El recibo, de 6.900 euros, responde al proyecto previo de obra que Ferconsa ha realizado en un edificio de la Curia en Libreros
El Arzobispado granadino tiene una factura pendiente de casi 7.000 euros con el Ayuntamiento de Granada. Una factura que nace de la desestimación del recurso de reposición que interpuso ante la liquidación del proyecto y estudio previo de obras que Ferconsa tuvo que realizar en el edificio propiedad de la Curia, situado en la calle Libreros. La Gerencia y, en su momento un juzgado, le ha negado toda opción y, en principio, tendrá que abonar la cantidad fijada.
La historia del edificio de Libreros es larga y parte de un aparente 'abandono' por parte del Arzobispado. Lejos de la intención que la Curia tenía de instalar una serie de oficinas en el inmueble del siglo XVI, su estado ha ido deteriorándose con el paso del tiempo sin que la Iglesia tomara cartas en el asunto. Finalmente, Ferconsa, adjudicataria del sistema de ejecución subsidiaria del Ayuntamiento de Granada, ha tenido que realizar un estudio y un proyecto previo a las obras de mantenimiento del edificio debido a la inoperatividad del Arzobispado. Un trabajo por el que el Ayuntamiento reclama los 6.971,25 euros.
La Gerencia de Urbanismo insiste en que no es la primera vez que reclaman al Arzobispado que actúe en el inmueble, situado frente a la puerta del Sagrario. Fuentes de Urbanismo recuerdan que ya en 2006 tuvieron que incoar un expediente de venta forzosa del edificio. La fachada se encuentra desde hace años cubierta de andamios pero no se ha trabajado nunca en su rehabilitación. En esas fechas, el Ayuntamiento advirtió a la propiedad la necesidad de intervenir en el local, pero nunca se obtuvo respuesta positiva. Meses después, concretamente en abril de 2006, fue un juez del juzgado Contencioso-Administrativo 3 el que instaba al Arzobispado a arreglarlo. Básicamente le obligaba a llevar a cabo las obras de consolidación para evitar cualquier riesgo. Desde la Gerencia se recuerda que el edificio se encuentra en pleno centro de Granada, junto a la Catedral y a uno de los accesos de entrada a la Alcaicería, que en breve también será remodelado.
La negativa del Arzobispado de hacerse cargo de este inmueble le llevó, incluso, a solicitar al Ayuntamiento su declaración de ruina legal, un hecho que fue rechazado tanto por la Gerencia como por el Instituto Municipal de Rehabilitación. Fue precisamente porque la Gerencia manifestó que "no se encontraba en situación de ruina legal", por lo que ordenó la realización de "determinadas obras de conservación".
Su valoración fue apoyada por el Instituto Municipal de Rehabilitación que también ordenó la ejecución de las obras señaladas para que el edificio "alcance las condiciones exigibles de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación así como para mantener o recuperar las condiciones de habilibilidad o de uso efectivo".
Los hechos apuntan que por mucha resistencia que interponga el Arzobispado tendrá que rascarse el bolsillo y pagar.
