Como aspecto positivo del debate realizado hasta este momento, cabe destacar el rechazo, a propuesta de STES-intersindical, de la propuesta de la Comisión Permanente del Consejo que proponía pasar a considerar la educación como "servicio público y social", por lo que continuará considerándose únicamente "servicio público". En esta línea también se aprobó otra enmienda de STES-i en la que planteamos que en la futura ley se dé "un impulso decidido al sector público como eje vertebrador" de nuestro sistema educativo, y también hemos ganado la propuesta de que "todo el alumnado tiene derecho a poder asistir a un centro público" -derecho que no se puede ejercer en todo el Estado, por ejemplo en zonas de la Comunidad de Madrid-.
Aunque pueda parecer contradictorio, se han aprobado también numerosas enmiendas en las que se plantea avanzar en la privatización del sistema educativo al proponerse una mayor dotación de medios humanos y materiales a los centros privados concertados, lo que supone desvío de dinero público a la enseñanza privada. Como avance en la privatización citamos también la aprobación de los conciertos en FP y la dotación de servicios complementarios a todos los centros, propuestas aprobadas con votos a favor o abstenciones de sindicatos que dicen defender la enseñanza pública.
Se han aprobado propuestas de STES-i que pretenden evitar la reconversión de las plantillas de profesorado de Secundaria, y que reivindicaban una mayor presencia en la Educación Secundaria Obligatoria de las asignaturas de Música, Educación Plástica y Visual y Tecnología (en dos de los tres primeros cursos sin pérdida de carga horaria) y de Informática, que se impartirá, con carácter obligatorio, en uno de los tres primeros cursos y en 4º. Han sido rechazadas, sin embargo, nuestras enmiendas en la línea de que la Filosofía tuviera mayor presencia en el Bachillerato.
La representación de la Confederación de STES-intersindical seguirá defendiendo y votando todas las enmiendas que propongan mejoras del Anteproyecto de LOE en cuanto a la defensa de la escuela pública, a la mejora de la calidad de la enseñanza y a la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado de la enseñanza pública y privada.
