Los centros catalanes no pueden tener normas que coarten el derecho primordial a la educación El Gobierno juzga necesario revisar los reglamentos internos, pero no prevé una normativa sobre el hiyab
Los reglamentos de los centros no pueden segregar a los alumnos. Este temor, tras el rechazo de dos institutos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a admitir en sus aulas a la estudiante Najwa Malha, de 16 años, por su intención de acudir a clase con hiyab, llevó a ayer al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a plantear la necesidad de revisar estas normas internas, de acuerdo con las comunidades autónomas. El objetivo es evitar que los reglamentos vulneren derechos fundamentales como el de la escolarización. Sin embargo, ni el ministro de Educación ni el de Justicia plantearon la elaboración de una norma o la revisión de la actual ley orgánica de educación (LOE), que otorga todos los poderes, sin matices ni excepciones, a los consejos escolares para decidir sobre la vestimenta de los alumnos.
«Se plantea un debate sobre la constitucionalidad del reglamento de régimen interno de los centros. No me gustan los colegios donde se va segregando ideológicamente a los alumnos», opinó el ministro de Educación. También pidió Gabilondo que «un debate tan serio como este no sea esgrimido sobre la cabeza de ningún escolar».
FUERA COARTADAS / El titular de Justicia, Francisco Caamaño, apoyó la propuesta. «Tenemos que compaginar el derecho a la educación con el derecho también fundamental a la libertad religiosa», dijo. «No es lo mismo llevar un velo que una gorra», defendió el ministro. Caamaño añadió que el tratamiento de «este tipo de conflictos siempre debe hacerse desde una ponderación equilibrada de los intereses en juego».
El Ministerio de Igualdad también cerró filas en contra de la decisión del instituto Camilo José Cela de impedir hace dos semanas el acceso a las aulas de Najwa con el pañuelo islámico y, después, del San Juan de la Cruz, propuesto como solución por la Consejería de Educación, pero que el lunes cambió su reglamento deprisa y corriendo para impedir la asistencia a clase con la cabeza cubierta. «El caso servirá para colocar los reglamentos de los centros en su justo lugar. No pueden ser utilizados como coartada para conculcar el derecho a la educación», subrayó Gabriel Alconchel, director general del Instituto de la Juventud.
La Generalitat coincidió con la opinión de Gabilondo. «La conselleria no revisa, uno a uno, los reglamentos internos de cada centro educativo –indicaron fuentes del Departament d’Educació–, pero en todo momento los equipos directivos saben que no pueden establecer normas que contravengan a otras superiores, como la de garantizar el derecho a la escolarización».
SOLUCIÓN EN CATALUNYA / Educació, por tanto, confirmó que no tiene previsto regular el uso del hiyab y advirtió, en consonancia con el ministro, del riesgo de que actuaciones como las de los dos institutos de Pozuelo deriven en la creación de facto de dos tipos de centros: los que permiten los pañuelos islámicos y los que no, una separación que desequilibraría el reparto igualitario de inmigrantes. El departamento que dirige Ernest Maragall recordó que en Catalunya solo se ha dado una situación similar a la de Najwa, en el 2007 en Girona, pero quedó solucionada con rapidez: se obligó al colegio a readmitir a una niña a la que se había impedido ir a clase con hiyab.
LA LOE COMO ESCUDO / La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, sostuvo que no se puede entrar en los reglamentos internos de los colegios y confió en que Najwa se incorpore pronto al instituto Gerardo Diego, donde se le ha asignado plaza. Ayer no fue a clase. Fuentes próximas a la chica apuntaron que espera a que se serenen los ánimos. Mientras, la familia prepara acciones judiciales contra la Consejería de Educación, piensa recurrir al Defensor del Pueblo y está dispuesta a llegar al Constitucional. «La norma común hoy es la LOE. Dice que los centros educativos tienen la potestad de elaborar reglamentos internos y normas de convivencia. Es la ley que estamos cumpliendo», se escudó Figar. Una ley orgánica que, el mundo al revés, se aprobó en el 2005 con los votos en contra solo del PP.
