofertas de mediación para retirar la demanda penal, pero el veredicto sigue sin llegar. «No tienen ningún respeto a la defensa y la dignidad del acusado. Esto y la suspensión cautelar es un abuso de poder en toda regla», se lamenta el sacerdote.
Confinamiento en un monasterio bajo custodia espiritual
La mediación para resolver el juicio mediante un acuerdo entre las partes antes de que se dicte sentencia la ha propuesto el promotor de justicia, pero sus condiciones han sido consideradas completamente inaceptables por Rafael Vez.
En la última propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, se le ofrece la retirada de la demanda, la renuncia a emprender cualquier acción procesal canónica y la reincorporación al ministerio sacerdotal a cambio de un «retiro» de entre dos y tres años en una casa religiosa, bajo la guía y dirección espiritual de un sacerdote elegido por el obispo.
Esta última propuesta de confinamiento espiritual suaviza, no obstante, la que le había hecho anteriormente el promotor de justicia en otra oferta de acuerdo: en la primera, el «retiro» debía prolongarse hasta cinco años bajo la custodia espiritual, igualmente, de un sacerdote designado por el prelado. «Me perdonaban a cambio de tenerme cinco años en un monasterio y luego ya pensarían cómo me incorporaría de nuevo a mis ministerios», afirma Rafael Vez.
El sacerdote debería acudir a los medios de comunicación para leer una solicitud de clemencia
Además, para conseguir el perdón de la Justicia eclesiástica, el sacerdote acusado por sus denuncias públicas contra el obispo debería acudir a los medios de comunicación, que ha utilizado «con maledicencias y falsedad», para dar lectura de un escrito de solicitud de clemencia y petición de perdón. Y no solo eso. También debería retirar todos los mensajes, noticias y comentarios publicados en contra del obispo, de sus colaboradores y la diócesis en sus perfiles de Facebook y X (antes Twitter).
El escrito de clemencia y perdón que debería firmar el sacerdote para que la acusación retire la demanda que pesa contra él comienza así: «Deseo y quiero reconocerle el indigno y mal proceder con el que me he venido expresando desde tiempo atrás en mis declaraciones y actuaciones…»
Y, más adelante, el escrito propuesto por la acusación continúa de esta forma: «Reconozco que han sido mi soberbia y falta de humildad, inaceptables en un presbítero de la Iglesia católica, lo que me ha llevado a enfrentarme de forma obcecada e irracional con mi obispo incitando a levantar críticas, injurias y sospechas hacia su persona y sus colaboradores en la curia (…), causando con mi forma de actuar un grave escándalo y daño irreparable a las víctimas, a la diócesis y a la propia opinión pública por la dimensión mediática que han tenido todas mis actuaciones y la de aquellos que me han seguido y apoyado en mi mal proceder».
Como colofón, Vez debería suscribir el siguiente párrafo para obtener el perdón: «Suplico humildemente la clemencia y el perdón de mi obispo y pastor, ante el mal que he infringido, con el firme propósito de corregirme y vivir ejemplar y santamente mi ministerio sacerdotal de ahora en adelante, y con la obligación de reparar debidamente el daño y escándalo que he causado a la Iglesia y a la buena fama de sus hijos e instituciones ante los fieles y la opinión pública».
Exiliado de Conil
«Las condiciones son inviables. Lo de irme unos años a un monasterio es un castigo que es un invento suyo y luego, cuando volviese, sería el obispo el que decidiese mi destino», subraya Vez, que vive en Conil, localidad donde ejerció seis años como párroco hasta su suspensión, cuyo alcalde, de IU, salió en su defensa cuando fue cesado y en la que ya no podría residir si firmase la propuesta del promotor de justicia, porque en ella se exige expresamente que debe irse del municipio.
El obispado quiere que este sacerdote se vaya a vivir a Puerto Real, donde le destinaron como capellán del hospital después de haber sido cesado como párroco de Conil. Sin embargo, Rafael Vez se negó a ese destino en plena oleada de la covid, porque sufre un problema del corazón que le convertía en persona de máximo riesgo en un centro sanitario, en medio de una pandemia.
«Ya estoy cansado de todo esto. Uno tiene derecho a vivir en paz», expresa Vez
«Ya estoy cansado de todo esto. Uno tiene derecho a vivir en paz. Me están privando de un elemento fundamental de mi vocación, de ejercer como sacerdote. Y he tenido que recurrir a familiares, a amigos, para salir adelante. No es justo. No puede ser que pase esto sólo por el capricho de una persona que no está de acuerdo con tu forma de pensar», ha declarado a Público.
A juicio del canónigo, no existe un caso similar en la Justicia eclesiástica, ni en la duración del procedimiento ni en las medidas cautelares que se han tomado con la persona denunciada. En casos de curas acusados de abusos sexuales, por ejemplo, se ha impuesto un alejamiento de las víctimas, pero no se les ha suspendido de sus misiones eclesiásticas, como sí han hecho con él, subraya. Y procedimientos de gran complejidad como el del cardenal Becciu, condenado a cinco años y medio de prisión por un fraude financiero, se han resuelto tras una investigación de poco más de dos años.
El tiempo ha ido pasando sin que el caso de este sacerdote gaditano se haya resuelto y también ha transcurrido para el obispo Rafael Zornoza, que el próximo mes de julio cumplirá 75 años y, por tanto, llegará a la edad en la que debe jubilarse y dejar el cargo. Rafael Vez sospecha que el alargamiento de su proceso judicial podría deberse también a esa circunstancia. «No sabemos si están esperando a que se vaya para resolver esto», dice.
Silencio en la Iglesia, apoyos desde fuera
Rafael Vez apenas ha contado con apoyos dentro de la Iglesia, al menos que se hayan hecho públicos. Y eso se debe, a su juicio, al miedo que existe a las represalias de la dirección del obispado, al temor de sus compañeros a seguir el mismo camino, el de la proscripción. Pero el canónigo sí ha tenido, en cambio, el amparo de muchos seglares, feligreses, grupos de cristianos de base que se han manifestado a su favor y en contra de la gestión del obispo Zornoza.
La asociación Kintsugi, formada por abogados, mediadores y psicólogos que han estado apoyando al sacerdote durante todos estos años, sostiene que ha habido muchas irregularidades en el procedimiento, empezando por el nombramiento a dedo del promotor de justicia que ejerce la acusación.
«Rafael es muy molesto, porque ha dado en la diana con sus denuncias», dice Moreno
«Aquí la imparcialidad no existe. Aquí parece que la jerarquía y su poder pesa más que lo que pueda denunciar un sacerdote. Cuando uno dice verdades como puños es molesto. Y Rafael es muy molesto, porque ha dado en la diana con sus denuncias«, dice a este periódico la presidenta de la asociación, la laboralista Auxiliadora Moreno.
A juicio de esta profesional, Rafael Vez no sólo debería ser absuelto en el juicio que se sigue contra él, sino que, además, debería de ser indemnizado por el daño que le han causado, igual que cualquier trabajador que hubiera sufrido la vulneración de sus derechos en su puesto de trabajo.
«Las medidas que se han tomado contra él son excesivas, porque sólo ha criticado la gestión económica del obispado, que él considera que no ha sido correcta. ¿Por qué lo tienen así durante más de tres años, sin poder dar clases en el seminario, sin poder ejercer como sacerdote? Es un caso muy significativo, porque, además, lo han aislado, lo han dejado solo, porque sus compañeros tienen miedo al obispo», afirma Auxiliadora Moreno.
La asociación denunció la doble vara de medir en el obispado gaditano
Su asociación denunció recientemente una doble vara de medir en el obispado gaditano: concretamente que el obispo Zornoza no hubiese tomado las mismas medidas contra el que fuera ecónomo de la diócesis, Antonio Diufaín, por haber liderado una recogida de firmas en contra de la decisión del papa Francisco de autorizar la bendición a parejas homosexuales.
Bendecir parejas en «convivencia homosexual, aunque sea de forma extralitúrgica, contradice el plan de Dios», sostiene Diufaín, que fue, precisamente, quien puso en marcha el procedimiento contra Rafael Vez con la presentación de una denuncia ante el obispo por sus comentarios en redes sociales y medios de comunicación en los que se hacía referencia a su gestión.
A Roma, al papa, se han dirigido en numerosas ocasiones por escrito los grupos cristianos de apoyo a Rafael Vez, y él mismo, denunciando la gestión mercantilista del obispo Zornoza, los despidos y los desahucios en la diócesis, y solicitando su intervención para acabar con el proceso judicial que lo mantiene apartado de todos sus ministerios eclesiásticos desde hace más de tres años.
Sin embargo, de momento, y que se sepa, lo único que ha conseguido la Santa Sede en este caso es que el promotor de justicia haya hecho una propuesta de mediación para zanjar el juicio al sacerdote gaditano con un acuerdo entre las dos partes. Esa propuesta es la que incluye el retiro en una casa religiosa durante varios años bajo custodia espiritual de un sacerdote designado por el obispo.
El nuncio del papa en España, Bernardito Auza, eso sí, ya ha estado dos veces de visita oficial en Cádiz, invitado por el obispo Zornoza para conocer la diócesis. La última vez fue en junio del año pasado, cuando asistió a la celebración del corpus en la capital gaditana.
Antes que Rafael Vez, otro sacerdote, en este caso de Vejer, Antonio Casado, se las vio con el obispado, tras denunciar que el responsable de la diócesis le había ordenado entregar las fundaciones benéficas, es decir, fincas donadas a la parroquia por particulares acaudalados para que se ofrecieran misas por sus almas o se hiciesen obras de caridad. En 2020, el Tribunal Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla le condenó por un delito de administración desleal de bienes eclesiásticos y de apropiación de dinero de la parroquia.
