El Congreso comienza a trabajar para tener listas en un plazo de seis meses las bases de una futura ley de Educación que sustituya a la Lomce. La Comisión de Educación ha aprobado –con 26 votos a favor y 11 abstenciones– la creación de la Subcomisión para la elaboración del Pacto Social y Político por la Educación con la abstención de Unidos Podemos. El texto respaldado es una propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos que ha sustituido a dos documentos presentados por los socialistas y la formación de Albert Rivera y que tendrá que someterse al pleno próximamente
Unidos Podemos ha optado por no votar a favor tras no aceptarse una enmienda al texto para eliminar la referencia a la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea. El grupo considera que enfocar el futuro acuerdo es un «marco no aceptado mayoritariamente por la comunidad educativa que nos marcan una educación mercantilizada».
PP, PSOE y Ciudadanos han reprochado su postura a Unidos Podemos, a quienes han acusado de querer monopolizar a la comunidad educativa. «La empatía con la comunidad educaativa no es monopolio de nadie. Este escrito no es un corsé. La referencia al programa 2020 no significa en modo alguno que el grupo socialista esté a favor de una dimensión mercantilizada de la educación, es un marco a partir del cual estamos obligados a pensar. No es una normativa que nos limite cualquier margen de maniobra», ha respondido el diputado socialista y portavoz Manuel Cruz.
Desde Ciudadanos, la portavoz Marta Martín ha afeado al grupo no «tratar de reivindicar una postura a última hora en lugar de estar negociando». Y en la misma línea se ha manifestado Sandra Moneo, representante del Grupo Popular: «Me habría gustado discutir la enmienda, que vamos a rechazar. Debatir las mismas horas que he discutido con PP, PSOE y Ciudadanos para llegar a un punto común […] No nos sentemos sobre un debate pueril y limitado».
Unidos Podemos ha pedido sin éxito su turno de réplica por alusiones y ha cuestionado la posición de la presidenta de la mesa. «No sé si quien ordena el debate es el PP», ha dicho el diputado Joan Mena. «En aplicación del reglamento, cualquier portavoz que se diriga a otro no está aludiendo», le ha respondido.
La creación de esta subcomisión será sometida a Pleno próximamente, el último paso antes de que empiece a trabajar en reuniones periódicas. El texto aprobado este jueves marca una hoja de ruta que prevé que en un plazo de seis meses esté listo un «informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones» que serán recogidas para la elaboración del futuro pacto.
Seis meses prorrogables
Los seis meses previstos podrán ser prorrogados si en ese periodo no están listas las bases de proyecto de ley que el Gobierno se encargará de elaborar después conforme a lo acordado en este grupo de trabajo. «Dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social», afirma la propuesta.
El acuerdo para ponerse a trabajar incluye también suspender los aspectos de la ley educativa que aún no están en vigor, es decir, los efectos académicos de las reválidas. Para ese mismo fin se aprobará próximamente, como avanzó el ministro, un real decreto del que Méndez de Vigo ya avanzó los cambios más importantes tras sellarlos con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del lunes.
El grupo de trabajo encargado de elaborar un pacto educativo solo estará compuesto por representantes de grupos políticos de forma permanente. El texto deja la puerta abierta a una presencia esporádica de «representantes de la comunidad educativa», «expertos nacionales e internacionales», «asociaciones y plataformas educativas» o «sindicatos», con derecho a participar como comparecientes cuando así lo soliciten los partidos.
