El arzobispo de Pamplona siente que las leyes anunciadas por Zapatero pueden discriminar a los católicos

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, rechazó el propósito del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de gobernar con leyes laicas.

A su juicio, esta intención «no tiene fundamento teórico serio ni es verdaderamente progresista, sino que supone un retroceso a tesis y formas ya superadas». En una Carta desde la Fe, Sebastián deja caer que algunas leyes pueden discriminar a los católicos.
Respecto al anuncio de Zapatero de promulgar de leyes «progresistas, laicas y modernas», el arzobispo duda que sean progresistas y modernas. «Tan moderna es la bomba atómica como la Sociedad de Naciones», dice, y asegura que a los españoles les interesaría más que se promovieran «leyes inteligentes, prácticas, justas, capaces de favorecer verdaderamente el bien auténtico y general de los españoles».
Y sobre la laicidad, Sebastián afirma que el propósito de elaborar leyes que no incluyan ni referencias a Dios, ni a la ley divina, ni a la fe de ciudadanos o no tengan en cuenta las exigencias de la moral natural o los valores absolutos, «sería tanto como anunciarnos leyes
discriminatorias, que s e ajustan a la mentalidad de unos y no tienen en cuenta la mentalidad de otros, que favorecen a los que no creen en Dios e ignora a los que sí creen en Él y quieren vivir de acuerdo con su voluntad».
El arzobispo rechaza que los gobernantes quieran prescindir de cualquier influencia religiosa en las leyes y en la configuración de relaciones sociales.
«Quieren una España laica, en la que la religión sea, a lo más, una afición privada de algunos ciudadanos, tolerable sólo en la medida en que no pretenda aparecer ni ser tenida en cuenta en la vida pública, en las leyes, en la cultura, en los comportamientos, en los usos y costumbres, en los criterios morales y normativos de nuestras conductas», censura, y considera que tratar de impedir que los eclesiásticos influyan en la vida pública o en las convicciones religiosas «es tanto como amordazar las conciencias, destruir la fuerza
vital de la religiosas y de la fe».
Reclama que las leyes respondan al conjunto de la sociedad, «no a las opiniones particulares de los gobernantes» y critica que haya partidos que quieran tratar a las personas religiosas como agnósticos o convencerles de su ateísmo.
«Si en España hay 30 millones de ciudadanos que creen en Dios, ¿es justo que a la hora de legislar no tengan en cuenta nuestras creencias y sí tengan en cuenta únicamente las creencias de los demás? Eso no es gobernar para el bien de todos», indica.
Para el arzobispo, no se puede actuar como si la fe religiosa no existiese ni intentar recluirla a la vida privada «sin mutilar la vida real de los ciudadanos, sin perturbar el patrimonio cultural de la sociedad, sin traspasar los límites y las atribuciones de una autoridad justa y justamente ejercida». Así, pide a los legisladores que respeten
«un orden moral objetivo, inscrito en la naturaleza del hombre y formulado suficientemente por la recta razón a lo largo de la historia».
Sebastián asegura que los parlamentarios «no son creadores del bien» y no puede legislar «como les convenga si quieren ser justos». «Sin el respeto al orden moral objetivo la mejor democracia degenera en tiranía», sostiene.
Para concluir, Sebastián afirma que «la mentalidad laicista no tiene legitimación ni teórica ni práctica», puesto que la existencia de Jesucristo «tiene tanto fundamento como la opinión contraria».
Y asegura que «un gobierno que quiera ser justo con todos los ciudadanos no puede identificarse con ninguna de las dos partes». «La confesionalidad religiosa y católica no puede ser sustituida por la confesionalidad contraria de la militancia atea», puesto que el progreso es «adoptar el cambio de la no confesionalidad como neutralidad positiva del gobierno en materia religiosa».
«¿Es que el gobierno laicista puede imponernos su permisivismo moral, es que van a ser los grupos de presión los que determinen las actuaciones del Parlamento?», dice este arzobispo, que reclama al gobierno que proteja y fomente la libertad religiosa, puesto que forma parte del bien común.
Al respecto, se pregunta que si el deporte, el teatro o el cine se financian con dinero público, por qué se discuten las ayudas a las actividades religiosas. También se pregunta por qué hay que excluir la enseñanza de religión en los centros públicos o por qué prohibir signos religiosos en los mismos.

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