Una prohibición general del burka en Francia podría chocar con los derechos individuales y estrellarse en el marco jurídico del Consejo Constitucional, así como el del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esta es la advertencia lanzada por el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa del país, en el dictamen elaborado sobre la cuestión a petición del Gobierno.
El primer ministro, François Fillon, recibió ayer el informe que él mismo solicitó a principios de marzo para conocer las soluciones que permitan «alcanzar una prohibición del velo integral lo más amplia posible». La opinión del Consejo coincide con la emitida por la comisión parlamentaria, que abogaba por vetar el burka en los servicios públicos, pero no en la calle. Un nutrido grupo de diputados de la mayoría gubernamental defiende una prohibición total en el espacio público.
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