Se espera que el dictamen sobre la proposición de ley, impulsada por Ciudadanos, que regula los cuidados paliativos en el proceso final de la vida recabe los apoyos necesarios en la Comisión de Sanidad. Tras este proceso, pasará al Pleno.
La proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida encara su trámite definitivo en el Congreso. La Comisión de Sanidad acogerá el debate y votación del dictamen de una norma que, pese a la polémica con la que fue admitida a trámite, ha logrado un consenso suficiente para salir adelante.
Ciudadanos presentó esta proposición, conocida como ley de muerte digna, a finales de 2016, aunque no fue hasta marzo de 2017 cuando la Cámara Baja aceptó su tramitación con el apoyo de todos los partidos mayoritarios, las abstenciones de ERC y el PDECat, y el voto en contra del PNV (por una cuestión de conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades a la hora de aplicar la norma).
La ley va destinada a incrementar la autonomía y reforzar la toma de decisiones de aquellas personas que se encuentren en el proceso final de su vida, además de a regular los cuidados paliativos. Su contenido recoge y amplía derechos de los pacientes en esta situación e incorpora deberes de los profesionales sanitarios, y parte de su redacción recoge la necesidad de proporcionar la información necesaria a los pacientes para que puedan tomar decisiones.
Uno de los puntos más importantes de la norma es el reconocimiento del derecho de estas personas a “rechazar el tratamiento, intervención o procedimiento propuestos por los profesionales sanitarios, incluyendo las medidas de soporte vital, tras un proceso de información y decisión libre, voluntaria y consciente”. También podrán revocar “el consentimiento informado emitido respecto de una intervención concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida”.
Los pacientes tendrán el derecho a recibir la “información sanitaria necesaria” sobre su situación como paso previo a la toma de decisiones. De esta manera, las personas diagnosticadas de una enfermedad irreversible y progresiva “en las que se prevea la posibilidad de un desenlace fatal en un medio o largo plazo”, ven reconocido su derecho a ser informados “prontamente” sobre la posibilidad de realizar un testamento vital o a dar unas “últimas instrucciones”.
Sedación paliativa
La intención, recoge la norma, es que las decisiones de los pacientes sean tomadas “de forma reflexiva y con la anticipación suficiente”. La ley también contempla que las personas que, tras haber recibido de forma explícita el ofrecimiento de información asistencial por los profesionales sanitarios, rechacen “voluntaria y libremente” ser informados, podrán designar a una persona que acepte recibir la información y que tome las decisiones “en su representación”.
Sobre los cuidados paliativos, la ley de muerte digna contempla que “todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a una atención integral que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones, incluida la sedación paliativa si el dolor, o cualquier otro síntoma que produzca molestias severas, son refractarios al tratamiento específico, aunque ello implique un acortamiento de su vida”.
Además, si así lo desean y no está médicamente contraindicado, los pacientes podrán recibir los cuidados paliativos en su domicilio o en cualquier otro que designen. El dictamen de la ponencia de la norma logrará salir adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos, aunque, junto con el texto, también se debatirán aquellas enmiendas que no se hayan incorporado a la redacción.
Tras la votación de este martes, la ley pasará al Pleno del Congreso y, una vez ratificada, continuará su trámite parlamentario en el Senado, por lo que lo previsible es que la ley de muerte digna pueda ser una realidad a principios de 2019.
La regulación de los cuidados paliativos y el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones puede abrir la puerta a una de las modificaciones legislativas que ha causado más polémica en el ámbito de la Sanidad: la despenalización de la eutanasia. De hecho, el Congreso tramita en la actualidad una proposición de ley del PSOE que otorga a los pacientes este derecho en dos supuestos concretos: por enfermedad grave e incurable o por discapacidad grave crónica.
En octubre, la despenalización de la eutanasia superó un debate de totalidad en el Pleno del Congreso en un intento del PP por tumbar el texto de los socialistas. En la actualidad, el texto se encuentra en el plazo de enmiendas, y ya son casi una decena de veces las se ha solicitado ampliar este plazo, por lo que, de facto, su tramitación se encuentra bloqueada.
Con la aprobación de la ley de muerte digna, que previsiblemente recibirá el apoyo del PSOE, Ciudadanos puede optar por desbloquear la tramitación de la norma presentada por los socialistas. Aunque los de Rivera no se han mostrado abiertamente a favor de despenalizar la eutanasia, sí que están dispuestos a abrir el debate; eso sí, una vez se haya aprobado la regulación de los cuidados paliativos.
Desde Cs han explicado que los cuidados paliativos pueden suponer una alternativa entre la eutanasia y el dolor y sufrimiento que pueden provocar determinadas enfermedades o situaciones. Por eso, una vez que la ley de muerte digna sea una realidad, se muestran abiertos a debatir sobre las distintas opciones que los pacientes tienen ante el proceso final de su vida, incluida la eutanasia.
