“Veo la petición desproporcionada y que responde a una absoluta falta de pruebas si es que la jurisdicción penal no es capaz por sí misma de acreditar un hecho”. Son las contundentes manifestaciones que ayer hizo el abogado Javier Muriel, que ejerce la defensa de los principales imputados en el caso Romanones, ante el último requerimiento realizado por el juez Antonio Moreno al Arzobispado de Granada. En él, el magistrado insta a la institución a que le remita toda la documentación que pidió hace semanas relacionada con la decena de sacerdotes presuntamente implicados en esta causa.
El letrado manifestó además a este diario que “es la primera vez en la historia judicial española que se reclama información que está bajo secreto pontificio”, al tiempo que recordó que “el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre abusos sexuales a menores no es jurídicamente vinculante”, algo que el magistrado instructor del caso, según dijo, “ya sabe”. “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”, añadió Muriel.
Por su parte, fuentes del Arzobispado de Granada aseguraron a Europa Press que sigue manteniendo su “colaboración” con la justicia en este caso, en el que el instructor trata de esclarecer si el padre Román M.V.C., otros nueve sacerdotes de la diócesis de Granada y dos seglares pudieron cometer, por acción o por omisión, actos delictivos contra la libertad sexual de dos jóvenes siendo menores de edad.Las fuentes de la Diócesis, que no entraron a valorar en la última resolución del juez, se remitieron a otros pronunciamientos anteriores de este asunto, de respeto a las decisiones de la justicia, de colaboración y de “tolerancia cero” a los abusos sexuales y a quienes los cometen.
Todas estas reacciones se producen después de que el magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 4, señalara en una providencia emitida el 7 de mayo, que el Arzobispado de Granada ha omitido en la información facilitada hasta ahora “las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión” de los acusados, conminándole a que entregue todo de lo que dispone.
Como publicó en su día este diario, en otra providencia anterior, fechada el 1 de marzo, a la que tuvo acceso este diario, el juez Moreno requirió información al Arzobispado sobre si existían “quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo” respecto de los diez sacerdotes denunciados desde que fueron ordenados sacerdotes: del padre Román M.V.C., y de F.J.C.M.; M.M.M., M.J.J., M.Q.M., J.C.M.M, A.M.M., J.J.N.G, J.G.F.F. y V.R. R. El magistrado también ordenó que se librara comisión Rogatoria a la Santa Sede para que por la Congregación para la Doctrina de la Fe se remitiese al juzgado “copia autentificada íntegra de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados” en el caso Romanones, y tanto de lo que constase en sus archivos o que hubieran sido enviadas por el Arzobispado de Granada. El instructor reclamó además a la Conferencia Episcopal Española “copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales.
En este caso, en el que fueron detenidos el padre Román M.V.C, otros dos sacerdotes y un seglar (profesor de Religión) a finales de noviembre, hay una acusación particular y otra popular. La primera la ejerce el joven bautizado con el nombre ficticio de ‘Daniel’, que destapó el caso enviando una carta al Papa. La segunda la lleva a cabo la Asociación Prodeni.
El instructor, al igual que el fiscal del caso, entendió prescritos todos los hechos salvo los abusos sexuales más graves narrados por ‘Daniel’, los cuales atribuía directamente al padre Román, que está considerado el principal imputado. La decisión fue recurrida por las acusaciones particular y popular.
