El Pleno del Constitucional va a dar por buenos todos los aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que recurrió en 2014 el PSOE, entre ellos la financiación publica de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo
El alto tribunal inicia esta semana el estudio de la ponencia redactada por el magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert y de los cinco apartados más polémicos de esta norma educativa que fueron recurridos por mas de 100 diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
La ponencia, que será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del tribunal, no ve obstáculos constitucionales a que los colegios que programan una educación diferenciada por sexo puedan recibir ayudas públicas. El texto precisa que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo.
La propuesta del magistrado Montoya avala también la constitucionalidad de la Ley Wert en cuanto a que los centros podrán «seleccionar» a los alumnos y permite la segregación a los estudiantes en «itinerarios académicos». Además el texto avala la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares y considera que el tratamiento de la asignatura de religión es el adecuado, imponiendo una alternativa obligatoria a la clase de religión.
El pleno aprobará la propuesta que avala la LOMCE porque la totalidad de los magistrados conservadores del Tribunal de Garantías votará a favor, aunque los magistrados discrepantes podrán hacer valer su opinión con sus votos discrepantes. Fuentes de la Institución apuntan a que el recurso del PSOE contra la LOMCE será desestimado por 8 votos a favor frente a 4 en contra.
El PSOE presentó recurso al considerar que la LOMCE, es una ley «mala para la democracia«, porque «contraviene» especialmente dos principios de la Constitución: todo el mundo tiene derecho a la educación y en igualdad de condiciones.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, informo en su día a favor de la ley al asegurar que no es inconstitucional ni invade competencias autonómicas.
