A primeros de noviembre de 1872, el periódico local La Idea expresaba su profundo disgusto por el acuerdo del Ayuntamiento de dedicar cierta cantidad para la celebración de la festividad cívico-religiosa en conmemoración de la toma de Granada. Reconocía el periódico la oportunidad de la fiesta “una de las más grandes de nuestra historia”. Consagrada, sin embargo, en la Constitución la libertad religiosa, el Estado y las corporaciones oficiales no podían intervenir en la Iglesia. Importaba poco que la mayoría de la nación profesase una religión, pues la libertad religiosa es un derecho individual y no depende del criterio de las mayorías sino que está sobre ellas como anterior y superior a toda ley escrita. De modo que si una corporación pública protegía a cualquier religión, faltaba a la Constitución y conculcaba y ofendía el derecho de los que profesaban otra confesión religiosa. Terminaba exclamando: “¡Un Ayuntamiento republicano costeando fiestas religiosas!”.
Un mes más tarde, en el último pleno del año, hubo una acalorada discusión a propósito de la tradicional función cívico-religiosa. El concejal Juan Olalla, basándose en el credo republicano y en la libertad de cultos, propuso que la corporación no asistiese el día 2 de enero a la Catedral y que sólo, como era costumbre, se enarbolase el pendón de Castilla en el balcón principal de la Casa Consistorial, tocando la banda militar. Joaquín Alonso Pineda, que deseaba asistir como alcalde a la procesión, impugnó la proposición, alegando que, de no cumplirse las costumbres de la festividad, parecería que el Ayuntamiento se colocaba en abierta oposición de tan “glorioso hecho y sobre todo, atacaba a los sentimientos religiosos” de los granadinos, y que habiendo acordado la Corporación que solemnizase como siempre con la función cívico-religiosa, de no asistir a la Catedral, de una manera tácita, se dejaba sin efecto la resolución adoptada. En votación nominal, el Ayuntamiento acordó no asistir como corporación a la función religiosa de la Catedral.
Fue, que sepamos, la primera vez que, en la festividad del 2 de enero, los actos religiosos y los civiles fueron independientes. El hecho fue muy discutido. El Cabildo Municipal nada tenía que hacer como tal corporación en la catedral, decía La Idea. Los periódicos La Lealtad y El Conservador, sin embargo, criticaron el acuerdo del Ayuntamiento.
El alcalde solicitó y obtuvo una licencia “para descansar y restablecer su salud”, pero en abril dimitió definitivamente. El Ayuntamiento granadino era por estas fechas muy conflictivo. Había sido suspendido y repuesto en agosto de 1872. El alcalde estaba en minoría, pero los concejales no podían legalmente retirarle los poderes. Ya en la elección sólo contó con 17 votos de los 38 concejales. Sus enemigos lo juzgaban “buen corregidor, pero mal alcalde popular”.
Joaquín Alonso Pineda procedía de una familia humilde, por lo que no pudo estudiar y tuvo que aprender un oficio. Por sorteo, le tocó hacer el servicio militar. Hombre emprendedor, se dedicó al negocio de vinos consiguiendo acumular una pequeña fortuna. Fue redactor de La Idea (1869-1873), que dirigió Melchor Almagro, y colaborador de La Tribuna (1881-1883), periódicos republicanos y afines a la masonería. Fue nombrado concejal ya en 1869, pero dimitió por las arbitrariedades y abusos y por no tener vinculación popular. En enero de 1872 fue el primer alcalde republicano de Granada. Ya en la Restauración, como republicano independiente, formó parte del Ayuntamiento hasta su muerte acaecida en diciembre de 1894. Estuvo preocupado por la situación socioeconómica de las clases populares, contrario a los impuestos indirectos y defensor de la moralidad pública. Atento siempre al ornato de Granada, redactó una memoria sobre la cubierta del Darro.
Olalla Núñez y Alonso Pineda estuvieron afiliados a la masonería; afiliado el primero es a la logia Lux in excelsis, y el segundo, a la Alianza de 1817. Ambos fueron republicanos y defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, aunque Olalla era más radical en sus planteamientos.
Quizás recordar ahora hechos de hace más de 13 décadas contribuya a la ceremonia de la confusión en que se ha convertido la conmemoración de la toma. Debería, no obstante, diferenciarse entre respetables creencias religiosas personales y actuaciones públicas oficiales.
