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Fachada del Tribunal Constitucional.

El Constitucional estudiará en febrero y marzo los recursos contra la ley del aborto de 2010, la de eutanasia y la de educación

Conde-Pumpido priorizará en su mandato las sentencias más antiguas y de calado pendientes de deliberación. 

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha comunicado este martes a sus compañeros del órgano de garantías que convocará un Pleno a principios de febrero para abordar el recurso presentado por el PP contra la ley de plazos del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese mes se celebrará un segundo Pleno para estudiar el recurso contra la ley de eutanasia y ya en marzo se verán las impugnaciones contra la ley de educación.

Según ha informado el tribunal, la intención de Conde-Pumpido es “acelerar la resolución de asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten mayor repercusión social y política”. Así lo ha manifestado en el primer Pleno gubernativo que celebra el Constitucional desde que eligió a su nuevo presidente la semana pasada. Una reunión que ha servido también para acordar la nueva composición de las salas y secciones del tribunal.

El estudio de los recursos contra la ley de plazos del aborto será el primer paso del plan de actuación urgente que Conde-Pumpido se comprometió a llevar a cabo para poner al día al Constitucional, una de las propuestas clave que expuso para convencer a sus compañeros de erigirle presidente. 

La semana del próximo 7 de febrero tendrá lugar el primero de los encuentros del Pleno en el que se debatirá el borrador del fallo del que ha sido ponente el magistrado conservador Enrique Arnaldo. El anterior presidente de la corte de garantías, Pedro González-Trevijano, se comprometió en su día a impulsar un Pleno en el que se estudiase esta ley, pero finalmente no lo hizo. El borrador de Arnaldo lleva preparado desde el pasado mes de abril, pero González-Trevijano consideró inoportuno estudiarlo a medida que se acercaba (sobre el papel) el final de su mandato, que finalmente duró seis meses más de lo previsto. 

El nuevo Constitucional, esta vez compuesto por una mayoría de siete progresistas frente a cuatro conservadores, estudiará el borrador de la sentencia de Enrique Arnaldo y, en caso de que esta no se aprobase, el ponente podría renunciar o modificar la sentencia en favor del criterio mayoritario redactando, si lo considera oportuno, un voto particular en su contra. La renuncia de Arnaldo supondría un retraso en la deliberación del TC, dado que un nuevo ponente debería elaborar desde cero una nueva sentencia para luego llevarla a votación. 

La ley de eutanasia y la ‘ley Celáa’

A partir del 21 de febrero, el Tribunal Constitucional comenzará a estudiar la ley de eutanasia, que entró en vigor hace dos años y fue recurrida por PP y Vox. La corte de garantías estudiará, a priori durante los días 21, 22 y 23 de febrero, los recursos de ambas formaciones. Y en los días 7, 8 y 9 de marzo la corte de garantías deberá estudiar el recurso de Vox a la ‘ley Celáa’ de educación, un paso más en el proceso de desatranque de la carga de trabajo de este tribunal.

Durante el primer pleno gubernativo del TC, los magistrados recién nombrados han heredado las carteras de los salientes, de forma que serán dos mujeres progresistas las que se encarguen de otro de los asuntos pendientes del tribunal, los recursos del exdiputado Alberto Rodríguez contra su condena y la retirada de su escaño. María Luisa Segoviano se encargará de la ponencia sobre los recursos y María Luisa Balaguer, de la petición de medidas cautelares.

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