En 1985, el juez de la sala segunda del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal censuró el documental Rocío, dirigido por Fernando Ruiz Vergara en 1980, porque un entrevistado denunciaba en el filme, con nombre y apellido, a uno de los responsables de los asesinatos desatados en Almonte (Huelva) tras el golpe de 1936. La película, que trata sobre el contexto sociocultural de la romería de la Virgen del Rocío, sigue prohibida en España en su forma original. El Bloco de Esquerda de Portugal la emitió ayer en Lisboa sin censura alguna.
En el documental "aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos después del 18 de julio de 1936, en los que se escarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que en las guerras civiles, como lucha fraticida que son, dejan una estela o rastro sangriento (…) que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que las generaciones posteriores convivan de forma pacífica". Así justificó el juez la eliminación del testimonio del vecino de Almonte Pedro Gómez Clavijo cuando explica la participación de José María Reales en los asesinatos de 99 personas. La cinta fue la primera película secuestrada en la democracia y cuando la han emitido de madrugada Canal Sur y TVE, ha sido en la versión censurada.
Una sentencia del Supremo censuró el filme por recordar episodios de 1936
Ruiz Vergara, de 68 años, era en 1980 un joven valor del cine. Rocío fue elegida por el Ministerio de Cultura en 1981 para el Festival de Venecia junto con Opera Prima, de Fernando Trueba. "Fue muy traumático, se montó mucho follón y no quise saber nada más. Ya vivía en Portugal, pero no volví a hacer una película. Me tuve que inventar mi vida, como he hecho siempre", afirma el cineasta vía telefónica desde su residencia en Portugal.
"Es otra víctima del franquismo", reflexiona el historiador Francisco Espinosa. "El documental trató el Rocío con una mirada novedosa. Revolucionó a las hermandades y si se emitiera ahora, volvería a revolucionarlas, sin ninguna duda", añade. Rocío destapa la pervivencia del clasismo rociero, analiza la historia de la romería y la utilización que la derecha y la Iglesia hacen de los fenómenos sociales.
Tan agresiva resultó la cinta que la denuncia presentada el 23 de febrero de 1981, horas antes del Golpe llevó a prohibirla en los cines de Sevilla, Huelva y Cádiz. Se acusó al autor de "injurias graves, escarnio a la religión católica y ultraje público de las ceremonias en honor a la Virgen del Rocío". "Me resbalaban las críticas porque no sentía culpa alguna. Me acerqué a ese fenómeno sin prejuicios. Observé y describí su historia desde la época de los moros hasta ahora", recuerda el realizador.
Ruiz Vergara hizo sin pretenderlo el primer documental en España sobre la represión. Las entrevistas a los almonteños revelaron la conexión de las hermandades con el contexto político. Se detiene en la hermandad de Jerez de la Frontera, fundada en 1932 contra "los desacatos a la Virgen del Rocío cometidos por la II República". La retirada de una placa a la virgen en el Ayuntamiento de Almonte por orden del Gobierno republicano ofendió de forma especial a uno de los fundadores de la hermandad, el ex alcalde José María Reales.
El vecino cuyo testimonio se censuró acusa en la película original a Reales de lo siguiente: "Era el responsable de la banda de criminales (…). Y montado en un caballo con un porro los mata a palos". Ruiz Vergara ocultó el nombre de Reales y durante la entrevista colocó una foto del ex alcalde con los ojos tapados.
El director fue denunciado por "escarnio a la religión católica"
El juez admitió la querella de la familia de Reales (fallecido en 1980) y les dio la razón. El director fue obligado a pagar 25 millones de pesetas y a pasar tres meses en el calabozo. El juez impidió a 17 vecinos de Almonte declarar para corroborar la veracidad del testimonio.
Espinosa, especialista en la represión de Huelva, cree que el juez actuó para eliminar el testimonio oral: "Reales era un propietario muy popular y poderoso y estuvo implicado como ex alcalde en los disturbios de 1932, cuando sacaron al alcalde y los concejales del edificio por retirar la placa. Aquello acabó mal, se quedaron cuentas pendientes que influyeron en que la represión de 1936 acabara con cien personas".
El juez que redactó la sentencia que todavía hoy condena al cineasta señaló en 1976: "Cuando en España no había más que una política, muchos de nosotros [los jueces del Supremo] la hemos servido, incluso con entusiasmo". Ruiz Vergara también ofrece ahora su propia sentencia: "Han tardado en mostrarse como son, pero con lo de Garzón han mostrado lo que hay".
